Judicial

El cumplimiento o incumplimiento del contrato administrativo es una materia que debe ser de conocimiento del respectivo órgano jurisdiccional que en causa de lato conocimiento resuelva el conflicto jurídico suscitado entre las partes.

La magistrada acogió la acción tras establecer que el establecimiento demandado no se encontraba facultado para no renovar la matricula, incurriendo en incumplimiento del contrato de prestación de servicios educacionales pactado, por lo que le ordenó pagar la suma de $2.000.000 por concepto de daño moral, a los padres de la menor.

El Tribunal tras la deliberación de rigor, dio por acreditado tanto la comisión de los delitos como la participación culpable de Sabat Pietracaprina en los hechos.

La indemnización se reconoce a título de daño moral debido a la falta de servicio del establecimiento que derivó en una deficiente atención médica luego de que la madre ingresara para dar a luz. El máximo Tribunal confirmó la decisión de los jueces de fondo de incluir en el pago indemnizatorio a los abuelos del nonato, debido al “notable sufrimiento de ver morir a un ser querido”.

El máximo Tribunal estimó que tal antecedente no puede ser desconocido por la demandante para exigir la restitución de la casa mediante la acción de precario, debido a que la ocupación de la demandada no le era ignorada ni meramente tolerada, como lo exige el artículo 2195 del Código Civil.

El acusado intentó anular la sentencia acusando ser analfabeto, por lo que se encontraba privado de entender la solicitud de Carabineros para ingresar a su domicilio luego de ser denunciado por un delito de amenazas con explosivos, no obstante, no pudo acreditar cómo esta condición podría restarle voluntad para autorizar la entrada y registro que finalmente ejecutaron los agentes.

No se ha condenado a la acusada dos veces por un mismo hecho, por cuanto no es posible estimar que la posesión de las municiones se encuentre subsumida dentro del porte de arma prohibida.

El condenado, fue sorprendido guardando la droga en sus calcetines luego de una transacción, hecho que alertó a los agentes que vigilaban el sector y que fueron previamente alertados por comerciantes del lugar de la existencia de “un punto de venta de pasta base”.

La magistrada dio por acreditado, que el 11 de agosto de 2022, en el portal de noticias www.interferencia.cl Herrera Aguayo, publicó una noticia titulada: “Exclusivo: cae jefe de Inteligencia de Carabineros en macrozona sur por posibles nexos con robo de madera”, e insertó la imagen del general Luigi Lopresti, vistiendo el uniforme institucional y del querellante Cristián Iván Beltrán Alarcón, con ropa de civil.

El Tribunal de alzada ratificó en todas sus partes la sentencia impugnada.

Al existir trabajo en régimen de subcontratación, el mandante de la obra no puede sustraerse de la responsabilidad que le compete en exigir a la empresa contratista el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales hacia sus trabajadores, según lo establecen los artículos 183-A y 183-B del Código del Trabajo.

El acusado, al ser consultado por el accidente que protagonizó un vehículo de su propiedad, confesó espontáneamente que él lo conducía al momento de los hechos en estado de ebriedad, declaración que fue dada en una conversación espontánea con personal de Carabineros, y que se ciñe a las facultades investigativas autónomas que el artículo 83 del Código Procesal Penal reconoce a los agentes.

El máximo Tribunal desestimó la procedencia del recurso por estar mal formulado.

El máximo Tribunal estableció yerro en la sentencia que rechazó la demanda, tras constatar que en la especie se cumplen los requisitos para tener por probada la responsabilidad del centro turístico en el accidente.

El Tribunal de alzada desestimó actuar arbitrario de la autoridad fiscalizadora al sanción a la empresa por extralimitarse en la información que, por ley, está autoriza a entregar a los afiliados.

La Tercera Sala del máximo tribunal revocó la sentencia apelada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, tras establecer que la excepción de prescripción opera a los tres años, a contar de la fecha del reporte tardío y no desde cuando se realizaron las gestiones cuestionadas.

En la sentencia, acogió la acción tras establecer la responsabilidad de la casa de estudios por la negligente atención brindada a la demandante, quien sufrió un accidente grave, tal como lo instituyen los protocolos de la UDP.

El máximo Tribunal indicó que, si el término del contrato por necesidades de la empresa fue considerado injustificado por el tribunal, simplemente no se satisfacen las causales de retención del aporte patronal consideradas en el artículo 13 de la Ley N°19.728.

El particular, fue detenido por funcionarios de Carabineros que recibieron una denuncia anónima -que no fue registrada por los agentes- en la que se acusaba la venta de droga en un sector de Melipilla, indicio que no fue suficiente para controlar la identidad del actor, debido a su falta de claridad y precisión.

El municipio alegó que el prestador original de los servicios cedió la factura a la ejecutante, con el único fin de dañar patrimonialmente las arcas municipales, argumento que fue desestimado por el máximo Tribunal, al no acreditarse en juicio la ilegalidad del título ni de la obligación contenida en él.

El máximo Tribunal, estimó que al momento del despido la notaria suplente infringió la garantía de inviolabilidad de las comunicaciones privadas, al revisar las conversaciones de whatsapp que la funcionaria mantenía en uno de los computadores de la oficina con el anterior notario.

En la especie, el arrendatario abandonó un local comercial luego de que una turba de manifestante lo saqueara durante los acontecimientos ocurridos en el “estallido social”, hecho imprevisible que autorizó al arrendador a retener el mes de garantía, por lo que el fallo de primera instancia que ordenaba su restitución adolece de ultra petita.

No existe mención alguna en el recurso respecto a la o las normas legales que el fallo recurrido habría infringido.

El dueño del móvil, fuente primaria de la información y presunto afectado por el ilícito no concurrió a estrados a mantener su imputación, lo que impidió confrontar su relato con la versión alternativa de los hechos que proporcionó el encartado.

El máximo Tribunal interpretó en este sentido las normas de las leyes Nº21.226 y 21.379, al considerar que el término probatorio en el caso de autos se encontraba suspendido por la crisis sanitaria, por lo tanto, era improcedente acoger la solicitud de abandono opuesta por la parte demandada.

El máximo Tribunal descarto yerro en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la de primer grado que acogió parcialmente la demanda.

El Tribunal de alzada confirmó, en lo apelado, la sentencia pronunciada por el 30° Juzgado Civil de Santiago, con declaración que el monto reparatorio se aumenta a una suma más condigna a los perjuicios provocados.

El máximo Tribunal descartó yerro en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que ratificó la de primer grado que acogió parcialmente la demanda de protección del interés colectivo de los consumidores, presentada por el Sernac.

El jefe de la Unidad de Emergencias Municipales acosó a una prevencionista de riesgos, mediante mensajes de whatsapp y propuestas personales, en las que dio a conocer sus intensiones sexuales con la demandante, quien denunció el hecho ante el municipio, no obstante, el municipio sobreseyó del sumario al acusado debido a que la actora estaba contratada a honorarios.

El demandado fue condenado a ceder sus derechos en el inmueble que compartió con la demandada, a título de compensación económica, no obstante, nunca hizo entrega del bien y mantuvo la ocupación del predio, y por medio del recurso de casación en el fondo el recurrente no acusó la infracción de ninguna norma decisoria que cuestionara la pertinencia de la compensación, o algún título que lo habilite a permanecer en el lugar.