Nacional

La moción del senador Francisco Chahuán propone una reforma constitucional que faculte a una rama del Congreso Nacional para hacer presente la urgencia en la tramitación de un proyecto de ley, a petición de un número no inferior al tercio de sus miembros en ejercicio -13 en el caso de los senadores- y con el acuerdo de los dos tercios de sus miembros que estén en idéntica condición, 25 senadores.

En días pasados, la Cámara Alta autorizó a su Comisión de Constitución para discutir en general y en particular los distintos proyectos de ley que intentan modificar el actual sistema binominal.

Se dedujo acción de protección por parte de una empresa farmacéutica en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud del Bío-Bío, por haber dictado una resolución que fija el calendario de turnos de las farmacias de la comuna de Arauco para el primer semestre de 2013, imponiendo a la recurrente un turno nocturno, entre las 00:01 y las 07:59, en que deberá responder a las necesidades de la población mediante un sistema de llamada telefónica.

Se solicitó a la Contraloría General de la República –por parte de la Municipalidad de Osorno- reconsideración del Informe Final N° 24, de 2012, de la Contraloría Regional de Los Lagos, sobre transferencias y gastos ejecutados en año electoral en esa entidad edilicia.

Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el inciso 2° del artículo 19 de la Ley N° 18.410, que crea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles

El TC declaró inadmisible un requerimiento de inaplicabilidad que impugnaba el inciso séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo

El TC no admitió a trámite un requerimiento de inaplicabilidad que impugnaba el recurso de protección relativo a la destitución del ex Ministro de Educación Harald Beyer tramitado actualmente ante la Corte de Apelaciones de Concepción

Se dedujo recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de la Corte de Santiago que, confirmando la de primera instancia, acogió reclamación en contra de la Municipalidad de Providencia y paralizó demolición de antenas

La ministra en visita de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Adriana Sottovia Giménez, sometió a proceso a L.P.T., ex conscripto de la Escuela de Infantería de San Bernardo, como autor del homicidio de L.G.C., ilícito perpetrado, el 3 junio de 1974.

Se solicitó al Contralor General de la República –por parte de un ex funcionario de Carabineros de Chile- emitir un pronunciamiento sobre de la legalidad de su proceso calificatorio en el cual fue incluido en Lista N° 4, de Eliminación, lo que implicó su alejamiento del servicio

Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el artículo 4° de la Ley N° 19.531, sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 20.224.

El proyecto de ley, iniciado por moción de los diputados Aguiló, Goic, Molina, Montes, Muñoz, Núñez, Ojeda, Pascal, Rincón y Vidal, expone que “las campañas electorales son un período imprescindible para que los postulantes a cargos de elección popular puedan difundir sus planteamientos a la ciudadanía”

La Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado en contra de una organización animalista que realizó una protesta al interior de la catedral de Valparaíso por supuesto maltrato a perros vagos

En días pasados, la sala del Senado aprobó –por 21 votos a favor y 4 abstenciones– la idea de legislar relativa al proyecto del Ejecutivo que regula la probidad pública y establece el fideicomiso.

Televisión Nacional de Chile (TVN) y la Corporación de Televisión de la Universidad Católica demandaron a VTR Banda Ancha S.A. en juicio sumario, de conformidad al artículo 85 de la Ley Nº 17.336, sobre Propiedad Intelectual, a fin de que se disponga la terminación de la actual utilización comercial que la demandada realiza respecto de las señales nacionales abiertas de televisión que las actoras emiten, lo cual vulneraría sus derechos constitucionales y legales de dominio, en concreto, el derecho de autor, así como los derechos conexos que de ello se derivan.

El TC acogió parcialmente inaplicabilidad que impugnó el artículo 225 del Código Civil, que establece reglas de atribución sobre el cuidado personal de los hijos.

Se solicitó un pronunciamiento a la Contraloría General de la República por parte de una sociedad de inversión que reclamó acerca de la falta de ponderación de los documentos que acompañó un Municipio para acreditar que como persona jurídica sólo realiza actividades pasivas, y así declarar que no está afecta al pago de patente municipal, solicitando, en subsidio, considerar la procedencia de la prescripción de la misma.

El TC admitió a trámite un requerimiento de inaplicabilidad que impugna la primera frase del inciso cuarto del artículo 70, y el inciso segundo del artículo 64, ambos del Libro IV del Código de Comercio

Se dedujo reclamo de ilegalidad por parte de SCL Terminal Aéreo Santiago S.A. Sociedad Concesionaria, en contra la decisión del Consejo para la Transparencia en virtud de la cual se ordenó al Ministerio de Obras Públicas entregar información relativa a contratos y subcontratos celebrados con la reclamante respecto de la obra pública fiscal denominada Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago

Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el artículo 88 del Código de Procedimiento Civil

El proyecto de ley presentado por los diputados Jorge Ulloa y Mario Bertolino, que buscaba otorgar libertad inmediata a condenados y procesados por delitos de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura militar en Chile, fue rechazado –por inconstitucional– por la Comisión de Justicia, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados.

Se dedujo acción de protección en contra del Comandante en jefe del Ejército, por cuanto una sicóloga fue “desvinculada” de la institución, encontrándose con licencia médica siquiátrica y sin que haya terminado un sumario por acoso laboral

Se solicitó a la Contraloría General de la República –por parte del Servicio Nacional de Geología y Minería- pronunciamiento sobre si procede compensar con descanso complementario el tiempo empleado por sus servidores en trasladarse fuera de su jornada ordinaria de trabajo al lugar en que deben realizar un cometido funcionario, para asistir a cursos de capacitación o, en el caso de los choferes, para transportar a otros servidores para el cumplimiento de sus labores.

La moción de los diputados Acorsi, Alinco, Araya, Ascencio, Browne, Gutiérrez, Monsalve, Muñoz, Robles y Sepúlveda, expone que la finalidad de las prohibiciones parlamentarias es “cautelar y asegurar la independencia global de los diputados y senadores, tanto respecto del Poder Político cuanto de los diferentes grupos de presión, sean económicos o sociales, y de preservar la respetabilidad y la dignidad del cargo de parlamentario”.

El pasado 6 de mayo se ingresó a trámite una moción de la senadora Isabel Allende.

Se solicitó reconsideración a la Contraloría General de la República –por parte una ex profesional de la educación de la Municipalidad de Santiago- del dictamen N° 54.732 de 2011, que resolvió no invalidar el certamen de concurso público convocado para proveer el cargo de inspector general del establecimiento educacional del ente edilicio indicado, donde desempeñaba sus funciones la solicitante.

Se dedujo un recurso de nulidad fundado en que no se habrían respetado los derechos fundamentales de un condenado por delito de cultivo ilegal de cannabis sativa, por cuanto no se habría reconocido a su favor la causal de justificación de cumplimiento de un deber, particularmente considerando que la conducta del encausado tenía fines terapéuticos, científicos, investigativos y de tratamiento médico.

Se dedujo acción de protección en contra de la SEREMI de Salud de Concepción, por cuanto sometió a una fiscalización por denuncia de malos olores a la propietaria de un gato doméstico, fijando un plazo de 21 días para extremar las medidas de higiene y limpieza al interior y exterior del domicilio, tras lo cual amonestó a la recurrente, confiriendo un nuevo plazo al mismo efecto y ordenando la reubicación de la mascota dentro de 24 horas.

Se solicitó –por parte de una jueza- declarar inaplicable, por inconstitucional, el artículo 25 del Código del Trabajo.

Se solicitó –por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo- al Contralor General de la República un pronunciamiento sobre si es procedente que un funcionario de su repartición –director de una asociación de funcionarios y federación de asociaciones- se excuse de cumplir sus labores, para dedicarse a tiempo completo a la realización de sus tareas gremiales, amparándose en lo dispuesto en los artículos 31 y 59 de la ley N° 19.296.