Acciones de Amparo y Protección

El respeto y preservación de los Derechos Humanos de todas las personas, incluidas aquellas que se encuentren privadas de libertad no puede ceder frente a argumentos tales como lo antigua y precaria de la infraestructura carcelaria.

Recurrentes alegaron que el proceso sancionatorio seguido en su contra no respetó las garantías constitucionales del debido proceso y la prohibición de ser juzgados por comisiones especiales.

Para resolver el arbitrio se deben tener presentes las actuaciones anteriores del Servicio, en las que renovó el pasaporte sin esgrimir las razones que ahora adujo para negarlo, generando en el actor una expectativa de que le sería renovado el documento nuevamente. No puede actuar en contra de los actos propios.

La Corte estima que los argumentos esgrimidos por el actor en su libelo apuntan más a criticar el funcionamiento del sistema de pensiones chileno, que a analizar si existe una errada aplicación de la normativa en el caso concreto.

Los antecedentes aportados por el recurrente sí han sido considerados y utilizados de forma adecuada en la investigación, informa la PDI.

Al tratarse de una medida cautelar, ésta resulta esencialmente provisoria, por lo cual podrá cesar siempre que desaparezca el peligro que se ha procurado evitar.

Se infringen las normas de tratamiento de datos personales y sensibles, al atribuir al recurrente ser un mal padre por la red social.

El control del régimen jurídico y de remuneraciones del personal de CONAF corresponde a la Dirección del Trabajo, informó la CGR.

El único elemento técnico que existe es si el condenado cayere en enajenación mental, como ocurrió en la especie, por lo que corresponde declarar que no deberá cumplir la sanción restrictiva o privativa de libertad y disponer de la medida de seguridad que correspondiere, ello más allá de las dudas que tenga el tribunal sobre la metodología utilizada en el mentado informe, refiere el voto en contra.

Los organismos a cargo de la investigación y decisión omitieron escuchar al alumno sancionado por supuestos actos de acoso escolar, y tampoco generaron la oportunidad para formular descargos.

Las expresiones vertidas por las recurridas se dan en un contexto de crítica política, no existiendo ánimo o llamado público al repudio del recurrente que caracterizan a las denominadas “funas”.

No consta que se hayan acompañado por la recurrente otros antecedentes que permitan establecer que las mentadas publicaciones tuvieran una relación inmediata y directa con la recurrida, carencia que no puede ser obviada por esta Corte.

Entender lo contrario, importaría una conculcación flagrante al derecho a la vida e integridad física de la víctima, exponiéndola a un riesgo mayor, atendido el comportamiento del imputado.

La recurrida reconoció haber realizado las publicaciones para alertar a otras mujeres a fin de evitar el sufrimiento por un abuso sexual o violación.

La defensa no tiene contacto con el imputado, ni se han acompañado antecedentes como para resolver la eventual enajenación mental, por lo que procede la reapertura.

La Corte consideró que no se mencionaron hechos que afecten garantías constitucionales amparadas por la acción de protección.

La intervención policial fue impartida al amparo del artículo 80 del Código Procesal Penal, por el órgano a quien, constitucional, pública y autónomamente, le corresponde dirigir, exclusiva y objetivamente, las investigaciones penales y el ejercicio de la acción penal pública.

Aun cuanto no se indica su nombre al imputarle conducta de maltrato animal al dedicarse al rubro de la medicina veterinaria se afecta su honra negativamente en la percepción de terceros.

Al conferir traslado aparece palmario que el demorado, negligente y poco prudente actuar impugnado resulta absolutamente incorrecto.

El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e ilegal de la caja de compensación y le ordenó abstenerse de solicitar al actual empleador del recurrente el cobró de los cuotas impagas del crédito y devolver las ya descontadas.

Recurrente alegó vulnerado el derecho a la vida e integridad física y psíquica tanto se du pareja como de su hijo que está por nacer, ya que no hay médicos obstetras en Caleta Tortel.

En esta Corte, constituye una práctica que se ha implementado desde que se instaló el sistema de conexión virtual para los intervinientes en las vistas de sus causas, tomar contacto vía telefónica, lo que en este caso específico no ocurrió, informó la recurrida.

El concejal Raúl Landini Landini señaló que, luego de escuchar la angustia de los vecinos del sector de Huincacara por la pérdida de bosque nativo nos hemos visto en la obligación de acudir nuevamente a la justicia para obligar a la municipalidad a ejercer sus obligaciones en materia ambiental y fiscal en materia de rentas y patentes pues estas extracciones ilegales además de destruir el medioambiente, no pagan impuestos ni ingresos municipales produciendo un perjuicio millonario al patrimonio nacional que debe ser perseguido por la justicia.

El Tribunal de alzada desestimó la procedencia del recurso, al encontrarse la materia de fondo sometida a la judicatura ante el Primer Juzgado Civil de Talcahuano.

El Tribunal de alzada estableció el actuar ilegal de la institución recurrida al resolver la expulsión del recurrente al margen de un debido proceso.

Una vez que la estudiante accede a los cursos remediales comienza el proceso de evaluaciones para optar a la Licenciatura de fojas cero, lo que implica rendir nuevamente el examen de grado completo y realizar una nueva tesina.

Aunque se trate de una conducta que podría encuadrarse dentro de la autonomía de la voluntad de los recurridos, no es menos cierto que dicho actuar atenta en contra de bienes jurídicos protegidos por nuestra Constitución Política y que deben ser resguardados por la Corte.

El juez de garantía despachó una orden de detención respecto del amparado en un caso no previsto por el legislador.

Resulta plenamente plausible que las partes tengan apreciaciones distintas respecto de los deberes de fiscalización y, en tal sentido, no se han acreditado actos u omisiones, arbitrarios o ilegales, que afecten el debido ejercicio de un derecho indubitado.

La recurrente no tiene un derecho, siquiera una mera expectativa, que haya sido vulnerado por el actuar de la recurrida, ni que deba ser cautelada por este órgano jurisdiccional.