Nacional

Sostuvo que no se produjo vulneración de derechos fundamentales, ya que los usuarios actuaron de manera voluntaria, y prestaron su consentimiento explícito para que su iris fuera escaneado a cambio de criptomonedas.

La requirente sostiene que la aplicación del precepto impugnado en la gestión pendiente infringe los artículos 19 N°2 y N°3 de la Constitución, al vulnerar los principios de igualdad ante la ley, debido proceso y proporcionalidad de las penas, debido a la incertidumbre jurídica que genera y a la excesiva discrecionalidad otorgada al SII.

La Corte razona que el acto no vulnera derechos de propiedad ni generó perjuicios inmediatos a los intereses del recurrente, y que las restricciones impuestas son necesarias para preservar el patrimonio cultural y están dentro de la función social de la propiedad.

El artículo 28 de la Ley de Transparencia establece lo siguiente: “En contra de la resolución del Consejo que deniegue el acceso a la información, procederá el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante. Los órganos de la Administración del Estado no tendrán derecho a reclamar de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información que hubieren denegado, cuando la denegación se hubiere fundado en la causal del número 1 del artículo 21”.

Sostuvo que la causal invocada requiere que se explique, de forma concreta, cómo es que se configura la afectación de las funciones del órgano, porque sobre este recae la carga de explicar cómo es que el principio constitucional de transparencia debe ceder, por configurarse la causal de reserva y la afectación de los bienes jurídicos protegidos, esfuerzo que, en el caso concreto, el órgano público no realizó.

Conforme a la presunción de inocencia que ampara al imputado y atendidas las alegaciones de la defensa, el tribunal debía efectuar un ejercicio argumentativo tendiente a explicar por qué la prueba rendida demostraba inequívocamente que en el caso concurrían todos los elementos del tipo penal de robo en lugar destinado a la habitación, lo que no ocurrió.

Sostuvo que la convivencia en sociedad tiene consecuencias favorables y también algunas que pueden resultar desfavorables. Entre ellas, que se edifique en el predio colindante un inmueble que cumpla con las exigencias legales y reglamentarias. Determinó que la edificación del centro deportivo y la autorización municipal para ejecutar dicha obra no vulneraron los derechos fundamentales de los recurrentes.

La actuación de Gendarmería afecta el derecho a la libertad personal del amparado, por cuanto le impide seguir gozando de el o los beneficios intrapenitenciarios.

Señaló que, mientras no se recurra a los procedimientos legales correspondientes y no se disponga lo pertinente por la jurisdicción, no es lícito valerse de vías de hecho para resolver la disputa.

El artículo 27 facultará al fiscal de la causa, en casos de alarma pública o de alta complejidad para solicitar a la Corte Suprema el traslado de la causa a un tribunal de Santiago.

El "catfishing" es una práctica que consiste en crear perfiles falsos en plataformas digitales con el propósito de engañar a otros. Popularizado en 2010 con el documental Catfish, este fenómeno ha escalado como un problema en el mundo online, causando graves daños emocionales y económicos a las víctimas. Expertos legales advierten sobre la importancia de estar alerta, tomar medidas preventivas y buscar ayuda ante cualquier sospecha de estafa.

El Ministerio del Medio Ambiente presentó CIMA, una innovadora plataforma web que reúne los tratados y acuerdos internacionales en materia ambiental en los que Chile participa. Esta herramienta busca acercar a la ciudadanía a los compromisos globales, promoviendo la transparencia y el acceso a la información en línea con el Acuerdo de Escazú.

El máximo Tribunal desestimó el recurso de unificación de jurisprudencia presentado por la empresa Sociedad de Transporte Integra Limitada, confirmando la sentencia que la obliga a pagar $60.000.000 por daño moral a la familia de un trabajador fallecido en un accidente ocurrido en 2020.

El tribunal ordenó medidas alternativas, incluyendo arresto domiciliario total, arraigo nacional y supervisión por el Servicio de Reinserción Social Juvenil, considerando la vulneración de derechos de la imputada y su hijo bajo las normas internacionales de derechos humanos.

El Juzgado de Garantía de Talagante decretó prisión preventiva para Manuel Enrique Zamorano Fernández, imputado por el delito de maltrato animal, tras agredir brutalmente a un perro, Tommy, en un incidente ocurrido el pasado 27 de diciembre.

El Tribunal de alzada desestimó los recursos presentados por la Fiscalía y los querellantes en contra de la resolución que había denegado la prisión preventiva para varios imputados por corrupción en Coronel, incluyendo al alcalde de la comuna, Boris Felipe Chamorro Rebolledo. Además, la Corte modificó la medida cautelar de uno de los imputados, Eduardo Hartwig Iturriaga, al reemplazar su arresto domiciliario total por uno nocturno, manteniendo otras restricciones.

La Corte confirmó la resolución del Consejo para la Transparencia que obliga a la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas a entregar información pública requerida. El tribunal descartó la existencia de causales de reserva y reafirmó el derecho ciudadano al acceso a la información.

El Informe nos recuerda que “América Latina nunca ha tenido democracias instaladas en todos los países de manera simultánea en esta “tercera ola”. Siempre hubo un país, al menos, con una dictadura instalada, desde Fujimori a Chávez. La recesión democrática que aquí describimos, por tanto, no se refiere a esas dictaduras sino más bien al declive y vulnerabilidad al que han llegado los países de la región después de una década de deterioro continuo y sistemático de la democracia”.

Los nuevos antecedentes que han sido agregados a la carpeta investigativa, particularizados en esta audiencia por el Ministerio Público, corroboran la concurrencia de los requisitos de las letras a) y b) del artículo 140 del Código Procesal Penal respecto de los delitos por los cuales ha sido formalizada y reformalizada la imputada.

Cabe recordar que, las acciones ordenadas en julio pasado tienen como sustento el incumplimiento de medidas establecidas en el permiso ambiental del proyecto, que establece que la empresa no puede ejecutar obras en la etapa de construcción, durante el período de nidificación de esta especie, categorizada en estado de conservación “En Peligro”.

La Corte Suprema ratificó la decisión de rechazar el recurso de amparo presentado por la defensa de Cathy Barriga, exalcaldesa de Maipú, quien buscaba invalidar la audiencia que reformalizó la investigación en su contra y decretó su prisión preventiva. El fallo unánime confirma las acusaciones de falsificación reiterada de instrumentos públicos, vinculadas a la entrega de información presupuestaria falsa entre 2017 y 2020.

Para dar inicio al procedimiento administrativo, el querellado presentó al Ministerio de Bienes Nacionales documentos en los que faltó a la verdad en los hechos sustanciales, concretamente, la declaración bajo juramento, suscrita ante notario, de ser el poseedor material del bien raíz, en circunstancias que no lo era.

El acusado fue sorprendido trasladando una caja de mercaderías de una empresa de encomienda, a escasos metros de donde se encontraba el camión de la misma empresa que había sido robado horas antes, por lo que el acusado no pudo justificar el origen legal del paquete.

Un equipo internacional de científicos del instituto filantrópico estadounidense Schmidt Ocean Institute exploró los montes submarinos de las costas de Chile y Perú y descubrió un oasis de biodiversidad marina a miles de metros de profundidad. Gracias a un robot submarino, el equipo identificó alrededor de 100 corales, crustáceos y moluscos hasta ahora desconocidos.

La jueza subrogante defendió la reserva de informes éticos y acusó incongruencias en el actuar del exmagistrado, quien busca acceder al documento para reivindicar su honor tras su destitución.

La verdadera solución al crimen no se encuentra en medidas extremas, sino en fortalecer el sistema judicial, garantizar investigaciones eficientes, promover políticas de prevención y abordar las raíces estructurales de la violencia, como la desigualdad y la exclusión social. Rechazar la pena de muerte reafirma el compromiso de nuestro país con los derechos fundamentales y con la construcción de una sociedad más equitativa y humana.

Así lo plantea una moción presentada por el senador Karim Bianchi que establece la pena de reclusión menor y multas de hasta 500 UTM. La iniciativa fue derivada a la Comisión de Constitución del Senado.

El control de convencionalidad no ha dejado de suscitar ciertos problemas de interpretación y confusiones de tipo conceptual, más aún si tenemos que el derecho internacional ha ido penetrando en el derecho interno de manera constante, llegando a la interrogante de que prevalece sobre el otro, será la primacía de la Constitución o la primacía de los Tratados Internacionales.

Cabe la necesidad de dilucidar y reglamentar de manera específica quien va a ser el sujeto responsable en los supuestos daños ocasionados por la inteligencia artificial, ante la imprevisibilidad del comportamiento de los sistemas dotados de autonomía tecnológica y que presentan un aprendizaje automático o aquellos que toman decisiones en base a estructuras de redes neuronales artificiales.

Papiniano, que vivió entre el siglo II y III de nuestra era, fue el número uno de los grandes juristas de la antigua Roma. En la propia cara del nuevo emperador, Papiniano espetó una frase que pasó luego a la historia: “Es más fácil cometer parricidio que justificarlo”.