Acciones de Amparo y Protección

Se denegó orden de no innovar solicitada por la recurrente.

El fármaco fue recetado en conjunto con otros medicamentos que están considerados en la canasta GES, por lo que dicha cobertura debe ser extendida necesariamente al solicitado.

Dispuso con estricto apego a derecho el retiro obligatorio del recurrente en aplicación del sistema contemplado por la Ley N°21.209.

Es un hospital que forma parte de la red del Servicio de Salud Pública por lo que se encuentra sujeto a las reglas de responsabilidad previstas en la Ley N°18.575 y la Ley N°19.966.

El centro penitenciario cuenta con los medicamentos recetados, los cuales son suministrados de forma diaria en las cantidades prescitas por los controles médicos.

La única medida que en tal sentido puede adoptar la administración lo es exclusivamente por no pago de gastos comunes.

Es una enfermedad que se encuentra contemplada dentro de las Garantías Explicitas de la Salud y el fármaco recetado fue prescrito por el comité oncológico competente como única opción para mantener con vida al paciente.

La relación a contrata es de carácter temporal y la permanencia del empleo está entregada a la necesidad de la institución de contar con el servicio de los funcionarios y de sus recursos presupuestarios.

La medida cautelar fue decretada en conformidad a lo dispuesto en el artículo 140 letra c) del Código Procesal Penal.

El Tribunal de alzada no hizo lugar a la acción deducida, tras establecer que la autoridad recurrida actuó dentro de sus atribuciones.

El reglamento contempla un procedimiento y un protocolo de acción insuficiente e incompleto contrario a los deberes prescritos por el Ministerio de Educación.

El Tribunal de alzada acogió la acción deducida, tras constatar el actuar ilegal y arbitrario de la isapre al alzar el valor del plan de la recurrente por incorporación de hijo recién nacido.

La construcción se realizó de forma unilateral, sin el acuerdo del recurrente de donde debe materializarse el cierre de los terrenos.

Los hechos denunciados inciden en una materia que debe ser declarada en un juicio de lato conocimiento conocido por un tribunal competente y no es materia objeto del recurso de protección.

El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario de la recurrida al retener los montos sin pedir información fidedigna.

Está proscrita cualquier actividad que pueda alterar el estado natural del sector.

Se concedió orden de no innovar prohibiendo a la recurrida exigir la presencia de la funcionaria y le permite desempeñar sus labores mediante teletrabajo.

El máximo Tribunal estableció el actuar ilegal y arbitrario del banco al no devolver los fondos.

La potestad invalidatoria de la Administración se ejerce con audiencia previa del interesado y no puede ejercerse si han transcurrido más de dos años desde la fecha de notificación del acto que se trata de invalidar.

La sentencia determina que no concurre el requisito signado para la procedencia del recurso entablado, consistente en que se compruebe la existencia de la acción reprochada, esto es, que efectivamente la parte recurrida habría realizado el acto que se le atribuye.

El Tribunal de alzada desestimó la acción cautelar por considerar que el actuar de la recurrida no es arbitrario ni ilegal.

El Tribunal de alzada estableció que el colegio recurrido infringió la Convención sobre los Derechos del Niño y aplicó en forma arbitraria y abusiva las cláusulas de prestación de servicios educacionales, vulnerando las garantías constitucionales de los padres de libertad para escoger el establecimiento educacional de sus hijos y la libertad de opinión, contempladas en los numerales 11 y 12 del artículo 19 de la carta fundamental.

La medida dictada hace más de 4 años por un delito de tráfico de estupefacientes es desproporcionada e innecesaria, ya que la permanencia de la amparada no reviste la gravedad y peligrosidad que amerita la expulsión y prohibición de su ingreso al país.

La Ley N°20.529 solo encomienda a la recurrida la ejecución de las sanciones aplicadas por la Superintendencia de Educación, pero no está facultada para realizar ajustes a lo determinado por el ente sancionador.

Con el fin de resguardar la igualdad ante la ley de la actora, la recurrida debe dar pronta realización a la investigación sumaria.

No existe en el ordenamiento jurídico una norma que autorice la elaboración y mantención indefinida de un registro de datos personales de quienes hayan tenido la calidad de intervinientes o de imputados en un proceso penal.

Los comentarios de las recurridas se enmarcan en el legítimo ejercicio de su libertad de expresión y no adicionan una calificación o expresión que pueda advertir un trato vejatorio o deshonroso hacia la recurrente.

Los antecedentes presentados en la causa no permiten establecer que las llamadas y los mensajes de amenaza hayan sido realizados por los recurridos.

Los procedimientos disciplinarios deben contar con etapas claras que permitan a los involucrados realizar sus descargos y contrastar sus versiones con las de otros involucrados.

Los hechos expuestos por el recurrente representan cuestionamientos sobre materias propias de la labor del poder legislativo y no constituyen una vulneración de alguna de las garantías fundamentales amparadas por el recurso de protección.