Nacional

“es plenamente aplicable la prescripción por disponerlo el artículo 2497 del Código Civil y porque lo contrario significaría introducir incertidumbre sobre el patrimonio y derechos de las personas como sucesores en el dominio”.

“en lo que respecta a la condena en costas a la que fuera sentenciado el recurrente cabe recordar, como reiteradamente lo ha señalado esta Corte, que dicha carga constituye un pronunciamiento distinto de aquel que resuelve el objeto principal del juicio”

“la existencia de situaciones como la denunciada, debe ser analizada en las instancias judiciales pertinentes o mediante la instrucción de un procedimiento sumarial”.

“debe haber un mayor incentivo en la creación de Pymes en nuestro país”, por tanto se requiere “más que hablar sólo de una Reforma Tributaria, es necesario que se amplíen los incentivos para la ampliación de empresas en nuestro país”.

el convenio suscrito entre las partes no obligaba a la recurrida en los términos formulados por la actora, sino únicamente en cuanto a conferir a ésta la “…la dirección, supervisión e implementación de recursos materiales y humanos”, en los lugares convenidos.

La gestión pendiente invocada incide en una acción de tutela de derechos fundamentales seguida ante el 2° Juzgado Laboral de Santiago.La Segunda Sala del TC declaró admisible el requerimiento de inaplicabilidad, por cuanto los antecedentes examinados permiten concluir que se dio cumplimiento a los requisitos exigidos por el artículo 93, inciso decimoprimero, de la Constitución…

“El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las aguas continentales de la Nación sin perjuicio de poder, mediante los títulos que franquea la ley, reconocer o conceder su uso y aprovechamiento a particulares.

“no se ha podido acreditar que el uso por parte de Carabineros de Chile del gas CS al tratar de restablecer el orden público, sea atentatorio contra la vida o seguridad física de las personas , así como tampoco se acreditó que el día 29 de Septiembre de 2011 en Valdivia, se haya visto afectado directamente el recurrente o persona alguna en términos de haberse conculcado alguna garantía constitucional que deba ser reparada por esta vía, habiendo sufrido algunos manifestantes las molestias propias en ojos y sistema respiratorio que provoca la referida substancia química, por lo que en definitiva

“constituye el ejercicio de la acción por parte del afectado por la sanción y por ende los acontecimientos posteriores no mutan la observancia de los requisitos en la época en que éstos debieron cumplirse”.

los aludidos cargos habrían sido creados por la Ley N° 19.820, pero lo cierto es que esa ley no guarda relación alguna con los mismos, pues en nada se refiere a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Chile, dado que lo que regula es la modificación de la dependencia del Liceo Experimental Manuel de Salas de esa casa de estudios.

Se dedujo una serie de requerimientos mediante los cuales se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el inciso primero del artículo 70 del Código de Minería y el inciso segundo del artículo 2° de la ley N°19.573, interpretativo del primero. Las gestiones pendientes invocadas inciden en sendos recursos de apelación pendientes de resolución por parte de…

“la facultad soberana de los magistrados del fondo en la apreciación de las probanzas, no sólo comprende la que se practique respecto de cada una de ellas singularmente consideradas, sino que se extiende, además, a la valoración comparativa entre los diversos medios, de acuerdo con lo que dispone el artículo 428 del Código de Procedimiento Civil, según el cual entre dos o más pruebas contradictorias y, a falta de ley que resuelva el conflicto, los tribunales preferirán las que crean más conformes a la verdad”.

“Escuela Hospitalaria Conile cuenta con aulas de hospital en todos los servicios de atención pediátrica y con aulas cerca del hospital, donde asisten los alumnos en tratamiento ambulatorio, además atiende algunos alumnos hospitalizados en sus domicilios, como es el caso del hijo de la recurrente”

estimaron que la eventual declaración de inaplicabilidad solicitada por las requirentes no puede tener el efecto que se le atribuye en el libelo, consistente en la eliminación de los topes del monto del subsidio, motivo por el cual concurre, en la especie, la causal de inadmisibilidad del numeral 5 del artículo 84 de la LOCTC, al no resultar decisiva la aplicación del precepto cuya aplicación se impugna.

“a las Municipalidades la administración de los bienes nacionales de uso público conforme al artículo 5º de la Ley Orgánica Constitucional que las regula y dentro de esta administración se pueden otorgar concesiones y permisos de ocupación de dichos bienes”.

"nuestra legislación establece un mecanismo de resguardo cuando menores de edad viajan fuera de nuestras fronteras sea solos o en compañía de uno de sus padres o un tercero, lo que no es exigible tratándose de un traslado de menores fuera de los límites de las regiones."

Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el artículo 2331 del Código Civil. El precepto legal establece que: "Las imputaciones injuriosas contra el honor o el crédito de una persona no dan derecho para demandar una indemnización pecuniaria, a menos de probarse daño emergente o lucro cesante, que pueda apreciarse en dinero; pero ni aun entonces…

Se comparte, además, la cuantificación del daño moral propio experimentado por las actoras de autos, al ver el padecimiento de su padre

“establecer un valor límite de la inembargabilidad, razonable, en consideración al valor promedio de las viviendas sociales”, dato que aclaran “surgirá de los antecedentes que nos aporte el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, y que para efectos meramente referenciales”

“al momento de practicarse la inscripción del recién nacido, con los antecedentes señalados en el artículo 120 bis del Código Sanitario, el Servicio de Registro Civil procederá simultáneamente a extender la cédula de identidad correspondiente al recién inscrito”.

Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el inciso 1° del artículo 247 del Código Procesal Penal.El precepto legal impugnado dispone, en lo impugnado, lo siguiente: "Plazo para el cierre de la investigación. Transcurrido el plazo de dos desde años desde la fecha en que la investigación hubiere sido formalizada, el fiscal deberá proceder a cerrarla".La…

La Corte Suprema rechazó el arbitrio procesal para lo cual razonó que el Servicio de Impuestos Internos dispondrá de un plazo de tres años para revisar, liquidar y reliquidar los tributos respectivos. Por otra parte, en relación a la acción de cobro de impuestos, los plazos de prescripción corren en forma paralela y tienen la misma extensión que los señalados anteriormente.

De acuerdo a lo establecido por el máximo tribunal no puede estimarse que la invalidación de esos nombramientos infrinja un aparente derecho de propiedad que los actores tendrían sobre sus cargos, ni aun la estabilidad en el ejercicio de los mismos.

“conforme a la prueba rendida, apreciada ésta conforme a las normas de la sana crítica, se encuentra acreditada la existencia del daño ambiental denunciado por la demandante”, consistente en “el socavamiento de la ribera izquierda del río en el sector Paraguay y la erosión de la misma que afectó a los predios ribereños en desmedro del hábitat natural con sectores de agua estancada”, daño que es imputable a la infracción por parte de la demandada a las normas medioambientales.

“la aseveración efectuada por los jueces de la instancia acerca de la falta de interés de la demandante, se ajusta a derecho, lo que conduce a estimar que carece de legitimación activa para demandar”.

“evidente la carencia de horas para que los trabajadores realicen trámites particulares en nuestro país”, sobre todo si se considera que “el horario de oficina impone la necesidad de que los trabajadores soliciten permiso a sus superiores para ausentarse del lugar de trabajo quedando totalmente al arbitrio de los citados el destino de la petición”.

“el hecho de que un organismo del Estado, sin aprobación previa de los que se inscriben, publique o transfiera los datos personales”

“en esta situación de reproducción de obras musicales no puede prescindirse de que lo normal es que las creaciones de esta clase estén incluidas en el repertorio de la actora”

“datos estadísticos que, por lo demás, no revelan ni permiten inferir por sí solos el número total de bombas lacrimógenas anteriormente adquiridas por dicha institución –y aún no hayan sido utilizadas– ni otros elementos necesarios para su adecuado empleo y conservación”

debe rechazarse el alegato del municipio en cuanto a que la peticionaria es empleada de una empresa transnacional, que ofrece y vende un informe de coyuntura inmobiliaria, conforme al principio de la no discriminación que consagra el artículo 11 g) de la Ley de Transparencia.