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La Corte de Santiago rechazó el recurso de protección interpuesto contra una clínica por el cobro de atenciones y la supuesta omisión de aplicar la Ley de Urgencia, señalando que se trata de una controversia sobre la procedencia de dicha ley que requiere un juicio de lato conocimiento

El tribunal estimó que la negativa a financiar Brineura no es ilegal ni arbitraria, pues no existe riesgo vital inminente y la decisión corresponde a la autoridad administrativa en el marco de sus políticas públicas. El voto disidente consideró que la negativa vulnera el derecho a la vida e integridad física de la recurrente

La Corte de Santiago rechazó el recurso de protección presentado por un funcionario destituido por prestar servicios en un centro privado mientras se encontraba con licencia médica, señalando que no corresponde revisar en esta vía la legalidad del sumario administrativo

La Corte Suprema ordenó el desalojo de los ocupantes ilegales de un terreno en Alto Hospicio en un plazo máximo de seis meses, disponiendo además medidas para resguardar la dignidad y los derechos de los afectados

El máximo Tribunal rechazó un recurso de protección contra el Servicio Nacional de Migraciones por el rechazo a la solicitud de residencia definitiva y la orden de abandono. Señaló que la autoridad actuó conforme a la ley al exigir el pago de una multa como requisito y que el recurrente no subsanó la falta dentro del plazo otorgado

El requirente alega que los preceptos impugnados generan sanciones desproporcionadas al permitir que se devenguen remuneraciones por tiempo indefinido, incluso por trabajos no realizados durante doce años, afectando la igualdad ante la ley, la proporcionalidad y la seguridad jurídica

El máximo tribunal dejó sin efecto la multa de 51 UTM impuesta por la Superintendencia de Educación, tras concluir que el establecimiento cuenta con protocolos adecuados y que se activaron correctamente, señalando que el Reglamento Interno de Convivencia Escolar debe entenderse como complementario a los protocolos específicos

Anula fallo que permitía deducir gastos de filiales y reafirma criterio de "necesariedad" en la Ley de Impuesto a la Renta. Desembolsos realizados por contribuyente en beneficio de sus filiales no cumplen con el artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta. Gastos deben tener una vinculación directa con la actividad generadora de renta del contribuyente.

Desestimó el argumento de la defensa sobre una supuesta violación del principio non bis in idem. Aclaró la diferencia entre "tenencia" y "porte" de armas, justificando el castigo separado. Validó la aplicación de la agravante por uso de arma prohibida en el delito de disparo injustificado. Consideró que la pena única impuesta es más favorable al imputado que la aplicación de penas separadas.

La suspensión de licencia se redujo de cinco a dos años. Aplicó el artículo 104 del Código Penal, que establece un plazo de prescripción de 5 años para la reincidencia en simples delitos. Consideró que la agravante por condenas anteriores en la Ley de Tránsito es análoga a la reincidencia. Enfatizó la importancia de los límites temporales al ius puniendi establecidos por el legislador. La Corte cambió su criterio anterior, alineándose con la jurisprudencia de la Corte Suprema.

El fallo señaló que la licitación para adquirir equipos de imagenología del nuevo Hospital Regional de Ñuble se ajustó a la Ley de Compras Públicas y su reglamento, descartando ilegalidades, arbitrariedades o vicios en la evaluación técnica que justificaran retrotraer el procedimiento.

La insólita liberación de un imputado vinculado al Tren de Aragua pone en evidencia graves fallas estructurales en el sistema de justicia chileno. No se trata solo de un error administrativo: está en juego la legitimidad del Estado frente al avance del crimen organizado.

Durante el primer semestre de 2025, la Corte Suprema de Chile consolidó un giro jurisprudencial que permite la publicación de deudas contenidas en pagarés no protestados, si existe renuncia expresa al protesto. Este cambio afecta directamente a la industria del crédito y a los registros comerciales como el BIC y Dicom, al interpretar armónicamente el D.S. N° 950 y la Ley N° 19.628 sobre protección de datos personales.

El auge del proteccionismo liderado por Estados Unidos amenaza tanto las exportaciones chilenas de cobre como los recursos estratégicos de los fondos marinos. Frente a este nuevo escenario, Chile debe definir una política industrial y ambiental que proteja sus intereses y apueste por el valor agregado y la soberanía sobre sus recursos.

La Corte acogió el recurso de protección presentado por un ciudadano, tras concluir que la Comisión Médica Central rechazó su solicitud de pensión de invalidez sin entregar una fundamentación suficiente, lo que constituyó una vulneración del derecho a la igualdad ante la ley. Se ordenó una nueva evaluación que contenga una exposición clara y detallada de las razones jurídicas y médicas que respalden la decisión

Se declaró improcedente el recurso de amparo por carecer de una solicitud concreta y por existir vías procesales idóneas, como la apelación; descartó la procedencia de la unificación de penas, al estimar que, de haberse juzgado conjuntamente los seis delitos, la sanción habría sido más gravosa.

Se verificó la hipótesis legal de ingreso clandestino al país, que justifica la dictación de la medida de expulsión y prohibición de ingreso, no siendo obstáculo para su dictación el arraigo invocado ni el presunto desplazamiento forzado de su familia por amenazas en su país de origen

El juez excedió sus facultades al interrogar extensivamente a un perito de la defensa. Las preguntas del magistrado buscaban desacreditar el informe y metodología del perito. Consideró que esta actuación puso al acusado en una situación desventajosa. Se infringió el debido proceso. Dicha intervención comprometió la imparcialidad del sentenciador. Se ordenó realizar nuevo juicio oral. El voto en contra concluye que dicha actuación no tuvo la entidad necesaria para invalidar el juicio ni la sentencia.

La Corte sostuvo que la suscripción de un contrato colectivo no puede implicar una desmejora de las condiciones individuales previamente pactadas con los trabajadores, como ocurrió en este caso, en que la empresa reemplazó unilateralmente el beneficio de ticket de alimentación por una asignación de colación menos favorable

Ratifica que funcionaria pública condenada por conducción en estado de ebriedad queda suspendida del cargo u oficio público durante el tiempo de la condena. La sustitución de la pena principal no exime de las penas accesorias. Las penas sustitutivas de la Ley N°18.216 solo cubren la pena principal, no las accesorias.

El máximo Tribunal ratificó las sanciones impuestas por la CMF a un exgerente general y a una corredora de bolsa por entregar información falsa al mercado y realizar operaciones ficticias, desestimando los reclamos que cuestionaban la proporcionalidad de las multas

Acoge impugnación por ilegalidad en adjudicación de licitación de servicios portuarios para el transbordador Puerto Fuy. Constató que el oferente adjudicado presentó dos valores totales finales distintos en su oferta económica, contraviniendo las bases. La comisión evaluadora solicitó aclaraciones sobre la oferta económica, lo cual no estaba permitido por tratarse de un requisito esencial. Se detectaron inconsistencias en los certificados de experiencia presentados por el adjudicatario.

El reciente pronunciamiento de la Corte Suprema, que admite a tramitación un recurso de protección en contra de Meta por la eliminación de contenido, abre un precedente inédito en el ordenamiento jurídico chileno: ¿puede el Poder Judicial ejercer un control eficaz sobre actos de moderación realizados por actores privados globales? La presente columna reflexiona sobre los alcances constitucionales de esta intervención judicial y los desafíos normativos que plantea.

¿Puede el enfoque comparado ayudar a fortalecer el reconocimiento del suicidio como accidente laboral en Chile? Diversos sistemas jurídicos han avanzado hacia interpretaciones más integrales que consideran el sufrimiento psíquico como consecuencia de entornos laborales adversos. Estas perspectivas permiten reevaluar el vínculo entre condiciones de trabajo y decisiones extremas, superando visiones reduccionistas sobre la intencionalidad. Incorporar dichos enfoques podría enriquecer la aplicación del artículo 5° de la Ley N° 16.744, promoviendo una evaluación más contextual, fundada en la sana c

La permanencia del amparado ponía en riesgo la seguridad y el proceso de reinserción de otros adolescentes, dada su conducta persistente y negativa. Además, valoró la inexistencia de opciones internas de traslado y la idoneidad del recinto en Puerto Montt como medida proporcional y necesaria. Existe un informe del SENAME que justifica el traslado. El artículo 56 de la Ley N°20.084, que permite el traslado de condenados mayores de 18 años a recintos de Gendarmería bajo ciertas condiciones. Corte priorizó la seguridad del condenado y de terceros sobre la facilidad de las visitas familiares.

El imputado se presentó voluntariamente y justificó su inasistencia a la audiencia, pero el tribunal no se pronunció sobre su solicitud de dejar sin efecto la orden de detención, manteniendo la prisión preventiva sin analizar los antecedentes, lo que vulneró su derecho a defensa y a la libertad personal.

Comisión excluyó al interno por supuesta reincidencia, aplicando el artículo 17 letra g) de la Ley N°19.856. Sin embargo, la Corte constató que en la sentencia se le reconoció la atenuante de irreprochable conducta anterior, descartando dicha condición. Determinó que la exclusión carecía de fundamento legal y vulneraba la libertad personal.

El acusado obtuvo una licencia médica falsa para justificar un viaje al sur de Chile y Argentina con su pareja, engañando a una médica sin especialidad en psiquiatría y cobrando su sueldo completo. La sentencia confirmó que actuó con dolo mediante un ardid planificado, causando perjuicio a la Municipalidad de Maipú.

Se realizó la audiencia para debatir el monto de la caución, cumpliendo con el artículo 146 del Código. El juez consideró que $1.000.000 propuesto por la defensa no era suficiente para garantizar la comparecencia del imputado. La la determinación del monto de la caución es una facultad del tribunal y no una obligación legal. Ante la insuficiencia de la caución ofrecida no hay ilegalidad en mantener la prisión preventiva por peligro de fuga. No hubo vulneración al debido proceso, ya que se realizó la audiencia y se tomó una decisión fundamentada. No corresponde revisar la razonabilidad de la de

El tribunal confirmó la legalidad de la multa de 500 UTM impuesta por la Superintendencia de Salud, al constatarse que la clínica exigió una garantía económica en contexto de una urgencia vital, contraviniendo expresamente la normativa sanitaria, y desestimó el reclamo por haber sido interpuesto contra una resolución distinta a la contemplada en la ley