Nacional

Los derechos cuya protección se pretenden aparecen visiblemente controvertidos por la recurrida, sin que esta acción cautelar pueda llegar a constituirse en una instancia declarativa de derechos, al existir un procedimiento administrativo específico para tales efectos, ya que la competencia administrativa para fijar los deslindes de ríos (lagos y esteros) corresponde privativamente al Ministerio de Bienes Nacionales, en conformidad con las facultades que le entrega el Decreto Ley Nº 1939, de 1977.

El profesor Enrique Barros señala que “La responsabilidad del primer propietario es estricta calificada, pues está determinada por las fallas o defectos de construcción que hayan dado lugar a los daños. Acreditado el defecto, es indiferente cómo llegó a producirse; de modo análogo a como en el derecho comparado el productor puede ser hecho responsable por los daños causados por un producto defectuoso, el primer propietario es responsable por los daños causados por fallas o defectos de construcción. En consecuencia, quien encarga la construcción asume los riesgos por defectos de construcción, i

En cuanto a la figura del “único empleador”, la Dirección del Trabajo ha señalado que el poder de dirección laboral implica facultades para lograr el proyecto empresarial en lo laboral, como contratar, ordenar prestaciones, adaptar el trabajo a las necesidades del mercado y sancionar incumplimientos. Este poder se ejerce comúnmente cuando estas facultades están coordinadas entre empresas vinculadas por propiedad. Sin embargo, el vínculo propietario solo no es suficiente; debe existir el ejercicio conjunto de la potestad de mando laboral sobre los empleados de las empresas vinculadas.

Debe concluirse que no yerra la Corte de Puerto Montt al acoger el recurso de nulidad planteado por el demandado en lo referido al primer asunto examinado y sostener que el recargo legal debe ser calculado sobre la indemnización por años de servicio prevista en el artículo 163 inciso segundo del Código del Trabajo, y no sobre la pactada en el convenio colectivo; en tanto que sí yerra, al hacer lugar al arbitrio también en su segundo acápite y estimar que la judicatura del grado incurrió en una infracción de ley al disponer la restitución del monto descontado por el empleador por concepto de ap

La descripción fáctica que constituía el objeto del juicio ha conducido a que los hechos que se tuvieron por acreditados sean distintos a aquellos descritos por el acusador, y este error afectó el ejercicio del derecho de defensa que ha tenido influencia sustancial en el resultado del juicio, infringiendo el artículo 341 del Código Procesal Penal acarreando una sentencia condenatoria por circunstancias de hecho distintas a aquellas por las que debía defenderse.

El reciente conflicto entre el juez Óscar Meriño y la ministra Romy Rutherford expone fallas estructurales en la administración de justicia en Chile. Desde el nombramiento de peritos hasta la evaluación de magistrados, la transparencia y el rigor institucional están en juego. ¿Cómo evitar que la corrupción erosione la confianza en el sistema judicial?

La Comisión de Constitución y la ministra Javiera Toro destacan la importancia de generar certezas y evitar contradicciones en estos procesos.

El Tribunal determinó que la sanción de la Superintendencia del Medio Ambiente fue correctamente aplicada.

Se solicita que la disposición sea declarada inaplicable al caso concreto por producir resultados contrarios a la Constitución, al introducir una diferencia arbitraria entre las personas que se encuentran involucradas en un procedimiento por infracción a la Ley N° 18.892, y aquellas otras personas que sean parte en otros procedimientos civiles, y que sí están habilitadas para solicitar el abandono del procedimiento.

La petición del recurrente, básicamente, consiste en el otorgamiento de un cupo extraordinario en un establecimiento de educación escolar y, ante la situación fáctica descrita, sólo cabe aplicar la solución legal contenida en el artículo 34 del Decreto en cuestión, conforme al cual ‘En los casos de que las vacantes sean menores al número de postulantes, los establecimientos deberán aplicar un procedimiento de admisión aleatorio, transparente y objetivo definido voluntariamente por éstos, de entre los mecanismos que ponga a su disposición el Ministerio’, que corresponde justamente a la conducta

La decisión de no proporcionar la terapia con el medicamento RISDIPLAM, aparece como arbitraria y amenaza la garantía del artículo 19 N°1 de la Constitución, toda vez que, se ha negado el acceso a una terapia farmacológica con un medicamento necesario para su sobrevivencia e integridad física y psíquica, considerando que la AME tipo 3 que sufre, es una enfermedad que, a falta del RISDIPLAM, le conduciría a la muerte en un espacio relativamente breve de tiempo, a raíz de un colapso de su sistema respiratorio, debido a la degeneración muscular progresiva que produce, en circunstancias que la adm

La información publicada por la recurrida no puede fundamentar un recurso de protección, aunque la afectada estime que la divulgación de ese hecho le perjudique. En efecto, muchas informaciones pueden afectar el sentir de las personas a las que se refieren, pero el valor jurídico del derecho a informar prevalece sobre intereses legítimos, pero individuales, salvo excepciones legalmente calificadas, lo que no ocurre en el presente caso, máxime tratándose de una autoridad que constituye una persona pública.

Los registros de video vigilancia captados en espacios públicos y de libre acceso al público, pueden ser utilizados por la policía para el reconocimiento de imputados, pues no existe norma en el Código Procesal Penal que lo prohíba, por ende, el uso de estas imágenes no constituye un acto autónomo sin autorización.

El fallo validó la calificación favorable del proyecto, destacando que, aunque algunas observaciones ciudadanas no fueron incluidas en el Informe Consolidado de Evaluación, fueron debidamente respondidas y consideradas en la Resolución de Calificación Ambiental.

Más allá del resultado obtenido lo cierto es que la campaña electoral de Noboa ha sido muy desigual respecto a los otros candidatos. No solo porque la cara y los colores de Noboa inundaron la vía pública y los teléfonos móviles de cualquier ciudadano que haya abierto una red social sino también porque el presidente logró -mediante una leguleyada jurídica- jugar el doble rol de mandatario y candidato.

La empresa lechera Chilterra, representada por el estudio jurídico Carrasco, Toro y Cia., ha presentado una demanda ante el Tribunal de Libre Competencia (TLDC) contra Prolesur, filial de Soprole, por prácticas explotativas en la fijación del precio base de la leche y sus valorizaciones.

Amplió los derechos sociales y civiles, el derecho al matrimonio igualitario y el derecho a una muerte digna. Estableció los deberes de los ciudadanos, incluido el de la protección de los animales como seres sintientes y propuso nuevas modalidades en la planeación de la Ciudad, asumiendo al territorio como el eje articulador de las políticas públicas.

El procedimiento sancionatorio que suspendió por un semestre de la carrera universitaria a la recurrente, la inhabilitó temporalmente para realizar ayudantías o tutorías y parcialmente para recibir beneficios económicos otorgados por la recurrida, faltó a principios básicos del debido proceso, como es, que no se respetara su derecho a defensa, presentar descargos y rendir prueba respecto de los hechos que se le imputan; como asimismo que las resoluciones que impone la sanción y la que la confirma tuviesen la fundamentación necesaria que permita dar cuenta que los hechos que se dieron por estab

Si bien se constata que la fecha fijada para la audiencia de juicio oral supera el plazo previsto en el artículo 39 de la Ley N°20.084, ello obedece a limitaciones de agenda del tribunal. La subsistencia las medidas cautelares no deriva de la fijación de la audiencia en una fecha posterior al plazo legal, sino de la concurrencia de los requisitos de las citadas normas.

Es un hecho no controvertido que el recurrido ha modificado los deslindes por su propia mano, aun cuando tenga los derechos que ha alegado, las vías de hecho han modificado el estatus quo entre las partes, no siendo la vía correcta, debiendo el recurrido ejercer las acciones legales pertinentes, ya que la alteración por vías de hecho es un supuesto suficiente para hacer procedente la tutela cautelar de urgencia que implica la acción de protección.

Si bien la recurrida ha adoptado medidas y ha ejecutado acciones en relación con la problemática denunciada, estas no resultan suficientes ni eficaces para lograr una solución real y definitiva que ponga fin a las vulneraciones sostenidas y prolongadas en el tiempo que han afectado los derechos fundamentales de los recurrentes.

Al ser el encausado un enajenado mental, no puede imponérsele la medida en su grado mayor en atención a la falta de capacidad del acusado para orientar sus actos según los mandatos del derecho, por lo que, el castigo debe aminorarse.

La iniciativa modifica el artículo 14 de la Constitución para aumentar de cinco a diez los años de avecindamiento en el país requeridos a los extranjeros para que puedan ejercer el derecho a sufragio; y, en segundo lugar, para limitar el derecho a sufragio de las personas extranjeras únicamente a las elecciones y plebiscitos municipales.

La iniciativa persigue optimizar el uso de los recursos hídricos disponibles, promover la sostenibilidad ambiental y fomentar un desarrollo económico responsable, garantizando estándares de calidad y seguridad.

Entre las medidas está mantener el control de potenciales elementos combustibles al interior de las instalaciones y mantener habilitadas las fajas perimetrales de cortafuegos o protección.

La moción modifica las Leyes N° 20.640 y Nº18.700 para eliminar el sistema de elecciones primarias en la nominación de los candidatos a gobernadores regionales y alcaldes, argumentando su baja participación y eficiencia electoral, además del alto costo que implica su realización.

El recurso de protección no tiene por objeto dirigir las acciones de la autoridad e intervenir en el ejercicio de sus facultades de gestión. No es la vía idónea para concretar las pretensiones de la recurrente, al carecer esta acción de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento.

Argumenta que la adquisición del inmueble en cuestión responde a un procedimiento administrativo que versa sobre el interés público y no corresponde a un negocio jurídico privado. Explica que el contrato no se perfeccionó, ya que no se dictó el Decreto Aprobatorio exigido en derecho público y, en todo caso, la causal de cesación en el cargo se debe interpretar y aplicar restrictivamente.

Ayer se celebró el Día Internacional del Condón, una iniciativa de la organización AIDS Healthcare Foundation (AHF) desde 2012. Su objetivo es fomentar el uso del preservativo como un método esencial para la prevención de enfermedades de transmisión sexual (ETS) y embarazos no planificados.

La separación del recurrente del servicio es una medida de naturaleza temporal y condicional, y que no ha sido dispuesta como consecuencia de la aplicación de una medida disciplinaria, puesto que se encuentra vigente aun el sumario administrativo instruido por encontrarse involucrado en un delito de infracción a la Ley N°20.000.