Acciones de Amparo y Protección

“No alcanza a satisfacerse mediante el simple examen de las listas confeccionadas por los jefes de servicio y que se encontrarían materializadas en los cuadro resumen de los funcionarios que no habrían trabajado en las dependencias que se indican”.

“tener 20 años de servicio a lo menos en las instituciones a que se refiere el artículo 1° y tener cumplidos 65 años de edad en el caso de los hombres”.

“no se encuentra acreditado por quien acciona que sea titular de algún derecho de uso o de servidumbre que lo autorice para transitar por el camino objeto de estos autos”.

"...la recurrente cuando ingreso al servicio lo fue “en calidad de titular del grado 25 de la Planta Profesional, técnica y administrativa de ese Servicio”, pero posterior a ello “realizó funciones en calidad de secretaria del Secretario Regional Ministerial del Maule, que correspondía al cargo administrativo grado 14° de la Escala Única de Sueldos, en calidad de contrata”.

“una amenaza a la integridad física de los vecinos del sector y una privación del derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, por lo que resulta procedente brindar una protección que les resguarde en sus derechos”.

“no es óbice a lo anterior la no existencia de dineros para pagar remuneraciones y cotizaciones previsionales y de salud”, por cuanto “son dineros de propiedad de los funcionarios que les son descontados de sus remuneraciones mensualmente”.

“la parte recurrente solicitó y obtuvo copia del sumario administrativo oportunamente; asimismo, solicitó y obtuvo la apertura de un término de prueba en el mismo, rindiendo testimonial y documental y que, finalmente, la Vista Fiscal le fue debidamente comunicada”.

Sin que “la faculte para negarse a dicho pago por estimar que aquél no reúne el requisito del N° 1 del artículo 2° de dicha ley, como ocurrió en el caso de autos”.

“La situación específica de que se trata, por su naturaleza, es propia de otros recursos o acciones, como son el jerárquico de la ley 19.880 o bien la reclamación judicial prevista en los artículos 503 y 504 del Código del Trabajo”, ya que en esas instancias “las partes pueden exponer sus argumentos y probar los hechos en conflicto”.

La Corte de Apelaciones de Puerto Montt declaró admisibles sendos recursos de protección en contra de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Aysén, por la resolución exenta que calificó favorablemente el proyecto denominado "HidroAysén". El arbitrio constitucional fue interpuesto por un grupo de senadores y diputados de distintas bancadas, junto a diversas…

(...) la circunstancia de “que con anterioridad hayan existido pronunciamientos en sede de protección favorables a las pretensiones de los actores no es óbice para desestimar ahora un recurso de protección contra la Dirección de Vialidad”.

El organismo público informó que durante la ejecución de una obra pública fiscal sobre el terreno ya expropiado de las recurrentes, la inspección fiscal solicitó se diera inicio a un nuevo proceso expropiatorio en el inmueble debido a un error detectado en el trazado y que afectaba a una mayor superficie de terreno que la proyectada.

No correspondiéndole a las Cortes -en el contexto de una acción de naturaleza cautelar- asumir el “rol de adoptar decisiones que la ley asigna a órganos idóneos o expertos, erigiéndose como una instancia revisora que efectué una nueva evaluación ambiental del proyecto”, lo que “excede los márgenes de una acción como la intentada”.

“Ostenta la calidad de manifestante en los terrenos de la actora, no puede ejercer en ellos más derechos que aquellos que el ordenamiento jurídico le otorga, esto es, catar y cavar libremente y efectuar todos los trabajos necesarios para reconocer la mina y constituir la pertenencia, pudiendo hacerse dueño de las sustancias concesibles que necesite arrancar con motivo de esos trabajos”

Se interpuso acción constitucional en contra del Centro Residencial Calbuco, de la Municipalidad de Calbuco y del Servicio Nacional de Menores, debido a una presunta afectación del derecho a vida y a la integridad física y psíquica, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y el derecho de propiedad. La Corte de Apelaciones de Puerto Montt rechazó el arbitrio constitucional, sin embargo la Corte Suprema revocó la sentencia en alzada al considerar que es efectivo que escurren aguas servidas a la propiedad en la que viven los actores.

“hecho notorio y de público conocimiento que el evento anterior -cual es la citación y realización de dicha sesión o reunión ya fue efectuada el día indicado-, habiéndose calificado y aprobado el proyecto de que se trata”.

El recurrido informó que ha negado el ingreso, ya que la empresa contratada es la misma que construyó el edificio y que por su negligencia se produjeron los daños. Alega también la improcedencia del recurso, por cuanto las contiendas entre copropietarios son de conocimiento de los Juzgados de Policía Local.

La Corte Suprema revocó la sentencia en alzada y acogió el arbitrio constitucional, para lo cual tuvo en consideración que la Dirección del Trabajo procedió a interpretar por sí las cláusulas de los contratos que regulan la relación laboral entre la empresa recurrente y los trabajadores, con lo que se arrogó facultades propias y excluyentes de los tribunales laborales.

(...)en este arbitrio constitucional está de por medio “el derecho a la propia imagen, bajo la forma de opción por símbolos culturales determinados” y el derecho a la igualdad, y que ambos forman “parte del patrimonio personal”, centrado en cada persona “conforme a su propia personalidad”.

a “la sociedad no le corresponde pronunciarse sobre la transferencia de acciones y está obligada a inscribir sin más trámite los traspasos que se le presenten”.

(...) el cigarrillo electrónico es “un dispositivo que contiene concentraciones variables de Nicotina, que es un alcaloide que se encuentra en la hoja del tabaco y de otros elementos de la naturaleza, cuya obtención en estado químico purificado requiere de extracción de diversa índole y que como compuesto químico posee propiedades farmacológicas específicas”, lo que se aplica “a otros productos que contienen el mencionado compuesto”.

“pretenden es impugnar indirectamente un dictamen de la Contraloría General de la República sobre materias respecto de las cuales tiene atribuciones exclusivas”.

“las críticas por haberse resuelto negativamente solicitudes de diligencias probatorias, o haberse redactado los cargos en términos genéricos imposibilitando un adecuado ejercicio del derecho de defensa”, aparecen más bien referidas a “una inobservancia de principios del debido proceso, no cautelado específicamente por medio del recurso de protección”.

(...) el recurso perdió “oportunidad, por lo que las diversas medidas que se piden por los recurrentes no pueden ser objeto de la acción constitucional”, atendido a que dichas declaraciones “sólo pueden ser implementadas y acordadas en un procedimiento declarativo, que debe ser tramitado en un juicio contradictorio de lato conocimiento”.

“injustificada y carente de razón lógica la actitud de la recurrida”

“si la recurrente estima que el Banco ha excedido los términos del mandato debe ejercer las acciones que estime pertinentes, sin que proceda otorgarle por esta vía la cautela que pretende”.

“el descuento de remuneraciones que se aplicó a los recurrentes y a los trabajadores por ellos representados es ilegal”, toda vez que “se basa en disposiciones cuyos presupuestos de hecho no han sido comprobados, lo que redunda en la ilegitimidad de ejercicio de las resoluciones sancionatorias”.

La situación se originó luego de que una interna del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Rancagua dedujo acción de protección en contra de una paramédico de ese recinto que, sostuvo, la ha indispuesto con otras internas lo que llevo a que sufriera amenazas. La Corte de Apelaciones de Rancagua acogió la acción constitucional, al determinar…

(...)la protección es “un medio expedito y eficaz para prestar inmediato amparo al afectado” y no constituye “un juicio declarativo de derechos”.

(...)la interposición del recurso de protección, “atendido el origen constitucional de la acción y su naturaleza eminentemente cautelar”, exigía que éste se hubiera “deducido directamente” contra el rechazo de la “Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez”, puesto que ello no obsta a que paralelamente “se intentara su impugnación a través de la vía administrativa”.