Acciones de Amparo y Protección

Los recurridos informaron que los hechos habrían ocurrido dentro de su propiedad, pues al concurrir al sector se percataron que habían cerrado parte de su predio en una extensión de cinco hectáreas.

“no se encuentra acreditado que quien acciona sea titular de algún derecho de uso o de servidumbre que lo autorice para transitar por el camino..."

“No es posible tildar de ilegal la medida adoptada”, por cuanto “la privación de la función municipal que afectó a la recurrente derivó de una actuación cumplida por el alcalde de la Municipalidad en uso de normas legales expresas”, la que, en todo caso “se ciñó al procedimiento estatuido”.

(...)los “descuentos de sus emolumentos son excepcionales”, de forma tal “que todo aquel que no sea obligatorio, tales como impuestos, cotizaciones y aquellos establecidos expresamente por ley, son voluntarios, lo que significa que deben contar con una autorización expresa del funcionario respectivo y quedan sujetos al límite del 15% de la remuneración”.

No se está en presencia “de un derecho indubitado”, pues no resulta posible “establecer como hecho de la causa la existencia del proyecto ya referido”, que constituye el supuesto que le permitiría “exigir que se le proporcione la información que alega omitida, más si se considera que el recurrido señala que ese proyecto no existe”.

Se interpuso acción constitucional en contra de la Municipalidad de San Esteban y de la Contraloría General de la República. La Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, reiterando que esta acción cautelar de derechos constitucionales no constituye una instancia de declaración de derechos

Corte Suprema desestimo tres recursos de casación en el fondo en contra de sentencias dictadas por la Corte de Apelaciones de Santiago que habían desestimado reclamos de ilegalidad interpuestos en contra de las Municipalidades de Macul y las Condes. La CS concluye que en estos tres casos, no se vulnera el principio de reserva legal.

“No fueron decididos a través del decreto de adjudicación, sino que vienen determinados por todos los actos anteriores a dicho decreto”, los que, en todo caso “fueron dictados o aprobados cuando no se encontraba vigente el Convenio N° 169 de la OIT”.

“En que el fin del acto, que es uno de sus elementos constitutivos, es distinto del fin general de interés público, que debe ser el de toda actividad pública, o el fin particular establecido para determinados actos por la norma respectiva. Fin que puede ser de interés particular de la autoridad, como político, religioso, o personal, y que también puede ser de interés general pero distinto de aquel específico que según la norma permitía la dictación del acto”.

“la acción aparece deducida en contra de una carta, suscrita por la Directora de la Escuela, por medio de la cual, a juicio de los recurrentes, han adquirido la calidad de alumno vigilante becario, lo que no resulta efectivo en consideración a la normativa que regula la materia”, puesto que esa “carta no constituye un acto administrativo y mucho menos un acto terminal, que permita señalar que puede llegar a constituir un derecho adquirido”.

“no puede soportar la carga que significa aquel comportamiento indebido de los imputados mencionados, sin caer en un incumplimiento grave de sus obligaciones”

"la situación es grave, ya que las vertientes naturales que proveen agua a las distintas comunidades se encuentran situadas justamente bajo las instalaciones de las mineras, existiendo el peligro latente de que estas sean contaminadas, situación que vulneraría el derecho a la vida, a la propiedad y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación".

Se dedujo una acción de protección en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) de la Región Metropolitana, por cuanto dictó una serie de resoluciones que rechazan el pago de licencias médicas de una particular, situación que vulneraría su integridad física y psíquica, y el derecho de propiedad sobre el subsidio que…

“que la discriminación de que afirma la recurrente haber sido víctima a raíz de los sucesos acaecidos en Haití”, se fundamenta “únicamente en apreciaciones de carácter subjetivo de la actora, no corroboradas por ningún antecedente serio y válido”, por lo que resultan del todo “ineficaces para los fines propios del recurso”.

Los recurridos informaron que las religiosas no tienen su domicilio en el lugar donde se ubica la propiedad que arriendan y que esta no sería la vía idónea para resolver la cuestión planteada, por cuanto se trata de una materia de lato conocimiento y que se encuentra bajo el conocimiento de los tribunales de justicia.

“Que del mérito de los antecedentes y de lo expuesto por el abogado del recurrido en estrados, es posible concluir, que no es un acto arbitrario e ilegal que vulnera la garantía constitucional invocada, ni ninguna otra, motivo por el cual se deberá rechazar el recurso en la forma que se dirá en la parte resolutiva”, donde sólo hace referencia a uno de los tres recurrentes.

Se interpuso acción constitucional en contra de la Municipalidad de Talca y de la Contraloría General de la República, dicha acción fue acogida por la Corte de Apelaciones de Talca, sin embargo la Corte Suprema revocó la sentencia de alzada argumentando que la acción cautelar de derechos constitucionales no constituye una instancia de declaración de derechos

“No es una materia que pueda ser objeto de la acción constitucional de protección”, ya que “la resolución judicial antes indicada fue dictada por una Jueza de Garantía en una audiencia ventilada en un procedimiento ordinario”, donde las alegaciones de las partes han debido formularse comprendiendo el sentido que ha sido invocado”, esto es, los derechos del menor ofendido.

“las circunstancias que motivaron la medida cuestionada no se circunscriben al incumplimiento de la obligación de los recurrentes de asistir a su jornada de trabajo, sino a la paralización de actividades con ocasión de la discusión del proyecto de ley de reajuste"

La Corte Suprema acogió dos recursos de protección deducidos por internos en contra de Gendarmería de Chile por situaciones producidas en el Penal de San Miguel luego del incendio que dejó sin vida a 81 personas. En el primero de ellos confirmó la sentencia en alzada y ordenó dar tratamiento sicológico a internos de la…

Se dedujo acción de protección en contra del Ejército de Chile, luego de que diera de baja a un funcionario de esa institución mientras se encontraba haciendo uso de licencia médica. El recurrente expone que fue hospitalizado por sufrir enfermedades de naturaleza síquica causadas por las presiones y el estrés que sufría a propósito de…

Gendarmería informó que la paramédico no es funcionaria de esa institución, sino que presta servicios para la empresa concesionaria del Complejo, aunque admite que tomó conocimiento de la mala atención médica y solicitó a la empresa empleadora el cambio o traslado de la recurrida. La paramédico no informó el recurso.

(...)en el nombramiento del recurrente para el año 2010 no se incluyó “ninguna cláusula que autorizara a la Administración para exonerar al empleado a contrata antes del término del período en que vencía su designación”, por lo que no puede ser dejado sin efecto unilateralmente por una de las partes “asilándose en necesidades del servicio”, en razón de que ella no constituye una causal de exoneración o término del servicio prevista en el acto administrativo de nombramiento.

La Corte de Apelaciones de Santiago advirtió que la modificación del plan de salud de la recurrente ha obedecido a dos razones que se diferencian con claridad: la adecuación del precio base del plan de salud por los mayores costos que aduce la institución previsional y la variación del mismo por aplicación de la llamada tabla de factores por sexo.

Se dedujo acción de protección en contra del Centro de Conciliación y Mediación de Valparaíso y de una fiscalizadora de ese organismo, con motivo de la sanción que le fue impuesta a la recurrente por no pagar íntegramente la indemnización por falta de aviso previo a un trabajador, lo que aquella considera vulnera su derecho…

El recurrente expone que el local solo lo utiliza como su lugar de habitación, debido a que aún no ha obtenido carnet de extranjeros y, en consecuencia, no ha podido iniciar actividades.

(...) se ha “acreditado que dicha autoridad ha resuelto prescindir del dictamen que precisamente puede incidir en la calificación de salud incompatible con el desempeño del cargo respecto del recurrente, dejándolo en la indefensión”.

"la sociedad entrega al maestro los niños, como al jardinero las semillas, para que en aquéllos broten sentimientos como de éstas brotan flores”, por lo “que hay que saber sembrar los almácigos humanos, regarlos, protegerlos, apuntalarlos, para que de la Escuela salga bella y lozana, la más admirable flor del universo: el hombre”,

(...)en lo referido a la garantía constitucional del derecho de los padres de elegir el establecimiento educacional de sus hijos, el fallo razona que tal disposición “no se extiende a compeler al Colegio a incorporar niños que no satisfacen las exigencias contenidas en su estructura y reglamento”.

“actuación material de los recurridos debe ser reputada como ilegal”, pues existía con antelación a ellos “un tránsito fáctico del recurrente” y que con el cierre pretendían “solucionar un conflicto jurídico” a través de un acto de “autotutela”.