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La desinformación se propaga a velocidad alarmante en Internet, pero hay formas de combatirla.

La Magistratura Constitucional indica que la patente por no uso tiene como objetivo garantizar el uso efectivo de las aguas, recurso escaso y esencial, evitando el acaparamiento y la especulación.

Resolvió que el Banco recurrido no se encuentra autorizado para disponer el envío de los antecedentes del actor a la base de datos del Boletín Comercial de la Cámara de Comercio de Santiago, precisamente porque la conducta del recurrente, está siendo revisada ante en un Tribunal y en un procedimiento previsto al efecto, que busca determinar sí obró o no con dolo o culpa.

La expulsión fue ilegal, refiere una prevención, ya que, de conformidad a la normativa vigente de esa época, solo se permitía dicha medida para extranjeros procesados por crímenes o prófugos de la justicia por delitos no políticos, condiciones que no se cumplían para el caso de la amparada.

Resolvió que la reclamante quedó en total indefensión por la falta de motivación fáctica de la resolución reclamada, lo que permite concluir que el acto es ilegal por infracción al artículo 41 de la ley N° 19.880.

Es imprescindible reforzar el compromiso con los valores que deben regir la abogacía: el respeto y la colaboración.

El artículo 45 de la Ley General de Servicios Sanitarios prohíbe a los usuarios del alcantarillado descargar sustancias que dañen los sistemas de recolección, interfieran en el tratamiento de aguas servidas o infrinjan las normas de calidad de efluentes. La fiscalización corresponde al prestador del servicio, quien puede suspenderlo en caso de incumplimientos. Estas disposiciones fundamentan la suspensión realizada por la recurrida, por lo que no se configura ilegalidad ni arbitrariedad en su actuar.

Este día, a medio camino entre la memoria histórica y la diversión moderna, muestra la riqueza y versatilidad de nuestras tradiciones culturales.

La requirente alega que la aplicación de los preceptos impugnados en la gestión pendiente genera efectos contrarios al orden constitucional, ya que permite mantener indefinidamente activa la gestión, lo que vulnera la igualdad ante la ley y el debido proceso. Mientras que aquellas que establecen obligaciones laborales ficticias afectan principios constitucionales como la proporcionalidad, la seguridad jurídica y el derecho de propiedad.

El actor sostiene que a pesar del largo tiempo que lleva en espera, y de que el hospital ha realizado exitosas intervenciones tanto a nivel nacional como internacional, su cirugía nunca se ha llevado a cabo. Añade que la cirugía, conocida por sus beneficios en la mejora de la movilidad y la reducción de síntomas como la rigidez y los temblores, sigue siendo la única opción para mitigar el impacto de la enfermedad.

La cuestión planteada involucra hechos controvertidos que requieren un análisis detallado de los antecedentes probatorios y la determinación de los eventuales derechos del recurrente, lo cual no corresponde sea resuelto en esta vía cautelar.

En los contratos de trabajo para los asistentes de la educación no existe la figura de los contratos de reemplazo, ni tampoco exigencias más allá de las básicas ordenadas por el Código Civil, en cuanto al contenido mínimo que deben tener.

Desde que se admite a trámite un incidente, compete al órgano jurisdiccional conferir los traslados y fallar. Por consiguiente, la ejecutante se encontraba eximida de la obligación de dar impulso al proceso en esta etapa, puesto que debía el tribunal, de propia iniciativa, resolver la reposición planteada por la demandada una vez vencido el plazo de tres días de traslado conferido al actor, y al no hacerlo desatendió el claro mandato del artículo 89 del Código de Procedimiento Civil.

La Ley Karin (Ley 21.643) ha establecido un marco legal robusto para prevenir y sancionar el acoso y la violencia laboral, fortaleciendo la protección de la salud mental en el trabajo. Aunque existían disposiciones previas en el Código del Trabajo y la Ley N°16.744 para abordar riesgos psicosociales, esta normativa visibiliza aún más estas problemáticas e impone nuevas obligaciones preventivas para los empleadores.

En cuanto al caso que hubo de tratar por el Máximo Tribunal, los actores iniciaron demanda de impugnación de filiación contra la demandada para que se expida una nueva partida de nacimiento en la que ellos figuren como padres del niño que ella diera a luz, desplazándola de su estado de madre, condición con la que fuera inscripta.

Los abogados de Miley Cyrus podrían ganar el caso por vulneración del derecho de autor debido a los muchos intervinientes en la canción.

La Magistratura Constitucional ponderó la libertad de expresión con el derecho a la honra, especialmente en el contexto de redes sociales, y sostuvo que, aunque la libertad de opinión es fundamental, no es absoluta y está sujeta a responsabilidades por abusos, conforme a la legislación nacional e internacional.

El hecho que la citada medicina no se encuentre considerada en la canasta GES no es un argumento para negar la cobertura respectiva. Los tratamientos considerados no tienen un carácter taxativo y cerrado, toda vez que es preciso considerar la posibilidad de cambios en los tratamientos relacionados con avances del conocimiento científico, en cuyo caso corresponderá la determinación finalmente a los profesionales tratantes, tal como ocurre en este caso.

Los gastos comunes ordinarios no son fijos, ya que varían mes a mes, especialmente los servicios de suministro y, en este caso, las remuneraciones del personal, que pueden cambiar no solo por una modificación legal del salario mínimo, sino también debido a los días trabajados, las horas extras, entre otras circunstancias. Esta variabilidad de los gastos comunes ordinarios es inherente a su naturaleza y, para solventarlos, se aplica la figura del prorrateo, de acuerdo a la parte que corresponde a cada unidad.

La requirente indica que el precepto impugnado limita de manera excesiva el derecho de los intervinientes a solicitar la revisión judicial de las decisiones, lo que infringe el derecho a un procedimiento justo y racional, garantizado por el artículo 19 N°3 de la Constitución.

Los artículos 26 del Código Penal, 348 del Código Procesal Penal y 164 del Código Orgánico de Tribunales, si bien no autorizan expresamente los abonos de tiempos de privación de libertad anteriores, tampoco los prohíben.

Las actuaciones realizadas en segunda instancia tienen el carácter de gestiones útiles para la prosecución del juicio, considerando el proceso como una unidad, de suerte tal que no es posible atribuir un reproche de inactividad a la parte demandante, en tanto la causa penda en segunda instancia por haber sido llevada a ella por la apelación de la propia demandada.

La requirente alega que se infringe el debido proceso, el derecho de propiedad y la libertad de desarrollar cualquier actividad económica, desde que extiende el nombramiento de interventores judiciales como medida cautelar real reservada para la víctima, y no respecto de un tercero, limitando así la libre administración de sus bienes, y además, alterando el régimen de funcionamiento interno de la Cooperativa.

La Corte de Santiago absolvió a ENEL del pago de una multa, al considerar que el municipio no puede imponer restricciones que obstruyan el desarrollo de los trabajos relacionados con la concesión de distribución de energía eléctrica.

Se estimó que el actuar del acusado fue sobre seguro, al agredir de gravedad a una persona que ya había sido reducida por terceros. Asimismo, la magistratura consideró que el encartado no puede desconocer su dolo homicida, si luego del hecho, procuró ocultar evidencias y que los copartícipes omitieran declarar su participación en el mortal ataque.

Resolvió que, en materia penal, los derechos de las víctimas no otorgan un derecho subjetivo a actuar directamente en el proceso, ya que la acción penal persigue un interés público. Agregó que la formalización es un requisito para que el querellante pueda acusar, pues es el Ministerio Público quien dirige la investigación, lo que garantiza un proceso justo y evita la privatización de la acción penal.

La intención legislativa, al momento de establecerse la obligatoriedad del informe previo de la COMPIN, fue que un organismo técnico estudiara los antecedentes del funcionario, a fin de determinar si su salud resulta o no recuperable, pronunciamiento que, al emanar del órgano técnico competente al efecto, resulta vinculante para el servicio público; y, en este sentido, de declararse que la salud es recuperable, no es posible aplicar la causal del artículo 151 del Estatuto Administrativo.

Sostuvo que la legislación no contempla la posibilidad de omisión de antecedentes penales en el registro de conductor, quedando supeditada la eliminación de tal registro a la supresión de las anotaciones prontuariales, hipótesis de hecho diversa a la que plantea el recurrente.

El requirente alega que las normas impugnadas vulneran la igualdad ante la ley, la integridad psíquica y el derecho de propiedad, al discriminar arbitrariamente a quienes profesan la religión católica, excluyéndolos de la magistratura en razón de un sistema jerárquico específico, lo que contraviene estándares internacionales de derechos humanos.

Además, cuenta con trabajo estable, de acuerdo al contrato de trabajo y certificado de cotizaciones previsionales, todo lo cual da cuenta del arraigo social del extranjero en el país.