Nacional

La riña es un enfrentamiento tumultuario entre tres o más personas que se atacan recíprocamente, donde, por tanto, reina la confusión y no resulta posible determinar con exactitud quién y qué clases de golpes da o recibe. El acusado fue el único que agredió directamente a la víctima con un arma blanca, sin que existiera acometimiento recíproco ni confusión sobre su autoría, como exige el tipo penal del artículo 392 del Código Penal.

Confirma decisión que favoreció a Municipalidad de Aysén en disputa por propiedad. desestimó el argumento de que la sentencia se extendió más allá de lo pedido y descartó que el fallo contuviera decisiones contradictorias. Respecto al recurso de casación en el fondo, advierte que intenta variar los hechos del proceso, proponiendo otros que a juicio de la actora estarían acreditados, cuestión que es ajena a un arbitrio de esta especie. La apreciación de la evidencia es facultad exclusiva de los jueces de fondo y escapa al control de casación.

Reduce pena al considerar prescrita una condena anterior de 60 días por falta. Error de derecho influyó sustancialmente en la pena impuesta, lo que justificó acoger la nulidad y rebajar la condena. Enfatiza importancia del principio pro homine en la interpretación de normas penales.

El tribunal calificó de arbitraria la decisión de la SEC que rechazó el reclamo del usuario, al constatar que la propia entidad reconoció irregularidades en el cobro efectuado por Enel, entre ellas la falta de acreditación y la extemporaneidad de la facturación. Ordenó emitir un nuevo pronunciamiento considerando todos los antecedentes

El recurrente, que desempeñaba un cargo de confianza, fue detenido y formalizado por cohecho conforme al artículo 248 bis del Código Penal, manteniéndose una querella en su contra por el mismo delito, al imputársele haber aceptado un pago para aprobar el cambio de barreras en la obra El Buitre-Las Maitas

La Magistratura desestimó un requerimiento que cuestionó la expresión “en única instancia” del artículo 63 N° 1 letra a) del Código Orgánico de Tribunales, señalando que la norma solo asigna competencia y no regula recursos, por lo que su eliminación no haría procedente una apelación contra fallos de casación. Además, que el precepto no incide en la gestión pendiente, ya que el requirente contó con varias instancias recursivas

La Corte Suprema confirmó la sentencia que exige fundamentar las decisiones de no renovación o término anticipado de contratas, acogiendo un recurso contra la Contraloría General de la República. El fallo refuerza la obligación de motivar los actos administrativos que afectan derechos, y reabre el debate sobre el principio de confianza legítima, la estabilidad laboral en el sector público y los límites de la discrecionalidad administrativa.

Revocó el fallo que condenó a la Dirección del Trabajo por vulnerar derechos fundamentales al no actuar adecuadamente ante una denuncia de acoso sexual. La Corte concluyó que el empleador cumplió con todas las medidas legales exigibles, incluida la destitución del funcionario agresor, y que la denuncia carece de fundamento tras una adecuada valoración probatoria

Se impugna el artículo 195 del Código de Procedimiento Civil, que ordena conceder la apelación en ambos efectos, por estimar que se vulnera el debido proceso y el derecho de propiedad al suspender la ejecución de una sentencia en la parte no apelada que ordenó la entrega de un inmueble. El Tribunal Constitucional deberá resolver si admite a trámite el requerimiento

La mera concesión minera no otorga automáticamente derechos de servidumbre. No encontró ilegalidad en la aprobación del contrato de transacción por parte del Fisco. Consideró que los jueces de instancia valoraron adecuadamente las pruebas y fijaron correctamente los hechos. Declaró inadmisible el recurso de casación en la forma por no configurarse los vicios alegados; rechazó casación en el fondo al constatar que los errores de derecho denunciados se construyeron contra los hechos asentados por los jueces del fondo, los cuales son inamovibles en sede de casación

Rechaza alegato de tardanza excesiva y confirma sanción de la CMF. Argumentó que contaba con un plazo de 2 años para finalizar el procedimiento el que no se cumplió. No resulta correcto considerar los plazos de revisión, en sede administrativa o judicial, de la etapa de impugnación del acto administrativo sancionatorio al tratarse de una etapa opcional cuyo ejercicio queda sujeto a la voluntad del sancionado.

El fallo vulnera el principio de razón suficiente y el deber de motivación de las resoluciones judiciales. La argumentación sobre "el mal causado" no fue adecuada ni suficiente para justificar la pena impuesta en el tramo alto del marco legal. El deber de fundamentación abarca toda la sentencia, especialmente la determinación judicial de la pena en casos condenatorios. Ordena al tribunal citar a los intervinientes a una nueva audiencia de juicio oral.

El caso Ferrer expone las fallas estructurales del sistema judicial chileno: resoluciones contradictorias, falta de control y opacidad institucional. No se trata de un error aislado, sino de una alerta grave sobre el estado de la justicia, la legitimidad del Poder Judicial y la necesidad urgente de reformas profundas para restablecer la confianza ciudadana y proteger el Estado de Derecho.

La reclamación buscaba el inicio de un procedimiento de sanción al titular del proyecto por elusión al SEIA y anular la Resolución de Calificación Ambiental.

El documento establece buenas prácticas y recomendaciones específicas para que los organismos públicos informen sobre el uso de algoritmos en procesos administrativos, garantizando así el derecho ciudadano a conocer, entender y cuestionar decisiones automatizadas que los afectan.

Pese a los contrastes regionales, el reconocimiento legal del matrimonio entre personas del mismo sexo continúa avanzando a nivel mundial. Este año, Liechtenstein y Tailandia se convirtieron en los países 37 y 38 en legalizarlo, reflejando una tendencia creciente hacia la igualdad y la inclusión.

La Asociación de Medios Digitales de Chile (AMDI-Chile) rechazó con firmeza el proyecto de ley que busca sancionar penalmente la difusión de información sobre causas judiciales reservadas, advirtiendo que su aprobación implicaría un grave retroceso en materia de libertad de expresión, fiscalización ciudadana y derecho a la información.

Tribunal Constitucional deberá resolver requerimiento de inaplicabilidad contra normas que regulan atribuciones de directores de servicios de salud. Requirente sostiene que ciertos preceptos del Reglamento Orgánico de los Servicios de Salud vulneran el derecho al debido proceso, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, al permitir la modificación unilateral de acuerdos previos sobre la modalidad de cumplimiento del Periodo Asistencial Obligatorio.

Confirma legalidad de la medida cautelar impuesta tras sentencia condenatoria, aunque no se encuentre ejecutoriada. El tribunal actuó dentro de sus competencias y respetando el debido proceso.

Rechaza recurso de SERVIU y confirma monto de UF 2.969,75 fijado por tribunales inferiores. Desestimó alegación de SERVIU sobre una supuesta valoración inadecuada de la prueba pericial. Consideró que no hubo infracción a las normas de apreciación de la prueba conforme a la sana crítica. Reafirmó la validez del informe pericial presentado por la parte reclamante.

Ratifica pena de 818 días por muerte de dos personas en colisión. Desestimó alegación de vulneración al principio de congruencia. Tribunal no alteró sustancialmente los hechos del requerimiento ni condenó por circunstancias no acusadas, por lo que no se vulneró el derecho a defensa del condenado.

Máximo Tribunal estimó que la Corte de Coyhaique no analizó de manera completa ni fundamentó adecuadamente su decisión de rechazar la demanda, omitiendo valorar debidamente el informe pericial y las pruebas rendidas en el proceso

Organismo de control advierte sobre extralimitación de facultades y mal uso de cuentas institucionales.

Recurso buscaba recalificar los hechos como consumo personal. Se mantiene la calificación de los hechos como microtráfico. No hubo error de derecho. El tribunal valoró correctamente la prueba y acreditó posesión de droga con fines de tráfico, descartando el consumo personal por falta de respaldo probatorio; los cuestionamientos de la defensa eran de hecho, no de derecho.

El máximo Tribunal confirmó la multa impuesta a la Municipalidad de Ñiquén por no rendir formalmente cuenta pública de los recursos educacionales recibidos durante 2022. El municipio alegó haber cumplido parcialmente y argumentó circunstancias atenuantes como el traspaso al Servicio Local de Educación y problemas administrativos, pero la Corte valoró que la obligación de rendir cuentas es estricta y se cumple ante la Superintendencia, no solo con la comunidad escolar

Se rechazó el reclamo de una inmobiliaria contra la Municipalidad de Pudahuel, que declaró la caducidad del permiso de edificación de un proyecto habitacional. El tribunal concluyó que la resolución fue dictada conforme al procedimiento legal, ya que se acreditó que no se ejecutaron la totalidad de las obras necesarias para considerar iniciado el proyecto

Es la entidad licitante quien fija los requisitos para la admisibilidad de las ofertas. Las bases exigían acreditar un mínimo de puntos de canje con documentación clara y verificable. JUNAEB actuó conforme a las bases de licitación. Desestimó alegaciones de evaluación deficiente y arbitraria. No se acreditó falta de fundamentación ni parcialidad en la Comisión Evaluadora. Esta detectó inconsistencias y falta de respaldo suficiente en los antecedentes presentados lo que impidió declarar admisibles las ofertas. El tribunal concluyó que no se vulneraron los principios de legalidad ni de igualdad

Una crítica profunda y vivencial a la justicia militar chilena, marcada por su falta de garantías procesales, parcialidad estructural y un modelo anacrónico que vulnera principios básicos del debido proceso y la igualdad ante la ley. A través de un caso concreto, se expone la arbitrariedad del sistema y la urgente necesidad de reforma o abolición del fuero castrense.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles sostiene que la disposición impugnada vulnera el debido proceso y el derecho a recurrir, al impedir que un tribunal superior revise la sentencia dictada en un nuevo juicio tras acogerse un recurso de nulidad previo

El máximo Tribunal revocó la sentencia que había ordenado a la SUSESO autorizar el pago de 17 licencias médicas rechazadas, al estimar que la entidad actuó conforme a derecho y basó su decisión en informes técnicos que acreditaron que el recurrente podía reintegrarse a sus labores