Nacional

Decisión fue tomada por autoridad competente y dentro de sus facultades legales y no existe vulneración ilegítima a la libertad del imputado. Enfatizó el carácter extraordinario del recurso de amparo, distinguiéndolo de otros mecanismos de impugnación.

El Club de la Constitución manifiesta su discrepancia con la Sentencia del Tribunal Constitucional que avala la Ley de Amnistía, argumentando que vulnera principios esenciales de la Constitución Española, el Estado de Derecho y la voluntad del constituyente de 1978.

La Corte IDH reconoció el derecho al clima sano, determinó obligaciones para los Estados en pro de proteger comunidades más vulnerables a los impactos climáticos, expresó la necesidad de regular los procesos industriales y comerciales responsables de liberar gases que agravan el cambio climático, entre otras cuestiones, en una opinión consultiva adoptada en mayo de 2025.

El máximo Tribunal reiteró que para la procedencia del precario basta que del proceso se desprenda con claridad el lugar ocupado y la ausencia de título que justifique la tenencia

Se vulneró el principio de congruencia, al condenar por hechos distintos a los contenidos en la querella, lo que afectó el derecho a defensa de la imputada. La sentencia anulada condenaba a 300 días de reclusión y multa de 8 UTM.

Ordena a la compañía eléctrica abstenerse de cortar el suministro y refacturar según instrucciones de la SEC. Consideró ilegal y arbitraria la amenaza de corte basada en facturas que incluían montos rechazados por la SEC. Enfatizó que CGE debe cumplir con las resoluciones de la SEC mientras estén vigentes.

La sanción impuesta a Clínica INDISA se originó por exigir la suscripción de un pagaré a una paciente en situación de urgencia vital. La Corte sostuvo que la Ley de Urgencia protege a los pacientes sin requerir una certificación médica inmediata, y que la actuación del organismo fiscalizador fue debidamente fundamentada y ajustada a derecho

La Corte de Santiago acogió un recurso de nulidad y rebajó de 60 a 40 UTM una multa impuesta por la Inspección del Trabajo, tras constatar que la empresa fiscalizada era una mediana y no una gran empresa. Consideró que la sentencia anulada vulneró las reglas de la sana crítica al desatender prueba documental clave sobre el número de trabajadores

El máximo Tribunal acogió de oficio una causal de casación en la forma al advertir que la sentencia dictada por la Corte de Concepción incurrió en ultra petita, al incluir en la compensación a personas que no intervinieron en el juicio y fijar un monto que no se ajustaba a los derechos efectivamente reclamados. En fallo de reemplazo, redujo el monto a $24.000.000.-, conforme al valor del inmueble y a la participación de los actores

Ratificó la legalidad de la medida dictada por el Servicio Nacional de Migraciones, al considerar que la expulsión se fundamenta en razones de orden público y gestión migratoria, sin configurar una doble sanción penal. La decisión se basó en la condena del afectado por almacenamiento de pornografía infantil y el incumplimiento de una orden previa de abandono del país

Rechaza recurso de nulidad y valida aplicación de agravante de reincidencia específica basada en condena previa por delito de la Ley 20.000. La reincidencia específica fue correctamente aplicada, ya que la condena anterior correspondía a un crimen según la pena en abstracto, no estando prescrita conforme al artículo 104 del Código Penal.

Resolución impugnada "deviene en ilegal por ausencia de suficiente fundamentación y motivación". Es necesario que las resoluciones sobre prisión preventiva aborden argumentos de la defensa y expliquen por qué no fueron suficientes para desvirtuarla. El tribunal ad quem no relacionó los requisitos del artículo 140 del CPP con la participación concreta del imputado. No se consideraron adecuadamente factores como la irreprochable conducta anterior del imputado y la calificación jurídica alternativa propuesta por la defensa.

La Corte de Santiago acogió una reclamación judicial interpuesta en contra de la Municipalidad de Quilicura, tras constatar que los decretos que rechazaron la renovación de una patente de alcoholes no expresaron motivos concretos ni acreditaron los antecedentes invocados, vulnerando el principio de legalidad

La Corte acogió un recurso de nulidad al constatar que el tribunal de primera instancia aplicó erróneamente la norma sobre contratos por obra o faena, pese a haber reconocido que la relación laboral carecía de una definición clara de inicio y término de obra. En su reemplazo, declaró el despido como injustificado, ordenó el pago de indemnizaciones y estableció la responsabilidad subsidiaria de la empresa principal por tratarse de una relación en régimen de subcontratación

En las cárceles españolas se utilizan algoritmos para calcular el riesgo de reincidencia de las personas presas. Estas herramientas, como la TVR y RisCanvi, influyen en decisiones clave como permisos de salida o la libertad condicional. Sin embargo, su fiabilidad, sesgos y falta de transparencia generan serias dudas sobre su legitimidad en un contexto donde lo que está en juego es la libertad.

El escándalo de las 25.000 licencias falsas en Chile es solo el síntoma más reciente de una corrupción estructural que ha corroído la legitimidad del sistema político. Frente a una democracia representativa incapaz de frenar estos abusos, se plantea la necesidad urgente de avanzar hacia una democracia directa, con mecanismos de control ciudadano permanentes como los referendos populares, siguiendo modelos exitosos como el suizo.

En la región de Tarapacá, las mujeres indígenas privadas de libertad enfrentan una doble vulneración: por su género y por su pertenencia a pueblos originarios. Muchas son extranjeras, víctimas de redes criminales, y terminan en un sistema penitenciario que no reconoce su identidad cultural ni sus necesidades. Desde la Defensoría Penal Pública se impulsa un enfoque de justicia con perspectiva intercultural y de género para abordar esta deuda histórica.

La Universidad de Chile recurrió de protección para impugnar un oficio de la Fiscalía Nacional Económica que le ordenó entregar datos personales de estudiantes, en el marco de un estudio de mercado sobre educación superior. Se descartó la existencia de ilegalidad o vulneración de derechos, al considerar que la FNE actuó dentro de sus atribuciones legales y que la entrega de la información está permitida por la normativa vigente

Se confirmó la sanción impuesta por el Instituto Marianista de Linares a dos estudiantes involucrados en una agresión física contra un alumno de octavo básico, ocurrida dentro del establecimiento. Se constató la gravedad de los hechos y la ausencia de un cambio de conducta, lo que justificó la cancelación de matrícula para proteger la seguridad de la comunidad

Se desestimó la acción presentada por la comunidad “Los Luchadores”, compuesta principalmente por familias migrantes vulnerables, que fue objeto de una orden de desalojo administrativo. El tribunal respaldó la actuación de la Delegación Presidencial Provincial, que ordenó el desalojo para proteger terrenos estatales y permitir la ejecución de un proyecto habitacional que beneficiará a 256 familias vulnerables

El máximo Tribunal confirmó la legalidad de la medida adoptada por el Servicio Nacional de Migraciones, considerando que la existencia de vínculos familiares no basta para desvirtuar una causal legal de expulsión. El voto disidente estuvo por acoger el reclamo, al estimar que no se ponderó adecuadamente el arraigo familiar del afectado

Amparo no es la vía para impugnar resolución emanada de un juez competente para resolver el planteamiento de la defensa. La resolución es susceptible de ser impugnada mediante el recurso de apelación. Presentación de querella contra persona determinada suspende prescripción de la acción penal conforme al artículo 96 del Código Penal. Investigación no está agotada al existir pesquisas pendientes

La Magistratura rechazó un requerimiento contra la exigencia de “buena conducta” para titularse de abogado, al estimar que la resolución de la Corte Suprema impugnada, dictada en un procedimiento administrativo de titulación, no constituye una gestión jurisdiccional. En disidencia, cuatro ministros consideraron que dicho procedimiento sí permite activar el control de inaplicabilidad por generar efectos jurídicos relevantes

Acoge recurso de amparo y revoca decisión de Comisión de Libertad Condicional. Reconoce que condenado cumplía con el tiempo mínimo requerido según el D.L. N°321 vigente al momento del delito. Valoró positivamente el informe psicosocial que acreditaba avances en el proceso de reinserción. Consideró que interno presentaba un riesgo muy bajo de reincidencia y contaba con apoyo familiar.

Anuló la resolución del Consejo para la Transparencia que ordenó al Instituto de Salud Pública entregar estudios preclínicos y clínicos de una farmacéutica, al determinar que dicha información constituye un secreto comercial protegido por la Ley de Transparencia y la Ley de Propiedad Industrial, cuya divulgación podría afectar la competitividad de la empresa

Valida decisión de JUNJI de anular adjudicación y readjudicar contrato a segundo oferente. El oferente no se encontraba inscrito ni habilitado en el Registro de Proveedores dentro del plazo exigido por las bases, lo que justificó la exclusión de su oferta. La readjudicación al segundo mejor evaluado fue conforme a derecho y la resolución impugnada se encuentra debidamente motivada.

¿Puede considerarse voluntario un suicidio cuando la salud mental del trabajador ha sido deteriorada por condiciones laborales adversas? Esta segunda parte del artículo analiza cómo el acoso, el estrés crónico o la presión sostenida pueden alterar la percepción y restringir la autonomía decisional. Desde la neurociencia hasta la jurisprudencia comparada, se refuerza la necesidad de evaluar la intencionalidad en su contexto, integrando factores psicosociales y clínicos, bajo el principio pro operario y un enfoque que reconozca el sufrimiento psíquico como resultado del entorno organizacional.

Un acto soberano que transformó al cobre en símbolo de independencia económica y motor del desarrollo nacional. El presidente Boric encabezó la ceremonia desde El Teniente, junto a trabajadores y autoridades.

Respaldó el actuar de la Universidad de Magallanes, al concluir que el procedimiento sancionatorio se ajustó a derecho, fue debidamente motivado y no vulneró garantías constitucionales del estudiante, pese a su diagnóstico de salud mental. Las conductas sancionadas —como agresiones verbales, incumplimiento de normas sanitarias, amenazas a compañeros y malos tratos a funcionarios— fueron reiteradas, graves y acreditadas

La Magistratura resolvió que la norma que da por practicada la notificación electrónica desde el envío del correo no vulnera garantías fundamentales como el debido proceso ni el derecho a defensa, ya que cumple con estándares de racionalidad, objetividad e igualdad ante la ley. Se concluyó que la requirente fue notificada correctamente y que cualquier controversia sobre la notificación corresponde al juez de la causa