Nacional

....nuestro país “se ha visto sacudido por un escándalo financiero en el cual está envuelta la cuarta empresa de retail más importante”, la que mediante “procedimientos al parecer ilegales, repactaba de manera unilateral las deudas de sus clientes, aumentando dichas deudas en hasta 7 veces la deuda original” y ante el no pago enviaban los antecedentes de estas personas a Dicom o a bancos de datos personales.

Observa que la regla general -según lo establece el artículo 9 del Código Civil- es la irretroactividad de las leyes y que la excepción la constituye el artículo 24 de la Ley sobre Efecto Retroactivo de las Leyes, “el que se refiere que las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir”.

El quórum de aprobación del plebiscito será la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos y una ley orgánica constitucional, regulará el procedimiento y sus efectos vinculantes.

El fallo concluye que “el procedimiento adoptado respecto de la detención del H. Diputado, no se ajustó a las normas constitucionales, ni legales, lo que provocó que el parlamentario haya permanecido ilegalmente privado de libertad”.

Estima de que de aplicársele la norma impugnada se vulnera –entre otras disposiciones- la igualdad ante la ley y el debido proceso, como también la Convención Internacional sobre los derechos del Niño.

“la evidencia nos muestra un lucro creciente” -a pesar que la legislación lo prohíbe- a través de “artilugios” y practicas ilegítimas, como por ejemplo, las llamadas sociedades “espejo”, mediante las cuales se “obtienen importantes ganancias para sus inversionistas, impactando fuertemente en la vida de los estudiantes a quienes se les imponen costosos aranceles, complejas condiciones crediticias e importantes niveles de endeudamiento”.

La parte recurrente califica de ilegal dicha actuación por cuanto en el proceso se había decretado una medida precautoria de prohibición de celebrar actos y contratos respecto de un vehículo, debiendo disponerse previamente la realización de dicho bien.

ella “prestó su consentimiento en orden a cumplir con los severos requerimientos físicos que le iban a ser exigidos en su etapa de adiestramiento”, lo que no permite su permanencia en el curso, “pues un estado de gravidez torna imposible aprobar un curso de tales exigencias curriculares”.

El recurrente adujo que el tribunal de alzada debió conceder la apelación interpuesta, por tratarse de una sentencia interlocutoria y, en consecuencia, susceptible del recurso de apelación de conformidad a lo dispuesto en el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil.

El Senado aprobó –con 31 votos a favor- la idea de legislar contenida en el proyecto de ley que modifica la Ley N° 18.216, que establece medidas de cumplimiento alternativo a las penas privativas o restrictivas de libertad, y que autoriza el uso del "brazalete electrónico". Las penas sustitutivas que la iniciativa regula son la…

El TC admitió a trámite un requerimiento de inaplicabilidad que impugna el inciso segundo del artículo 115 del Código Procesal Penal, que dispone: "La resolución que admitiere a tramitación la querella será inapelable". La gestión pendiente invocada incide en un juicio criminal seguido ante el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, el que dictó…

el “principio general” contemplado en la Carta Fundamental y en la ley, tiene excepciones, siendo una de ellas “cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económicos”.

La Corte Suprema desestimó un recurso de queja interpuesto por un particular en contra de una sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago que hizo lugar a un reclamo de ilegalidad que se dedujo respecto de una decisión del CPLT que le ordenó al Servicio de Impuestos Internos entregar al peticionario información relativa…

"....pese a que el carácter no autoejecutable de alguna de las normas impugnadas resulta inequívoco, le asiste la convicción que la obligación que ellas imponen de desarrollar sus enunciados normativos a través de disposiciones legislativas o administrativas internas, se hace aconsejable igualmente revisar los fundamentos constitucionales de las mismas".

Lo anterior por cuanto el requerimiento no impugna precepto legal alguno, sino que cuestiona el actuar del sentenciador, en este caso, la Corte de Apelaciones de Valparaíso, pidiéndose que se declare inconstitucional el fallo de dicho Tribunal que rechazó el recurso de protección deducido por el actor.

La gestión pendiente invocada incide en una causa sobre delito de otorgamiento de contrato simulado seguida ante un Juzgado de Garantía de Santiago, en que el requirente actúa en calidad de querellante por sí y como representante legal de una sociedad comercial.

El próximo 28 de julio será la vista de la causa en requerimiento de inaplicabilidad que promovió la Corte de Apelaciones de Santiago mediante el cual se solicita pronunciamiento sobre la constitucionalidad del artículo 102 del Código Civil, que sólo permite el matrimonio heterosexual. Esta disposición señala que “El matrimonio es un contrato solemne por el…

En su fallo, el tribunal de alzada razona que el artículo 8° de la Constitución, no obstante consagrar el principio de la publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado, establece la posibilidad que, en virtud de una ley de quórum calificado, pueda limitarse éste principio, cuando la publicidad afecte el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.

Con la exposición del médico Marcelo Muñoz, Coordinador de Bioética de la Escuela de Medicina de la Universidad Diego Portales y Miembro de la Comisión de Ética de la Clínica Las Condes, el Departamento de Evaluación de la Ley de la Cámara de Diputados, se reunió para continuar con el análisis de la Ley N°…

Observa luego que en la actualidad “los accidentes y daños a la propiedad pública y privada generados a partir de la conducción de vehículos en estado de ebriedad, genera perniciosos efectos para quienes los sufren”, siendo necesario “paliar esta situación de un modo efectivo”.

Observa luego que en el precitado cuerpo legal se establece “una limitación expresa al mencionado derecho cuando se trata de contratos celebrados mediante medios electrónicos u ofertas hechas a distancia”, lo que califican de injusto y arbitrario, porque afecta solo a un sector de los consumidores.

La iniciativa también observó que producto de la pronta implementación del “nuevo sistema de inscripción automática y voto voluntario”, es necesario tomar medidas para que la abstención no aumente “significativamente en el caso de una elección en Enero”.

El TC admitió a trámite requerimiento de inaplicabilidad promovido por el Juez de Policía Local de María Pinto con el objeto de que la Magistratura Constitucional se pronuncie sobre los eventuales efectos contrarios a la Constitución que pudieran derivarse de los artículos 207, letra b), de la Ley Nº 18.290, del Tránsito; y de los…

De aplicársele la norma legal impugnada, expone la requirente, se vulnerará su derecho de propiedad y el principio de juridicidad.

La gestión pendiente invocada incide en un juicio que conoce el Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel, en el cual los herederos de un trabajador fallecido en un accidente del trabajo pretenden obtener de la empresa subcontratista y, subsidiariamente, de la compañía principal una indemnización por el daño causado.

Este sostiene que el CPLT resolvió que debía proporcionarse “toda la información requerida respecto del Director Nacional de FOSIS, con la sola excepción de la referencia de terceros dentro del proceso de selección”, lo que aquel estima afecta los principios de confidencialidad y reserva que amparan al proceso de selección.

“impide considerar que el actor tiene un derecho de carácter indubitado”, por lo que “una contienda así generada no puede ser dilucidada por medio de esta acción cautelar de derechos constitucionales”,

La gestión pendiente trata de una Oficial de Ejercito que dedujo acción de protección en contra de esa institución armada por haberle notificado la baja mediante la resolución de la Comisión de Sanidad.

El TC admitió a trámite un requerimiento de inaplicabilidad que impugna el artículo 1683 del Código Civil. La norma legal, en la parte impugnada, establece que "La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aún sin petición de parte, cuando aparece de manifiesto en el acto o contrato". La gestión pendiente invocada…

“corresponden a una materia comprendida dentro del campo de aplicación de derechos individuales en cuyo ejercicio aquella autoridad no puede interferir, directa o indirectamente, mediante el uso de las atribuciones que las leyes les confieren respecto de los funcionarios públicos”.