Asuntos de Interés Público

La autora estima que el incumplimiento de la normativa a la que el Estado argentino se ha obligado puede redundar en responsabilidad estatal en el plano internacional.

En una vocería realizada por el ministro Lamberto Cisternas, se informó que la ministra Maggi sancionó con la máxima pena (4 meses de suspensión) a los ministros Emilio Elgueta, Marcelo Vásquez y Marcelo Albornoz por faltas relativas a incumplimiento de obligaciones funcionarias y que compromete el principio de probidad.

El Tribunal de alzada ordenó a las recurridas brindar el tratamiento prescrito por equipo médico como la única vía para tratar la patología.

La Comisión Desafío del Futuro del Senado junto con la Universidad Católica trabajan en un piloto para reconocer los neuroderechos como un nuevo derecho humano en Chile y también para que la ONU lo reconozca como tal.

Ante denuncias de la comunidad por olores molestos, el equipo de la Región de Valparaíso de la SMA ha realizado rondas diarias inspectivas en Enap Refinerías, BASF, Lipigas y Asfalcom.

El Tribunal acogió la acción judicial y estableció la responsabilidad del municipio en el accidente por la falta de mantención de las veredas de la comuna.

El autor explica que el tema del interés general es de crucial importancia para el Derecho Administrativo y, sobre todo, para la revitalización de los postulados del Estado social y democrático de Derecho.

El máximo Tribunal revocó la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, y confirmó el fallo de primera instancia que había acogió la demanda.

Los representantes de la Comisión Chilena de Energía Nuclear entregaron antecedentes sobre el accionar, así como de las principales líneas de desarrollo de los Centros de Lo Aguirre y de La Reina.

El Tribunal decretó la absolución de los funcionarios penitenciarios debido a que el Ministerio Público no presentó pruebas suficientes para acreditar la ocurrencia de los hechos en los términos planteados en la acusación y, por ende, la participación de los acusados en el delito.

Medidas concretas para terminar con la delincuencia, para fortalecer la clase media y alivianar las finanzas de los adultos mayores, son otras de las temáticas relevantes para los parlamentarios.

El máximo Tribunal acogió la acción especial basado en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado de Chile en el caso caratulado "Maldonado Vargas y otros contra Chile", y la sentencia de la Corte Suprema que anuló la resolución del Consejo de Guerra 1-1973, el 3 de octubre de 2016.

El Tribunal de alzada acogió la acción cautelar y dejó sin efecto la medida de expulsión del recurrente.

El Tribunal acogió la demanda y estableció la responsabilidad del Estado en un crimen de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptible en el ámbito penal y civil.

El máximo Tribunal descartó actuar arbitrario de la policía al intentar realizar un control preventivo de identidad al condenado.

El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el Primer Juzgado Civil de Santiago.

El máximo Tribunal rechazó los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos en contra de la sentencia, que ordenó a Capel devolver los aportes realizados por la empresa Agrícola Mal Paso de Limarí Limitada y la Sociedad Agrícola Hacienda Mal Paso y Compañía Limitada.

En el fallo se ordenó a la inmobiliaria pagar a la demandante $5.853.000 por daño emergente, y $10.000.000 por daño moral.

El recurrente estimó vulneradas sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley y su derecho de propiedad.

Se estimó que el acto impugnado está dotado de mérito bastante, por lo que no puede calificarse de arbitrario, como tampoco ilegal toda vez que se ajusta a la legislación vigente sobre la materia.

La empresa recurrente estimó vulneradas sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley, libertad para realizar cualquier actividad económica y el derecho de propiedad.

El recurrente estimó vulneradas sus garantías constitucionales a la propiedad y a escoger el establecimiento de enseñanza de sus hijos.

El máximo Tribunal estimó que el pago de una multa ascendente a 800 U.T.M., en consideración al daño causado (número de clientes) y la entidad de la infracción, parece justificada.

La recurrente estimó vulnerada su garantía constitucional a la igualdad ante la ley.

De este modo, la Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Santiago.

Se estimó que no cumpliendo el amparado al momento de su postulación al referido beneficio con los requisitos actualmente exigidos por la norma pertinente, no cabe sino concluir que Gendarmería de Chile no ha incurrido en la ilegalidad que se le imputa.

La recurrente estimó vulnerado su derecho de propiedad.

El fallo fue acordado con el voto en contra del Ministro Muñoz, quien fue del parecer de confirmar la sentencia en alzada.

El artículo 348 N° 2° del Código Procesal Penal dispone expresamente que se abonará a la pena impuesta un día por cada día completo, o fracción igual o superior a 12 horas de las medidas cautelares que hubiere cumplido el sentenciado.