Nacional

En lo esencial la iniciativa establece que los Ministros de Estado, los diputados y senadores, el Presidente de la República, y las demás autoridades y funcionarios que se señalan, deberán declarar sus intereses y patrimonio en forma pública, la que, en todo caso, deberá contener la singularización de todas aquellas actividades y bienes del declarante, y que en caso de incumplimiento se podrá aplicar una multa a beneficio fiscal de 10 a 30 UTM.

La enmienda también alcanzaba al artículo 18 de la Carta Fundamental, para precisar que el resguardo del orden público durante los actos electorales y plebiscitarios corresponde a las Fuerzas Armadas y Carabineros, del modo que indique la ley, “en Chile”.

En virtud de tales disposiciones constitucionales y legales, se han presentado durante los últimos años una serie de iniciativas -tanto de parlamentarios como del Ejecutivo- que proponen, de una y otra forma, facilitar y regular el uso de la bandera nacional

Cabe recordar que la Ley N° 19.541 (D.O., 22 diciembre 1997) modificó la Constitución y dispuso que el máximo Tribunal está integrado por veintiún Ministros, de los cuales cinco deben ser abogados extraños a la administración de justicia.

“en la segunda mitad de la década de los setenta, en el derecho penal, se desarrolló una legislación inflacionaria y se fueron afirmando, para combatir al terrorismo y al crimen organizado, modelos diferenciados de proceso penal y de tratamiento carcelario”, lo que se ha manifestado en nuestro ordenamiento jurídico a “través de testigos y peritos protegidos (sin rostro)”, admitiéndose, incluso, “que se les otorgue una contraprestación económica” por su declaración.

“la lucha contra el terrorismo debe realizarse con pleno respeto al derecho nacional e internacional, a los derechos humanos y las instituciones democráticas, para preservar el estado de derecho, las libertades y los valores democráticos en el hemisferio, elementos indispensables para una exitosa lucha contra el Terrorismo”.

"privar a los atentados contra el derecho a la honra, que no constituyan delitos específicos, de la protección de la ley, pues, mientras las lesiones a otros derechos igualmente no constitutivas de delitos dan lugar a indemnización por todos los daños patrimoniales y morales causados, de acuerdo a la regla general (art. 2329), las imputaciones injuriosas contra el honor o el crédito de una persona no dan derecho a la indemnización del daño moral, que es naturalmente el producido por esta clase de atentados y, ordinariamente, el único".

Cabe señalar que la Ley Nº 20.500 (D.O., 16 febrero 2011), sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, fue dictada en cumplimiento del mandato constitucional referido al deber del Estado de asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida.

"la situación es grave, ya que las vertientes naturales que proveen agua a las distintas comunidades se encuentran situadas justamente bajo las instalaciones de las mineras, existiendo el peligro latente de que estas sean contaminadas, situación que vulneraría el derecho a la vida, a la propiedad y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación".

Se dedujo una acción de protección en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) de la Región Metropolitana, por cuanto dictó una serie de resoluciones que rechazan el pago de licencias médicas de una particular, situación que vulneraría su integridad física y psíquica, y el derecho de propiedad sobre el subsidio que…

Con el fin de “subsanar un gravísimo problema que en el mediano plazo generará un fuerte impacto”, tanto en el “crecimiento urbano”, en el “medio ambiente” y en la “la viabilidad para la pequeña y mediana agricultura que utiliza el agua de riego para sus procesos productivos”.

“un derecho que asiste a toda persona a solicitar administrativamente y judicialmente la exhibición de registros o bases de datos -públicos o privados- en los cuales estén incluidos los datos personales o de su familia, para tomar conocimiento de su exactitud, solicitar su rectificación, superación, complementarlos o solicitar su reserva”.

La gestión pendiente invocada es un juicio ejecutivo seguido ante un Juzgado Civil de Santiago, mediante el cual el SENAME pretende el cobro de la participación en el producto de la venta de un inmueble enajenado por la “Fundación Mi Casa”.

La gestión pendiente invocada es un recurso de protección que conoce la Corte de Apelaciones de Santiago deducido en contra de la Dirección de Compras y Contratación Pública, y la Dirección del Trabajo, mediante el cual se pretende dejar sin efecto el acto administrativo que determinó que la actora no cumplía con los requisitos para ser incorporada en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración participar en una licitación.

Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, los artículos 4º y 292 del Código del Trabajo y el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil. La primera de las normas impugnadas establece una presunción de derecho referida a quienes representan al empleador y lo obligan con los trabajadores. Mientras que la segunda dispone que: "En caso…

(...)durante la discusión en la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados, la moción fue objeto de una indicación sustitutiva que suprime totalmente las excepciones a las incompatibilidades del cargo de concejal, es decir, incluso no podrían ser concejales los actualmente excluidos, esto es, los profesionales no directivos.

“que la discriminación de que afirma la recurrente haber sido víctima a raíz de los sucesos acaecidos en Haití”, se fundamenta “únicamente en apreciaciones de carácter subjetivo de la actora, no corroboradas por ningún antecedente serio y válido”, por lo que resultan del todo “ineficaces para los fines propios del recurso”.

En días pasados la Cámara de Diputados -en sesión especial celebrada al efecto- aprobó un proyecto de acuerdo de los diputados Carmona, Chahín, Díaz, Harboe, Montes, Núñez, Ortíz, Pascal, Vallespín y Vargas, mediante el cual se solicita al Presidente de la República que instruya a las entidades estatales encargadas de supervigilar a las entidades públicas…

"establece la obligación de asistencia a programas de rehabilitación por consumo problemático de drogas y alcohol; y un sistema de monitoreo telemático, como forma de control del cumplimiento de la reclusión domiciliaria y de la libertad vigilada intensiva, en los casos de condenados por delitos de violencia intrafamiliar o por delitos sexuales, y en el caso de régimen de pena mixta".

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados prosigue el estudio del proyecto de ley, iniciado por mensaje, que crea los Tribunales Ambientales.La iniciativa será objeto de una serie de modificaciones ya concordadas con el Ejecutivo, según lo señaló el diputado Felipe Harboe. No es posible que este proyecto avance muy rápido, informó, considerando…

La coordinadora del proyecto precisó que el texto “facilitará tanto el estudio como el trabajo de los distintos actores del sistema penitenciario”.

La gestión pendiente invocada está constituida por cinco recursos de nulidad que actualmente conoce la Corte de Apelaciones de Temuco, mediante los cuales se impugnan una serie de sentencias definitivas dictadas por un Juzgado de Letras del Trabajo de dicha ciudad.

A esta obligación también se encontrarán sometidos los ministros de Estado, subsecretarios, intendentes y alcaldes, quienes deberán cumplir esta norma en dos escenarios: cuando sus valores se vinculen con entidades privadas sujetas a fiscalización o control de sus organismos, o cuando se vinculen directamente con su ámbito de competencia.

Así, que entre la primera votación y segunda vuelta para elegir Presidente de la República no haya un plazo superior a las cuatro semanas, "de modo de no dilatar excesivamente las campañas electorales e impedir que las elecciones coincidan con las fiestas de fin de año".

(...)debe aplicarse “plenamente la regla general de publicidad establecida en el artículo 5º de la Ley de Transparencia, pues como afirma el propio artículo 21 ? 1 b), los fundamentos de las decisiones son "públicos una vez que sean adoptadas".

La iniciativa hace propia la conclusión de la “Comisión Interamericana de DDHH”, que determinó que “la existencia de prácticas monopólicas y oligopólicas en la propiedad de los medios, afectaba seriamente la libertad de expresión y el derecho de información de los ciudadanos de los estados miembros de la Organización de Estado Americanos”.

Los recurridos informaron que las religiosas no tienen su domicilio en el lugar donde se ubica la propiedad que arriendan y que esta no sería la vía idónea para resolver la cuestión planteada, por cuanto se trata de una materia de lato conocimiento y que se encuentra bajo el conocimiento de los tribunales de justicia.

Razona luego que la “gestión judicial” -a que aluden el constituyente y el legislador en la materia- está referida al negocio jurisdiccional a que da origen una controversia jurídica entre partes (dos o más personas con intereses contrapuestos), sometida al conocimiento y decisión de un tribunal.

“Que del mérito de los antecedentes y de lo expuesto por el abogado del recurrido en estrados, es posible concluir, que no es un acto arbitrario e ilegal que vulnera la garantía constitucional invocada, ni ninguna otra, motivo por el cual se deberá rechazar el recurso en la forma que se dirá en la parte resolutiva”, donde sólo hace referencia a uno de los tres recurrentes.

El recurso denunció vulneración de los artículos 141, letras b) y d), de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y 11 de la Ley Nº 19.880, porque el fallo impugnado confundió el plazo para interponer el reclamo de ilegalidad ante la autoridad municipal con el término previsto para reclamar ante la Corte de Apelaciones respectiva.