Nacional

En efecto, al no cumplir “con la obligación de protección genera la responsabilidad correspondiente, sin perjuicio de aquella que corresponde al autor del disparo”.

También se fomenta la “Colocalización”, esto es, la instalación de otras antenas o sistemas radiantes, en una misma torre; haciéndola obligatoria en las zonas saturadas. En este punto se ha discutido si se afectaría la garantía constitucional del derecho de propiedad y los derechos adquiridos por las empresas dueñas de las torres ya existentes, los que se verían agredidos por los nuevos agentes del mercado, al adherirse a estas estructuras, por las cuales tuvieron que desembolsar sumas de dinero.

“para ser incluido en las listas que al efecto elaboran los Tribunales de Conducta respectivos para postular a los internos al beneficio de la libertad condicional es necesario que, a la fecha de su confección, reúnan los requisitos para ello”, que son...

La gestión pendiente invocada incide en sendos recursos de casación en la forma y en el fondo seguidos ante la Corte Suprema, mediante los cuales se pretende anular una sentencia de la Corte de Apelaciones de Talca referida a un reclamo de liquidación tributaria.

(...)el Senado infringió diversas disposiciones constitucionales que se vinculan directamente con el ámbito de materias reservadas a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, por lo que se solicita se deje sin efecto tal actuación y se restablezca el imperio del derecho en la tramitación del referido proyecto de ley.

sólo desplegar información a la comunidad de manera general, “no constituye un acto de consulta a los afectados, pues éstos, en ese escenario, no tienen posibilidades reales de influir en la nueva planificación territorial del lugar donde están localizados, cuya gestación, en la especie, habría tenido en miras la protección de los derechos de esos pueblos y garantizar el respeto de su integridad..."

La gestión pendiente invocada incide en un juicio criminal seguido ante un Juzgado de Garantía de Santiago, donde se dictó una resolución que sobreseyó definitivamente la causa por el delito de abusos sexuales en contra de menores de 14 años, y que, actualmente, se encuentra en apelación ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

“pues actuó dentro de sus facultades y en cumplimiento a lo que dispone la normativa que regula la materia”.

La gestión pendiente invocada incide en un juicio ordinario seguido ante un Juzgado Civil de Santiago, mediante el cual se demandó la nulidad de derecho público de una resolución exenta, que, basada en las normas impugnadas, declaró la vacancia del cargo respecto de un funcionario por salud irrecuperable o incompatible para desempeñarlo.

Ésta sostiene que el único caso en que tendría sentido la prohibición de reformatio in peius, es en el segundo juicio actualmente en tramitación, pues, arguye, nunca la resolución que acoja un recurso de nulidad implicará, ante la Corte, una posibilidad de reforma en perjuicio, ya que ésta no puede dictar sentencia de reemplazo.

(...)no concurre, en la especie, ninguna de las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 84 de la LOCTC.

“en el caso de marras quedó establecido que la solicitud de interceptación telefónica del demandante fue hecha a sabiendas de que se trataba del abogado defensor de algunos de los imputados de la causa en que aquella se otorgaba, lo que no se hizo saber al tribunal”.

La Sala designa por el Presidente del Tribunal ordenó que, previo a resolver sobre la admisión a trámite de la acción de inaplicabilidad deducida, el requirente acompañara copia del contrato de salud previsional que suscribió con la Isapre, lo que fue cumplido, observándose que el referido contrato es de mayo del año 2001.

“en la próxima sesión vamos a determinar cuál va a ser la forma de trabajo, porque hay más de 110 indicaciones, razón por la cual tenemos que ver si las dividimos por tema o por artículos para ir resolviendo el proyecto”.

La sentencia desestimó la alegación del Ministro para no entregar la información -referida a que la solicitante no cumplió con la petición de subsanar su solicitud de información-, por cuanto en ésta no se le señaló con claridad los términos en que debía subsanar tal solicitud y sólo se le dice “que no son objeto de la ley de acceso aquellas solicitudes que podrían estar en la mente de las autoridades de los órganos de la Administración del Estado al momento de adoptar una determinada decisión o actuación, pero que no constan en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, o

La acción de inaplicabilidad incide en una reclamación interpuesta ante un Juzgado Civil de Rancagua en contra del Servicio de Salud de la Sexta Región, por medio de la cual se pretende dejar sin efecto una multa aplicada bajo el apercibimiento de prisión, por una supuesta infracción de las normas aludidas, lo que vulnera el principio de legalidad, de reserva legal, y de taxatividad en materia penal (art. 19 N°3), junto con el derecho a desarrollar cualquier actividad económica (art. 19 N°21)

"...la circunstancia de que TVN haya indicado en sus contestaciones que hizo entrega a la reclamante del documento registrado en el DDI, únicamente puede entenderse como una expresión de que no se opone a que la reclamante acceda a la información requerida”.

La acción de inaplicabilidad incidía en un recurso de apelación seguido ante la Corte Suprema, mediante el cual se pretende revocar una sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel que desestimó una acción de protección que perseguía dejar sin efecto la decisión de un establecimiento educacional subvencionado que cobró matrícula a sus alumnos.

“El carácter de extraordinario del recurso de amparo no impide la revisión del mérito del auto de procesamiento, del cual emana la privación de libertad que sustenta la interposición de la presente acción, aunque tal control queda restringido a la constatación de eventuales infracciones a la Constitución o las leyes, susceptibles de amenazar la libertad del amparado, que es el ámbito permitido por este peculiar árbitro”.

"Toda persona imputada de delito tiene derecho irrenunciable a ser asistida por un abogado defensor proporcionado por el Estado si no nombrare uno en la oportunidad establecida por la ley”.

La gestión pendiente invocada es un recurso de casación en el fondo seguido ante la Corte Suprema, mediante el cual pretende anular la sentencia que la condenó al reembolso de las sumas de dinero que corresponden al costo del traslado de las instalaciones que esa empresa mantenía en bienes fiscales.

El Ministro de Planificación, Felipe Kast, manifestó que fue “un debate de muy buena calidad, con mucho espíritu de unidad en materia social lo que me parece muy alentador y expectante de lo que pueda ocurrir en la Sala. Espero que así como fue aprobado unánimemente en el Senado, este proyecto en la Sala pueda contar también con el apoyo de la mayoría de los diputados” y precisó que sólo hubo cambios menores en la iniciativa.

La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Carmona, quien fue del parecer de declarar la inadmisibilidad del requerimiento, ya que, aduce, se concurre en la causal de inadmisibilidad del N° 5 del artículo 84 de la LOCTC, pues de los antecedentes de la gestión pendiente en que se promueve la cuestión, aparece que el precepto legal impugnado no ha de tener aplicación en ella o no resultará decisivo en la resolución del asunto.

La gestión pendiente invocada es un recurso de casación en el fondo seguido ante la Corte Suprema, mediante el cual pretende anular la sentencia que condenó a Entel a reembolsar las sumas de dinero que corresponden al costo del traslado de las instalaciones que mantenía en bienes nacionales de uso público.

El organismo público informó que el paciente pertenece a un grupo “asistémico”, que son aquellas personas que no siendo indigentes no se han incorporado a ninguno de los sistemas de salud

El proyecto de ley –ingresado a trámite legislativo en el año 2008- tiene por objeto “dotar al Estado de mejores herramientas para el combate de la delincuencia previniendo el uso de armas de fuego en hechos delictuales”.

En una segunda votación -con 86 votos a favor- la Cámara baja aprobó el “Tratado sobre el traslado de personas condenadas entre la República de Chile y la República del Perú", suscrito el 25 de noviembre de 2010, cuyo objetivo es permitir que los nacionales condenados en el país vecino puedan cumplir sus sentencias en su medio social de origen.

“que la Ley Antiterrorista se sigue aplicando, que la reforma que se hizo de esta Ley es una burla, el Gobierno en realidad apoyo una iniciativa que no cambia en nada el fondo del problema, entonces permanece esta legislación que es contraria a las normas internacionales de los derechos humanos, que permite los testigos anónimos y que posee una definición de terrorismo demasiado amplia”.

Con el objeto potenciar la instancia de la mediación, estableciendo la obligatoriedad de concurrencia para ambas partes a fin de disminuir los tiempos, los costos y mejorar los resultados...

La impugnación no se admitió a trámite y se declaró derechamente inadmisible, toda vez que la sala designada por el Presidente del TC llamada a pronunciarse sobre su admisión a trámite a fin de resolver sobre la admisibilidad de la acción deducida, concluyera que adolece de vicios o defectos tales que hacen imposible que pueda prosperar.