Nacional

(...)los “descuentos de sus emolumentos son excepcionales”, de forma tal “que todo aquel que no sea obligatorio, tales como impuestos, cotizaciones y aquellos establecidos expresamente por ley, son voluntarios, lo que significa que deben contar con una autorización expresa del funcionario respectivo y quedan sujetos al límite del 15% de la remuneración”.

No se está en presencia “de un derecho indubitado”, pues no resulta posible “establecer como hecho de la causa la existencia del proyecto ya referido”, que constituye el supuesto que le permitiría “exigir que se le proporcione la información que alega omitida, más si se considera que el recurrido señala que ese proyecto no existe”.

Se interpuso acción constitucional en contra de la Municipalidad de San Esteban y de la Contraloría General de la República. La Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, reiterando que esta acción cautelar de derechos constitucionales no constituye una instancia de declaración de derechos

(...)la ley hace responsable “a los Municipios, o al Fisco en su caso”, por los daños “que se causen por el mal estado de las vías o por la falta de señalización” y la referencia “a uno u otro organismo tiene que ver con quién sea el obligado” y, en el caso de la señalización, que incluye la de bloqueo de paso, es de “responsabilidad del Municipio, porque se trataba de una calle de la comuna, que no estaba entregada, en cuanto tal vía, al Ministerio de Obras Públicas”.

Corte Suprema desestimo tres recursos de casación en el fondo en contra de sentencias dictadas por la Corte de Apelaciones de Santiago que habían desestimado reclamos de ilegalidad interpuestos en contra de las Municipalidades de Macul y las Condes. La CS concluye que en estos tres casos, no se vulnera el principio de reserva legal.

El proyecto de ley entrega a este ministerio las atribuciones necesarias para coordinar el diseño, evaluación e implementación de los programas sociales a fin de evitar duplicidades y velar por la eficacia y eficiencia del uso de los fondos públicos.

"la obligación de consultar a los pueblos indígenas establecida en el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT es una norma autoejecutable o de aplicación directa y que modifica tácitamente la Ley N°18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, debiendo observarse por el legislador al momento de la tramitación de las leyes".

(...)tal reciprocidad muchas veces implica establecer eventuales limitaciones y barreras a ciertos operadores aéreos extranjeros, lo que trae “consigo menor competividad para las empresas que quieran operar en Chile, menor apertura del mercado hacia empresas extranjeras y, por consiguiente, mayores precios”.

La Cámara de Diputados aprobó -con 66 votos a favor-, un proyecto de acuerdo de las diputadas Hoffmann, Isasi, Molina, Nogueira Pacheco, Pascal, Sabat, Saa y Turres, mediante el cual solicitan al Presidente de la República el ingreso a trámite legislativo de un proyecto de ley que establezca una igualdad entre los montepíos de las…

(...)se eliminó tal regla de competencia lo que habría producido graves efectos en materia de tramitación, ya que en dicho caso se aplicarían las reglas generales en materia de competencia, cual es, demandar en el Tribunal de Familia del domicilio del demandado, lo que “a simple vista” no es injusto, pero se pueden apreciar “cientos de casos” que se deben tramitar en Juzgados que “quedan fuera de la Región donde residen”, debiendo incurrir los litigantes en “gastos y desplazamientos” que podrían evitarse, sobre todo por el interés superior del niño, niña o adolescente involucrado.

“aún se presentan ciertas deficiencias o vacíos en materia de inhabilidades”, lo que trae como consecuencia “el debilitamiento del principio de probidad administrativa”.

La gestión pendiente en que el requerimiento incide, es una causa en que se solicita la remoción en el cargo de concejal que el requirente sirve en la Municipalidad de Quemchi tramitada ante el Tribunal Regional Electoral de la Región de Los Lagos, la que fue iniciada por otros concejales de la misma comuna, quienes estiman que el actor debe cesar en ese cargo por ser incompatible con el de paramédico que desempeña en esa misma Corporación edilicia.

“aplicar en materia de prescripción las normas del Código Civil”, situación que no “contraría la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue”, por cuanto la prescripción constituye un principio general del derecho destinado a garantizar la seguridad jurídica y como tal adquiere presencia en todo el espectro de los distintos ordenamientos jurídicos, salvo que por ley o en atención a la naturaleza de la materia se determine lo contrario, esto es, la imprescriptibilidad de las acciones.

La Clínica de Acciones e Interés Público de la Universidad Diego Portales, dedujo amparo de acceso a la información en contra del Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) que se negó a entregar información relativa al expediente administrativo del Decreto Supremo N° 124/2009, que "Reglamenta el artículo 34 de la Ley Nº 19.253 a fin de regular…

Se dedujo amparo de acceso a la información en contra de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) por no dar respuesta a la solicitud de información referida a la copia de los contratos suscritos por dicha empresa con Gasco S.A. y Methanex Chile S.A. El CPLT declaró inadmisible el amparo de acceso a la información,…

La gestión pendiente invocada es un juicio penal seguido ante un Juzgado de Garantía de Antofagasta –que se encuentra en su etapa intermedia- mediante el cual se pretende hacer efectiva la responsabilidad penal por el delito de desacato en contra del Alcalde de la Municipalidad de Sierra Gorda, ya que éste incumplió una orden de no innovar decretada por la Corte de Apelaciones de dicha ciudad.

“No fueron decididos a través del decreto de adjudicación, sino que vienen determinados por todos los actos anteriores a dicho decreto”, los que, en todo caso “fueron dictados o aprobados cuando no se encontraba vigente el Convenio N° 169 de la OIT”.

“En que el fin del acto, que es uno de sus elementos constitutivos, es distinto del fin general de interés público, que debe ser el de toda actividad pública, o el fin particular establecido para determinados actos por la norma respectiva. Fin que puede ser de interés particular de la autoridad, como político, religioso, o personal, y que también puede ser de interés general pero distinto de aquel específico que según la norma permitía la dictación del acto”.

La moción de los diputados Alvarez-Salamanca, Bauer, Estay, Hernández, Hoffmann, Kast, Macaya, Molina, Nogueira y Rojas, recuerda que en el año 2003 el Gobierno consagró a la ciudad de Valparaíso como la Capital Cultural del país, siendo ello el "paso previo" para que la UNESCO designara al casco histórico de la ciudad como "parte integrante…

"este proyecto conlleva un desafío para el mundo político, pues la voluntariedad del sufragio hará necesario contar con una propuesta atractiva e interesante para los electores".

El juez que dicta las actuaciones efectúa “una evaluación sobre la afectación de la normal sustanciación o el principio de inocencia y definió en su texto el secreto o publicidad”, por lo que ante una solicitud de acceso a la información debe analizar si el tribunal decretó o no el secreto, y en virtud de ello resolver si accede o deniega la información solicitada.

"no basta, como ocurre en el requerimiento, con que se afirme que la aplicación de las reglas de procedimiento establecidas por el artículo 1º de la Ley Nº 20.030 afectan el derecho a la defensa, y se omita exponer en el mismo libelo, de la manera es que exigido, la forma en que aquella normativa legal, en su aplicación concreta al juicio de reclamación de paternidad que se sigue en su contra, podría producir un efecto contrario al aludido derecho".

El fallo reitera que la inaplicabilidad no es una vía procesal idónea para impugnar resoluciones judiciales de tribunales ordinarios o especiales con la finalidad de revocar, enmendar, revisar, casar o anular éstas; ya que la guarda del imperio de la ley en el conocimiento, juzgamiento y ejecución de lo juzgado en general y de la sustanciación en particular de las causas civiles y criminales corresponde exclusivamente a los tribunales creados por ley a través de las vías procesales previstas en las leyes de enjuiciamiento.

“la acción aparece deducida en contra de una carta, suscrita por la Directora de la Escuela, por medio de la cual, a juicio de los recurrentes, han adquirido la calidad de alumno vigilante becario, lo que no resulta efectivo en consideración a la normativa que regula la materia”, puesto que esa “carta no constituye un acto administrativo y mucho menos un acto terminal, que permita señalar que puede llegar a constituir un derecho adquirido”.

“no puede soportar la carga que significa aquel comportamiento indebido de los imputados mencionados, sin caer en un incumplimiento grave de sus obligaciones”

(...)a estos beneficios pueden acceder los condenados por cualquier clase de delitos, incluyendo aquellos que se puedan estimar de entre los “más graves”, como por ejemplo, los delitos sexuales.

Para desarrollar su cometido, deberá establecer -previa aprobación del Comité Interministerial de Desarrollo Social- los criterios de evaluación para determinar la consistencia, coherencia y atingencia de los programas sociales que se estén ejecutando o se pretendan implementar por los ministerios o los servicios públicos relacionados.

El Ministro de Justicia, Felipe Bulnes, concurrió a la sesión de la Comisión de Constitución del Senado para explicar el sentido y alcance del proyecto de ley, ingresado a trámite legislativo el 15 de marzo pasado, que concede un indulto general que conmuta el saldo de las penas privativas de libertad a las personas que…

En lo esencial, la iniciativa busca evitar que la segunda vuelta presidencial deba realizarse en el mes de enero, en pleno período de vacaciones de una parte importante de la ciudadanía, tal como ha ocurrido en las últimas tres elecciones presidenciales.

(...) tales disposiciones deben ser interpretadas en forma sistemática, pareciendo claro que los antecedentes curriculares de aquellos que pasaron la primera etapa de selección, si bien son secretos o reservados, “tal secreto o reserva lo es sólo hasta que el concurso esté pendiente"