Judicial

Los jueces de mérito han hecho una errónea aplicación del derecho, teniendo en cuenta que han restringido -sin tener sustento jurídico- la substancialidad de la cooperación sustancial limitándola a que esté referida a complementar o suplir la actividad probatoria del ente acusador.

No se especificó de modo alguno las razones que permitirían desestimar las versiones de estos testimonios, en circunstancias que el Tribunal necesariamente debió hacerse cargo en su fundamentación.

El imputado no respetó una señal de “pare”, alertando a carabineros del sector que al acercarse al vehículo percibieron un fuerte hedor a cannabis, incautando 43 kilos 350 gramos de la sustancia, destinada a ser comercializada ilegalmente en el norte del país.

El acusado intentó revertir una condena por tenencia ilegal de armas y municiones, argumentando que sólo autorizó el ingreso de la policía al predio de su parcela -un inmueble de 70 hectáreas- pero no al interior de su casa, tesis que fue desechada por el máximo Tribunal, que advirtió que el ingreso se efectuó conforme al artículo 205 del Código Procesal Penal, por lo que era innecesaria la segunda autorización aludida por el sentenciado.

Si un diagnóstico no se encuentra cubierto por el seguro, no obsta kis gastos puedan ser reembolsados por el Servicio de Bienestar.

En el fallo, la magistrada estableció la responsabilidad del establecimiento al no aplicar el reglamento de convivencia escolar ni abrir una investigación interna, tras tomar conocimiento de la agresión que sufrió la menor el 13 de abril de 2018, en una actividad realizada fuera del colegio.

El Tribunal de alzada confirmó en todas sus partes la sentencia que rechazó, con costas, la reclamación deducida por la empresa en contra de la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Arica, que confirmó la de primer grado que acogió la demanda de indemnización de perjuicio únicamente respecto del médico demandado.

La demandante llevó a su hijo al consultorio Miraflores, donde luego de esperar horas para ser atendido por una crisis respiratoria, fue enviado a su domicilio, sufriendo un paro cardiaco a la salida del recinto, falleciendo 11 días después en el Hospital de la ciudad, debido a una reacción alérgica hacia uno de los medicamentos suministrados en el consultorio.

El acusado se encontraba realizado una transacción de droga con un tercero, cuando al percatarse que era observado por personal de Carabineros, tiró una bolsa que portaba al interior de unos contenedores de basura, acción que alertó a los agentes, que al registrarlo y recuperar la bolsa, incautaron 341 papelillos de pasta base de cocaína.

El demandante no puede desconocer la ocupación de quien fuera la esposa de uno de sus hijos, debido a que la permitió para que la demandada viviera con su hijo en el inmueble, antecedente jurídico que habilita la permanencia de la demandada en el sitio.

Al ser reclamada de ilegalidad, la Gobernación de Valdivia opuso la excepción dilatoria de corrección del procedimiento, señalando que la autoridad que debía comparecer en juicio era el Intendente. La magistratura hizo lugar a la excepción y desestimó la demanda, privando al demandante de su derecho a un debido proceso, pues no se le permitió enmendar su libelo para emplazar a quien correspondía.

En el fallo, la ministra en visita condenó a César Manríquez Bravo, Miguel Krassnoff Martchenko y Pedro Octavio Espinoza Bravo a 10 años y un día, en calidad de autores del delito.

En principio, la magistratura estimó que la declaración de interdicción por un criterio puramente asistencialista vulneraba la igualdad ante la ley y los derechos reconocidos en tratados internacionales a las personas con discapacidad mental, sin embargo, el máximo Tribunal advirtió que el solicitante es quien cuida de forma permanente a su hijo, quien es incapaz de valerse por sí mismo, por lo que revirtió la decisión y declaró al solicitante como tutor del requerido.

La demanda interpuesta contra el Hospital de San Felipe fue rechazada debido a que el tribunal estimó que los demandantes no pudieron acreditar la falta de servicio, sin embargo, no se refirieron a la prueba aportada por el Servicio de Salud, limitándose a enunciarla sin efectuar ningún tipo de análisis o razonamiento. El máximo Tribunal casó de oficio el fallo impugnado e hizo lugar a la demanda de indemnización de perjuicios por falta de servicio.

Así lo establece el artículo 39 del Código Procesal Penal, por ende, si la magistratura sólo comunica la parte resolutiva del fallo, vulnera el derecho del acusado a conocer los fundamentos que el tribunal consideró para arribar a la decisión condenatoria.

Es facultad privativa de los sentenciadores de primer grado el establecimiento de los hechos y su calificación jurídica, en virtud del principio de inmediación, correspondiendo al tribunal ad quem sólo indagar si se ha incurrido en errores de derecho que puedan influir sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

El Tribunal de alzada rechazó el recurso de nulidad deducido por la empresa en contra de la sentencia, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que desestimó el reclamo que dedujo en contra de la resolución sancionatoria de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Oriente.

El imputado fue observado en el asiento del conductor de un vehículo realizando un intercambio de objetos con su copiloto, quien al bajar del vehículo se acercó a los agentes para ofrecerles papelillos de pasta base, circunstancia que, apreciada en contexto, permitió efectuar el control de identidad a ambos individuos debido a la flagrancia del ilícito.

El denunciado intentó revertir la sanción mediante un recurso de queja que fue desestimado por el máximo Tribunal al considerar que los ministros recurridos interpretaron correctamente las normas respectivas, rebajando incluso en un gran porcentaje la multa originalmente impuesta por el Juzgado de Policía Local de Ranco.

El artículo 55 letras Ñ y O de la propia ley, establecen un procedimiento administrativo ante SERNAPESCA para sancionar a quienes excedan la cuota permitida de extracción de recursos hidrobiológicos, por lo que es correcta la decisión de la magistratura civil de declararse incompetente.

Si la factura no es objetada dentro del término de ocho días caduca el derecho para reclamar de su contenido, o de la falta de prestación del servicio o entrega de las mercaderías.

La Primera Sala del tribunal de alzada acogió la acción cautelar y le ordenó a la recurrida proceda a eliminar de Facebook, todo comentario y expresión directa e indirecta y abstenerse de incurrir nuevamente en dichas conductas por cualquier medio de comunicación social, redes sociales u otra forma de difusión masiva.

El inciso 2° del artículo 1018 establece una exigencia precisa, cual es, el mencionar en el testamento la circunstancia de no saber o no poder firmar el testador, disposición legal que el tribunal no puede omitir, aunque el testador sea ciego, debido a que es una de las formalidades esenciales del acto solemne.

Resultaba procedente que se comunicaran los cargos al curador ad-litem designado, y luego de ello se discutieran eventualmente medidas cautelares o una internación provisional, lo que no ocurrió.

El municipio ordenó directamente desocupar el espacio que ocupa un carro en un parque que previamente había autorizado sin que exista acto administrativo previo que revocara el permiso, lo que vulnera el derecho a desarrollar una actividad económica lícita del recurrente.

El profesional era el encargado del Centro Veterinario Municipal y ejercía labores en beneficio de la comunidad; y al existir subordinación y dependencia en los términos establecidos en los artículos 7 y 8 del Código del Trabajo el vínculo entre las partes, que se prolongó por más de siete años, escapa a la contratación civil.

El actor sólo se limitó a enunciar la infracción al artículo 435 del Código de Procedimiento Civil, no obstante, no explicó en su libelo porqué la magistratura conculcó dicha norma al no dar lugar a la tramitación de una gestión preparatoria de confesión de deuda, ni de porqué -a su parecer- era innecesario un procedimiento declarativo previo para cobrar el monto adeudado.

A los acusados no les fue incautada ni balanza digital ni bolsas ni papeles cuadriculados, elementos conocidamente utilizados en el tráfico de drogas a gran escala.

Para la Corte, el actuar de la denunciada da cuenta de su absoluta indiferencia al ejercicio de las facultades que la ley ha encomendado al Servicio Nacional del Consumidor, pues omitió la entrega de información requerida por dos años, cumpliendo con lo solicitado recién durante la sustanciación del proceso judicial.