Judicial

El tribunal de alzada ratificó la indemnización de $40 millones a favor de una víctima de prisión política y torturas, descartando las excepciones de prescripción y reparación satisfactiva opuestas por el Fisco de Chile y reafirmando la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de crímenes de lesa humanidad

El máximo tribunal acogió un recurso de casación en la forma contra la sentencia de la Corte de Concepción, restableció el fallo de primera instancia y aumentó de $15 millones a $30 millones la indemnización para cada uno de los hijos de víctima de torturas al estimar acreditado el daño moral derivado de las violaciones a los derechos humanos sufridas por su padre

La sentencia estableció que ambos funcionarios policiales aprovecharon una fiscalización vehicular para sustraer más de $600 mil a la víctima mediante amenazas e intimidación, mientras que uno de ellos confeccionó posteriormente un parte policial ideológicamente falso para justificar el procedimiento fuera de su cuadrante de servicio.

El máximo Tribunal rechazó el recurso de casación presentado por la Municipalidad de Providencia y mantuvo la sentencia que ordenó otorgar la patente comercial para el funcionamiento del AutoMac, al estimar que el municipio cambió de criterio sin una fundamentación suficiente y que el arbitrio fue presentado con argumentos contradictorios.

El máximo tribunal acogió un recurso de nulidad y resolvió que una condena anterior de 2018 no puede ser considerada para agravar la sanción impuesta por conducción bajo influencia de sustancias, al haber transcurrido el plazo de prescripción previsto en el Código Penal.

El máximo tribunal concluyó que una condena previa de 2017 no podía ser considerada como “segunda ocasión” para agravar la pena accesoria, al haber transcurrido más de cinco años entre ambos hechos.

El máximo tribunal descartó vulneraciones al debido proceso y sostuvo que la policía actuó dentro de sus facultades legales al incautar cartuchos encontrados durante un procedimiento asociado a una investigación por tráfico de drogas

Descartó que el beneficio pudiera pagarse con el solo cumplimiento parcial de hitos y sostuvo que debe acreditarse la generación anticipada de energía conforme a lo pactado, enfatizando la primacía del tenor literal del contrato.

La Corte de Santiago rechazó el reclamo presentado por la Asociación Gremial Santo Domingo Vive y validó el decreto municipal que ordenó cerrar el inmueble donde funciona la tradicional feria de artesanía y comercio, al constatar infracciones urbanísticas persistentes y falta de autorizaciones de edificación.

El máximo tribunal acogió un recurso de casación y estableció que el Estado tiene el deber de reparar integralmente los daños ocasionados por agentes estatales durante la dictadura, reconociendo la existencia de daño moral derivado de delitos de lesa humanidad sufridos por el demandante.

El máximo tribunal rechazó los recursos de casación interpuestos por la empresa denunciada y validó la metodología de muestreo utilizada por Sernapesca para acreditar la infracción a la Ley General de Pesca y Acuicultura

El máximo tribunal acogió un recurso de nulidad y resolvió que las condenas previas por manejo en estado de ebriedad no podían ser consideradas para agravar la sanción accesoria, debido a que habían transcurrido más de cinco años desde la última condena, plazo previsto en el artículo 104 del Código Penal

El máximo tribunal concluyó que la utilización de programas computacionales sin licencia vigente configuró una infracción a la Ley de Propiedad Intelectual y estableció que la compensación del artículo 85 K no exige acreditar la cuantía específica del daño sufrido por el titular de los derechos.

El máximo tribunal acogió la nulidad, descartó la existencia de trato inhumano por ausencia de dolo y concluyó que los hechos corresponden a un actuar negligente en el incumplimiento de deberes policiales

El máximo tribunal concluyó que la ausencia de una sentencia escrita en un procedimiento simplificado vulneró las garantías del debido proceso, al impedir un adecuado acceso a los fundamentos del fallo y afectar el ejercicio efectivo de los recursos procesales

Corte Suprema acoge demanda de APROVAL contra The Not Company por actos de engaño, ordenando cesar uso de término "leche" y símbolos lecheros en producto vegetal. Fallo destaca que 65% de consumidores confunde Not Milk con leche real.

En la actividad participó el Poder Judicial junto a distintas instituciones como la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana, el Servicio de Registro Civil, la Clínica Jurídica de la Universidad Central y de la Universidad Finis Terrae, el Servicio Médico Legal, Gendarmería de Chile, la División de Organizaciones Sociales de Gobierno y la Defensoría Penal Pública.

El tribunal de alzada concluyó que la jueza árbitro incurrió en una falta grave al excluir una prueba documental relevante que, pese a presentar baja calidad, permitía comprender el contenido de las obligaciones discutidas en el juicio arbitral.

Revocó la decisión que había disminuido una multa sanitaria aplicada tras un accidente laboral grave y sostuvo que los jueces no pueden modificar sanciones administrativas si antes no acreditan que la autoridad actuó de manera ilegal al imponerlas.

La Corte de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad presentado por una compañía de seguros y validó la multa de 200 UF impuesta por la CMF, tras constatar que comercializó al menos 124 pólizas mediante corredores cuya inscripción había sido cancelada. El tribunal sostuvo que las aseguradoras tienen el deber de verificar el estado vigente de los intermediarios en el registro público oficial.

La Corte estableció que cuando un trabajador se expone imprudentemente al daño, la reducción de la indemnización contemplada en el artículo 2330 del Código Civil debe aplicarse tanto al daño moral como al lucro cesante, sin distinciones. La sentencia de primera instancia solo había considerado la exposición imprudente del trabajador al cuantificar el daño moral, pero no al determinar el lucro cesante.

Aunque el máximo Tribunal reconoció un error en la regularización de un terreno en Santo Domingo y la existencia de dos inscripciones sobre un mismo inmueble, descartó anular el acto al estimar que no se acreditó quién mantenía realmente la posesión material del predio.

El máximo tribunal acogió un recurso de nulidad y determinó que una condena anterior por conducción en estado de ebriedad, ocurrida en 2016, no podía ser considerada para agravar la sanción accesoria impuesta por un nuevo delito cometido en 2024, sustituyendo la cancelación de la licencia por una suspensión de dos años

La sentencia concluyó que el arquitecto mantuvo vigente su nombramiento como consejero durante el período cuestionado y que los pagos percibidos tuvieron causa jurídica válida al corresponder a servicios efectivamente prestados.

El tribunal concluyó que no se acreditó una actuación negligente de la clínica veterinaria tras la cirugía practicada a una perrita de 13 años por tumores mamarios, la que posteriormente presentó complicaciones neurológicas y debió ser sometida a eutanasia, rechazando así la querella infraccional y la demanda indemnizatoria interpuestas por su dueña.

El tribunal concluyó que Canal 13, Mega y Chilevisión cumplieron la normativa sobre accesibilidad audiovisual al incorporar subtitulado oculto y aplicar un sistema de turnos para el uso de lengua de señas, descartando que existiera obligación de implementar simultáneamente ambos mecanismos en todas las transmisiones de emergencia.

Precisó que entregar implementos de protección e instrucciones generales no basta para cumplir el deber de seguridad si las medidas adoptadas resultan insuficientes para evitar el accidente, debiendo el empleador acreditar que adoptó resguardos eficaces y entregó instrucciones claras frente a los riesgos propios de la faena, no bastando atribuir lo ocurrido al “exceso de confianza” del trabajador.

La ciudadana colombiana Ana Milena Álvarez Aguirre fue detenida en Tarapacá tras detectarse que mantenía ingreso irregular al país y una orden de búsqueda internacional vigente por delitos de homicidio, porte ilegal de armas y asociación criminal en el Valle del Cauca.

Afirmó que la infracción a la Ley de Propiedad Intelectual permite compensar al titular aun cuando no se acrediten perjuicios concretos y fijó una indemnización de 300 UTM por el uso no autorizado de softwares.

Aclaró que basta presentar la demanda para interrumpir el plazo legal, incluso si su notificación ocurre después, resolviendo una discusión clave sobre el momento en que se pierde o se mantiene el derecho a cobrar judicialmente.