Nacional

Se procedió a la eliminación de las anotaciones prontuariales del recurrente en virtud de lo previsto en el artículo 8, letra g), del Decreto Supremo N° 64 de 1960, del Ministerio de Justicia, y que, para la eliminación de los antecedentes en la Hoja de Vida del Conductor, el actor previamente debe formular tal petición en cualquiera de las oficinas del organismo recurrido. Que, en tal caso, para que su requerimiento sea sometido a tramitación, debe manifestarlo y pagar los derechos conforme a lo previsto en los incisos 2 y 3 del artículo 217 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2009, del Mi

Pese a haberse notificado a los padres por correo electrónico el 10 de diciembre del año pasado sobre los días en que debían concurrir a formalizar la matrícula de su hijo para el año 2025, estos no comparecieron a realizar dicho trámite, por lo cual no puede tenerse por establecida la existencia de un acto arbitrario o ilegal atribuible a la recurrida y, en consecuencia, susceptible de ser remediado por esta vía.

La Magistratura Constitucional sostuvo que de ninguna manera se encuentra afectado en este caso el derecho al recurso. Indicó que tal derecho no está garantizado en forma absoluta, de manera que ni abarca a todas las resoluciones de un juicio, ni se refiere a todos los recursos que procesalmente existan. Las exigencias del derecho al recurso, en verdad, se refieren a la resolución final y no a las intermedias, o cuando menos no a todas las intermedias, y mucho menos si éstas recaen sobre alegaciones que pueden renovarse al recurrir del fallo final.

El acto que se pretende rectificar por los accionantes, se remonta a más diez años a la fecha, evidenciándose una actitud pasiva de quien impetra el amparo constitucional, tornando su petición extemporánea por esta vía de cautela urgente, esto es, a dos lustros que se haya emitido el acto cuya rectificación pretendía.

Los integrantes de la Comisión de Salud elaboraron una propuesta que regula las modalidades bajo las cuales los empleadores les proporcionarán alimentos a sus empleados propiciando el consumo equilibrado de macronutrientes.

Entre las medidas, la empresa deberá presentar un nuevo proyecto de medidas de control, además de implementar una actualización del plan de contingencias para evitar la muerte de fauna marina. En 2023, el SAG también constató la presencia de 105 cormoranes muertos en el sistema de aducción del proyecto.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) dio a conocer los resultados de su proceso de fiscalización 2024 a instituciones de educación superior estatales, en el que se evaluó el cumplimiento de normas de transparencia activa – esto es el acceso a información pública disponible - en universidades estatales, centros de formación técnica (CFT) y servicios locales de educación pública (SLEP).

El éxito o fracaso de un Código de Procedimiento Constitucional dependerá, en últimas, de los operadores jurídicos encargados de su aplicación, tal y como sucede con cualquier código; la credibilidad y seguridad de una formalización del Derecho Procesal Constitucional a través de una codificación pueden llegar a ser relativas, sobre todo en sociedades tan complejas como la colombiana.

La Magistratura Constitucional concluye que el requerimiento de inaplicabilidad no contiene una exposición clara de los hechos y fundamentos en que se apoya y de cómo ellos producen como resultado la infracción de los derechos y garantías constitucionales alegadas como transgredidas.

La recurrida, al decidir que la entrega de la información de salud del menor se hará sólo al progenitor que tiene el cuidado personal del menor, salvo resolución judicial en contrario, se ajusta a la legalidad vigente, por cuanto, la interpretación armónica de las disposiciones citadas no entregan otra alternativa, no existe otra solución para un establecimiento de salud, público o privado, atendido una eventual colisión de dos consentimientos contrapuestos, se debe optar por el titular del cuidado personal del menor.

Denuncia que la decisión de la Comisión Técnica Asesora de Drogas Oncológicas de Alto Costo, dependiente del MINSAL, consistente en descartar la continuación de su tratamiento con la droga oncológica T-DM1, prescrita por su médico tratante, es arbitraria e ilegal, y vulnera su derecho a la vida e integridad física y psíquica.

Se ordenó a la iglesia recurrida abstenerse en lo sucesivo de emitir ruidos cuyo volumen exceda los máximos permitidos para la zona en la que se emplaza su templo, atendido que sus emisiones sonoras, al menos en algunas ocasiones, han sobrepasado de los límites legalmente admisibles; perturbando con ello a la actora el legítimo ejercicio de su derecho al libre desenvolvimiento de su vida privada, por implicar una injerencia arbitraria en su intimidad personal y familiar; a lo que se suma una evidente afectación a su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

La Ley N° 18.900 hizo desaparecer el sujeto obligado a restituir lo depositado (Caja Central de Ahorros y Préstamos), sustituyéndolo por el Fisco, y condicionó la existencia de la obligación al cumplimiento de una condición suspensiva meramente potestativa del deudor que no se ha cumplido y a la que se encuentra supeditado el pago de una obligación de restitución del dinero depositado, la que por su naturaleza debe ejercerse a voluntad del depositante y no del depositario. Los depositantes detentan un derecho de propiedad sobre un crédito cuyo ejercicio ha sido supeditado por un precepto que n

La casa de estudios tiene la facultad legal de fijar las condiciones para la titulación y entrega de títulos, motivo por el cual, su negativa a expedir el certificado de título dice relación con el cumplimiento de sus respectivas obligaciones. Teniendo presente el petitorio planteado en cuanto se persigue por esta vía que se disponga “la entrega de su título profesional”, aparece que, la denuncia de vulneración de garantías impetrada, no se vincula con una materia que corresponda ser dilucidada por medio de la presente acción cautelar de urgencia.

La omisión resulta ilegal, desde que el órgano requerido pudiendo haber llevado a cabo la rectificación de un error fáctico manifiesto y, en el cual no tuvo intervención alguna la parte recurrente, ya que se verificó por una equivocación en el estudio y análisis de la documentación acompañada por la sucesión de la causante ante el ente recurrido, se negó a rectificar tal yerro, en circunstancias que tenía la competencia para disponerlo.

Lleva razón la institución recurrida cuando señala que, conforme a la correcta interpretación de la normativa, resulta improcedente exigir la entrega del saldo que actualmente registra la cuenta de ahorro del causante, efectivamente de un monto menor a 5 U.T.A., pues, en su calidad de retenedor de impuestos, debe velar por que la cantidad mayor de dinero que fue ilegalmente retirada de la entidad por los herederos —sin conocimiento de parte de ella del fallecimiento de su cliente— sea declarada como parte del inventario de los bienes dejados por su fallecimiento, a efectos de que el Servicio d

El artículo 141 del Código Procesal Penal, solo permite la prisión preventiva anticipada cuando el imputado está cumpliendo efectivamente una pena privativa de libertad y no cuando está bajo la misma medida cautelar, refiere el voto en contra.

Denuncias ciudadanas reportaron que producto de las obras realizadas en el sector de la Variante San Juan, en particular las vinculadas a las tronaduras, vecinos del lugar estarían viendo afectada su salud. En base a estos antecedentes, se realizaron inspecciones ambientales al proyecto y requerimientos de información, que constataron -entre otros antecedentes- que la obra ejecutaría tronaduras muy por sobre lo declarado en la evaluación ambiental.

No se advierte una vulneración de la igualdad ante la ley y de la libertad del trabajo del recurrente, ya que la decisión cuestionada se encuentra justificada en la necesidad de resguardar los derechos del imputado, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del Código Procesal Penal.

La decisión de excluir al amparado, fundada en el texto del artículo 17 letra e) de la Ley N°19.856, conforme a la modificación introducida por la Ley N°21.421 de 9 de febrero de 2022, supone aplicar retroactivamente una norma penal desfavorable para el sentenciado, toda vez que le exige cumplir con requisitos inexistentes, tanto a la fecha en que cometió el ilícito como a la fecha en que fue condenado por sentencia firme y ejecutoriada.

La negativa a conceder la libertad condicional no se ajusta a derecho, ya que Gendarmería informó que el amparado cumple el tiempo mínimo requerido, presenta un riesgo de reincidencia bajo, cuenta con una red de apoyo familiar que favorece su reinserción social y ha demostrado conciencia del daño causado y motivación al cambio.

Entender lo contrario en el caso en concreto y permitir como lo hizo la Juez a quo que transcurridos 9 meses se le otorgue un plazo de dos días al Ente persecutor para deducir la acusación en contra de la amparada, significó exponerla a permanecer vinculada al proceso y eventualmente expuesta a un reproche penal, actuar ilegal que amenaza la libertad personal de la amparada.

El título esgrimido por el demandado es un contrato de administración agrícola sin disposición de bienes, que no contiene referencia alguna a la autorización para ocupar, no siendo suficientes las declaraciones testimoniales para agregar contenido a un contrato que es ley para las partes y que, además, se encuentra extinguido desde la muerte del mandante, siendo forzoso concluir que este no cuenta actualmente con título alguno que lo habilite para ocupar la propiedad y que sea oponible a la actora, por lo que la tenencia es por mera tolerancia e ignorancia de su dueña.

El tribunal a quo consideró que en la comunicación del auto despido no se habían satisfecho completamente las exigencias formales que prevé la ley, al no haberse indicado la dirección íntegra de la demandada, no obstante lo cual estimó que tal defecto no vicia el auto despido, criterio que esta Corte comparte.

El TOP cumplió con su obligación de valorar directamente las pruebas presentadas en la audiencia, lo que incluye la observación del comportamiento de los testigos, la consistencia de sus declaraciones y la relevancia de las pruebas documentales y materiales, como videos y fotografías.

En las primeras semanas de su segundo mandato, el presidente estadounidense Donald Trump no ha parado de exhibir su poder político.

Siendo el solicitante titular de la inscripción de nacimiento del año 1962 -rectificada por sentencia judicial en el año 1972-, el cambio de apellido que se revisa corresponde a la primera presentación de su parte, sin que la modificación que lo registró con un apellido paterno compuesto, cuando éste tenía solo 10 años de edad, limite o restrinja el ejercicio de su derecho, por cuanto el cambio consiste únicamente en eliminar el guion de su apellido paterno compuesto, no siendo esta una modificación sustancial a los apellidos que usa desde el año 1972, por lo que resulta ajustado a derecho aut

La procedencia del descuento requiere no sólo que el contrato de trabajo haya terminado formalmente por las causales previstas en el artículo 161 del Código del Trabajo, sino que dicho motivo haya sido validado judicialmente en caso de impugnarse su procedencia o justificación pues, de otro modo, se desvirtúa la intención que se tuvo en vista para la dictación de la ley. Cuando el despido es declarado injustificado, lo que determina que no ha existido la causal invocada para desvincular al trabajador, por lo cual, tratándose de una prerrogativa a favor del empleador, se le debe considerar una

Esta regla establece la relación entre la formalización, la acusación y la sentencia como ejes fundamentales del proceso penal, delimitando el marco probatorio del juicio. La congruencia no solo limita la sentencia al marco de la acusación, sino que también resguarda la correcta valoración de la prueba y su pertinencia en el proceso.

El motivo de la baja, de conformidad a lo expresado en la resolución impugnada, obedeció a que el día 8 de agosto pasado, encontrándose el actor como jefe del segundo patrullaje, acompañado de otro funcionario, a las 3:31 horas, proceden a consultar vía radial antecedentes respecto de un ciudadano, obteniendo como respuesta que este mantiene un total de 18 causas y que además mantiene una orden de detención vigente, no adoptando el procedimiento correspondiente establecido en el artículo 127 y 128 del Código Procesal Penal e instrucciones impartidas en la orden general 1877, permitiendo que es