Asuntos de Interés Público

El Tribunal de alzada descartó infracción de ley en la resolución sancionatoria que multó con 250 unidades tributarias mensuales a la mutualidad recurrente.

El máximo Tribunal estableció que en la especie no se cumplen con los requisitos de tipicidad del delito y doble incriminación.

Ello desde la toma de posesión material del bien expropiado y hasta la data de su pago efectivo, imputándose a dicha suma la indemnización consignada, también debidamente reajustada.

Las remuneraciones variables que procede considerar para determinar la base de cálculo de la semana corrida deberán reunir los siguientes requisitos, a saber: que sea devengada diariamente; y, que sea principal y ordinaria.

Esta última es de naturaleza punitiva y se permite agregar a ella la proveniente de los perjuicios inmateriales causados a quien denuncia.

El reparo desconoció los efectos de un equivalente jurisdiccional capaz de producir cosa juzgada.

Se entiende que se hizo esta extensión del beneficio, por considerar que el sueldo mensual con que se les remunera no refleja exactamente sus ingresos mensuales, ya que se trata de trabajadores efectivamente remunerados por comisiones diarias.

La detención se practicó en situación de flagrancia. El imputado al ver a Carabineros abandonó el móvil, percatándose los funcionarios que había una herramienta utilizada para accionar el arranque del vehículo.

Esta goza de fama y notoriedad en el público consumidor en el país de origen.

La magistrada ordenó el ingreso del oficial de Carabineros dado de baja en julio recién pasado, a la Subcomisaría Pudahuel Norte, por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y por peligro de fuga.

El Tribunal de alzada dio un plazo de tres días para que la clínica entregue el animal a la recurrente.

Al no haberlo resuelto de esa forma se configura en la sentencia impugnada la causal del artículo 478 letra c) del Código del Trabajo.

La remisión que efectúa una disposición legal a un reglamento es una técnica legislativa válida si la conducta infraccional satisface los principios de legalidad y tipicidad.

Analiza un estudio del Observatorio Judicial que determinó la escasa utilidad de la Ley Antiterrorista.

El máximo Tribunal mantuvo la sentencia impugnada por las partes, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la resolución de primer grado que acogió parcialmente la demanda indemnizatoria presentada por el Servicio Nacional del Consumidor.

El Tribunal de alzada acogió a tramitación la acción cautelar que busca que se ordene la entrega inmediata de los fondos.

La multa se configura como la más elevada que se ha cursado por un único cargo por la Superintendencia del Medio Ambiente. El cargo fue calificado gravísimo por constatarse daño ambiental irreparable producto del escape masivo de salmones ocurrido en julio del 2018. El segundo cargo, en tanto, fue considerado leve por no contar con instalaciones adecuadas para disponer mortalidad de peces.

El Tribunal de alzada acogió el recurso tras establecer el actuar ilegal de la autoridad, al ordenar la expulsión del territorio nacional del amparado, quien cuenta con arraigo y dos hijos chilenos.

El Tribunal acogió la acción al considerar que la empleada no incumplió con sus obligaciones al negarse a utilizar una herramienta de trabajo no contemplada en el contrato de trabajo.

La infracción de garantías no se configura pues el recurrente sólo esgrimió la transgresión formal de un plazo legal sin argumentar en cómo ello afectaría su derecho a una investigación racional y justa.

El artículo 187 del Código de Procedimiento Civil es aplicable por la remisión expresa que hace el artículo 2 del Código Tributario a las normas del libro I del Código de Enjuciamiento Civil.

El Tribunal de alzada acogió el recurso y ordenó dejar sin efecto el decreto alcaldicio, dictado el 5 de junio pasado.

El Tribunal ordenó a la aseguradora pagar al demandante $5.289.943, valor de la reparación del vehículo, tras establecer que la demandada no dio cumplimiento al contrato suscrito, bajo el argumento de que el asegurado no denunció el siniestro dentro de un plazo de 12 horas.

Las financió con su propio patrimonio y no existe prueba de lo hiciera en representación de un mandante.

El injustificado retardo en la tramitación del proceso conculca la garantía constitucional del debido proceso.

Es cierto que se acreditó que una clienta obtuvo un crédito y que parte de él fue depositado en la cuenta de la ejecutiva demandante, pero ello a lo más constituye un cariz de incumplimiento.

"El hecho de que la medida propuesta sea temporal, fundamentada en una situación excepcional subyacente y, que responda a razones humanitarias y de salud pública, hace posible señalar que la idea legislativa parece lo suficientemente específica y proporcionada como para considerarse razonable", sostiene el informe.

Se recibió la observación que criticaba la falta de explicitación sobre el control judicial de la medida de retorno asistido, en atención a que expresamente se señala en la nueva versión que la medida será impugnable según las reglas del procedimiento de medidas de protección ya mencionado.

El Tribunal de alzada acogió la acción deducida, tras constatar el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida al alzar el valor del plan de la recurrente por incorporación de hijo recién nacido.

El Tribunal de alzada descartó actuar arbitrario de la autoridad recurrida al dictar circular no vinculante sobre protocolo de atención de pacientes sospechosos o contagiados por el virus en el sistema público.