Nacional

“entregar y dejar a disposición de otros países y de la sociedad civil la experiencia de la organización en la puesta en marcha de la ley”

"No habiéndose producido una contravención que diga relación con el derecho de propiedad de que es titular el recurrente, desde que el informe y el decreto impugnados se han emitido de acuerdo a las disposiciones que regulan la materia".

“No es posible para este tribunal determinar la existencia de un acto ilegal o arbitrario que conculque o vulnere alguno de los derechos protegidos por la Constitución a través del recurso de protección, ninguno de los cuales ha sido invocado por el actor”, agregando que la verificación de riesgo comercial es una práctica habitual “no sancionada por el derecho”.

“actos ilegales ni arbitrarios, pues no se ha violado norma alguna del ordenamiento jurídico al citar la junta en un domicilio ajeno al señalado en los estatutos, ni se ha actuado sin razón o por mero capricho en la especie, toda vez que es justificado pretender realizar una junta de accionistas en el preciso lugar donde la sociedad recurrida ejerce y explota su único giro comercial”

“La alegación de fondo del recurso –hubo incumplimiento contractual de la reclamada- carece de hechos que le sirvan de sustento, los que en razón de la naturaleza de este recurso no podrán ser establecidos por este tribunal, toda vez que no se ha denunciado ninguna infracción de las leyes reguladoras de la prueba”.

el precepto legal contraría el derecho de acceso a la justicia, toda vez que la concesionaria debe pagar el monto de la compensación para ejercer acciones judiciales, sin haber discutido en forma previa la procedencia del derecho al pago de la compensación; y el debido proceso, ya que no se garantizan ni la previa audiencia ni la presunción de inocencia del presunto responsable.

se tiene presente lo resuelto por el Tribunal Constitucional en el proceso Rol Nº 1852, en el cual declaró la inaplicabilidad de una norma de similares características, contenida en el artículo 26 bis del Código del Trabajo, estimando que la aplicación de la norma cuestionada podría vulnerar las garantías constitucionales de la parte demandante, en específico, la igualdad ante la ley, la libertad de trabajo y la justa retribución.

“profundizar en el sistema democrático a nivel regional, generando un importante recambio en los liderazgos a través de la elección directa de los consejos regionales más empoderados y una ciudadanía que va a estar más cerca de sus representantes populares”.

al actual sistema electoral binominal, se le han formulado una serie de críticas, entre ellas destacan que “sólo favorecería a las grandes coaliciones, excluyendo y dejando sin representación a las minorías”, lo que “no resulta un reflejo fiel de la voluntad popular”.

la Convención Internacional sobre Derechos del Niño, vigente en Chile dese 1990, así como otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos que se refieren en específico a la situación de la infancia, plantean la “necesidad de proporcionar al niño una protección especial”, que vaya más allá del reconocimiento genérico de derechos fundamentales.

propone la aprobación de dos enmiendas al Estatuto de Roma, vigente desde septiembre del año 2009 en nuestro país. Las enmiendas que fueron adoptadas el pasado 10 de junio de 2010, en Uganda, en la Conferencia de Revisión del Estatuto de Romal.

no se vulnera el Estado Unitario, toda vez que éste –y recurriendo a los autores Verdugo, Pfeffer y Nogueira– “significa reconocer que el Estado chileno tiene un solo centro de impulsión política, que está dado por los órganos del gobierno central; sólo el Gobierno y el Congreso desarrollan la función legislativa, no hay ningún otro organismo que tenga competencia legislativa”.

la Encuesta Nacional de la Basura en las Playas, se ha concluido que la basura de las playas de Chile está compuesta en su mayoría por materiales plásticos que provienen principalmente de fuentes locales.

en materia extracontractual los padres tienen una posición de garantes respecto de sus hijos, por los actos dañinos cometidos por estos.

"cualquier nueva función o tarea que se le asigne a los municipios deberá contemplar el financiamiento respectivo".

En su presentación, el juez requirente señala que la aplicación de la norma cuestionada podría vulnerar las garantías constitucionales de la parte demandante, en específico la de la igualdad ante la ley, en tanto se establece una diferencia de trato para quién percibe pensiones por accidentes del trabajo, en función de si se encuentra o no afiliado a una AFP.

El actor estima que de aplicarse la preceptiva impugnada se vulneran sus garantías constitucionales, en específico las de la igualdad ante la ley, las del derecho de propiedad, toda vez que su inscripción se encontraría cancelada por el solo ministerio de la ley al amparo de dichas normas.

El requirente estima que la aplicación de la preceptiva impugnada se vulnera garantías constitucionales, en específico las de la igualdad ante la ley, además del artículo quinto de la Carta Fundamental, en relación al derecho a la identidad asegurado en la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención de Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la medida que se restringe sólo a los casos del artículo 206 la posibilidad de demandar a los herederos.

“las enfermedades preexistentes, tabla de factores y discriminación de las mujeres en edad fértil y adultos mayores, provocando el aumento de los planes respectivamente”.

“deben actuar con estricta sujeción a los derechos y garantías de las persona, tanto de aquellas que son objeto del actuar policial por encontrarse perpetrando hechos ilícitos, cuanto –y con mayor razón- respecto de terceros ajenos a los hechos; obligación que resulta más perentoria si se trata de niños –además de etnia mapuche-, como acontece en la especie; especialmente si las actuaciones en contra de las mujeres aludidas se hicieron en presencia de sus hijos, con lo cual naturalmente se produce a éstos una afectación o daño de carácter psíquico”.

se acogieron más de 20 indicaciones al proyecto, entre los cuales se modificaba el nombre de la iniciativa sobre “Ingreso Ético Familiar” por el de “Programas Social para las Familiar en Situación de Pobreza y Vulnerables”.

se acordó solicitar al Ministro del Interior, y a los órganos correspondientes, un “informe pormenorizado de las 142 mil órdenes de aprensión y detención vigentes”.

“El artículo 61 del D.F.L. 1 de Hacienda de 1993 que acorde con el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia debe entenderse como ley de quórum calificado. Esta norma señala que: “los profesionales y funcionarios que se desempeñan en el Consejo de Defensa del Estado cualquiera sea la naturaleza de su designación o contratación, estarán obligados a mantener reserva sobre los trámites, documentos, diligencias e instrucciones relacionados con los procesos o asuntos en que intervenga el Servicio siéndoles aplicables las disposiciones del artículo 247 del Código Penal”.

En su presentación, el juez requirente tiene presente lo resuelto por el Tribunal Constitucional en el proceso Rol Nº 1852, en el cual declaró la inaplicabilidad de una norma de similares características, contenida en el artículo 26 bis del Código del Trabajo, estimando que la aplicación de la norma cuestionada podría vulnerar las garantías constitucionales de la parte demandante, en específico, la igualdad ante la ley, la libertad de trabajo y la justa retribución.

es necesario fortalecer al Consejo Regional, otorgándole “capacidad de participación, normativa y fiscalización”

todas las situaciones presentadas a partir del 30 de julio del año 2010 deberán adecuarse a las normas de la Ley N°20.499 en el plazo de un año contado desde la entrada en vigencia de esta ley.

“hay una profunda hipocresía de la clase política chilena, porque aquellos que voten en contra de la idea de legislar, estarán negando el derecho de que los chilenos puedan presenciar un debate sobre este tema de gran interés público y ciudadano”

El tribunal requirente estimaba que la aplicación del precepto impugnado afecta las garantías constitucionales de las partes de la gestión, en específico la de la igualdad ante la ley, al establecer cargas probatorias más gravosas para los matrimonios contraídos con posterioridad a la vigencia de la precitada ley.

El actor estima que de aplicarse la preceptiva impugnada se violan la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, el derecho a la igual protección en el ejercicio de los derechos y las garantías del derecho de propiedad, al permitirse un quebrantamiento de la normativa sobre administración del convenio concursal y al desconocerse la prelación de créditos.

“denuncia obligatoria” la cual recae en aquellos encargados de organismos públicos o privados relacionadas con el cuidado y atención de personas adultas mayores, cuando “existiese cualquier sospecha razonable de abuso, maltrato o abandono cometido contra estas”.