Nacional

Se dedujo acción de protección en contra de la Corporación Universidad Pedro de Valdivia, por parte de un egresado de la carrera de tecnología médica, a fin de que se declare ilegal y arbitrario el acto consistente en ser sometido a otro examen oral con preguntas de la especialidad, pero de carácter general, el cual realizó y reprobó en dos oportunidades; todo lo cual constituiría una vulneración de la igualdad ante la ley y del derecho de propiedad.

La moción de los diputados Bertolino, García, Martínez, Pérez, Santana, Sauerbaum y Verdugo, expone que tanto el Senado como la Cámara de Diputados tienen el rol fundamental de participar en el “iter legis”, sin embargo, existen otras atribuciones tan relevantes como es la representación ciudadana, la fiscalización de los actos del Estado, y la práctica de “frenos y contrapesos” que le dan vigor a la teoría de la separación de los poderes del Estado.

Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el artículo 27 inciso 1° de la Ley N° 19.947, sobre Matrimonio Civil.

Se dedujo acción de protección en contra del Alcalde subrogante de la Municipalidad de Hualpén, por parte de un funcionario municipal, a fin de que se declare ilegal y arbitrario el Decreto Alcaldicio N° 1094, de fecha 12 de abril de 2012, por el cual se dispuso la medida disciplinaria de destitución del recurrente; todo lo cual constituiría una vulneración de la igualdad ante la ley, del derecho a no ser juzgado por comisiones especiales y del derecho de propiedad.

Se solicitó a la Contraloría General de la República –por parte de una Inmobiliaria- pronunciamiento acerca de la caducidad de la declaratoria de utilidad pública que habría afectado a un “Lote” de propiedad de la solicitante, habida consideración de que la Municipalidad de Lo Barnechea no ha fijado las nuevas normas urbanísticas, no obstante haberse efectuado una petición en ese sentido de su parte, acorde a lo previsto en el artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, aprobada por DFL N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Se solicitó a la Contraloría General de la República –por parte de un funcionario de Carabineros de Chile- pronunciarse sobre la legalidad de la sanción de diez días de arresto que se le impuso, toda vez que, en su opinión, habría operado la prescripción de la acción disciplinaria.

Se solicitó a la Contraloría General de la República –por parte del Rector de la Universidad de Santiago (USACH)- emitir pronunciamiento acerca del retardo por parte del Ministerio de Educación en la tramitación legislativa del nuevo estatuto orgánico de esa casa de estudios, que fue presentado en el año 2009.

La moción de los diputados Araya, Burgos, Ceroni, Díaz, Lorenzini y Saffirio, expone que con la aprobación de la Constitución de 1925 se separó en forma oficial en nuestro país la Iglesia del Estado, siendo ratificada esta idea en el artículo 19 N° 6, de nuestra actual Carta Fundamental.

El Centro de Justicia Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo ha publicado recientemente el segundo número de su revista “Derecho Público Iberoamericano” dirigida por el Dr. Julio Alvear Téllez que contiene interesantes trabajos de profesores nacionales y extranjeros.

Se dedujo acción de protección en contra de la Contraloría General de la República, por cuanto emitió un dictamen en el cual señala que los abogados que actúan como defensores públicos licitados en el sistema procesal penal se encuentran afectos a la prohibición establecida en el artículo 61 de la Ley N° 20.000

En el marco de la investigación de violaciones de derechos humanos acaecidas en nuestro país, con posterioridad al 11 de septiembre de 1973, el Ministro señor Álvaro Mesa Latorre dictó autos de procesamiento en contra de ex oficiales de la Fuerza Aérea, por delitos de apremios ilegítimos y homicidio calificado, en el contexto de lo que el derecho internacional conceptualiza como desaparición forzada de personas.

La moción de los diputados Ascencio, Castro, Cornejo, Gutiérrez, Muñoz, Núñez, Pacheco, Robles, Saa y Silber, expone que la actual legislación sanitaria y penal de nuestro país restringe los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, desconociendo con ello su capacidad de decisión en ámbitos que pertenecen a su intimidad y desarrollo personal.

El TC declaró la inconstitucionalidad del inciso quinto del nuevo artículo 95 contenido en proyecto de ley que establece la elección directa de los Consejeros Regionales, a objeto que cumpla el control obligatorio de constitucionalidad respecto de la totalidad del proyecto

La moción de los diputados Espinosa, García, Hasbún, Jarpa, Meza, Monsalve, Muñoz, Pérez, Robles y Sabag, expone que los crecientes niveles de consumo de drogas en nuestro país ha obligado al Estado a implementar diversos mecanismos tendientes a contrarrestar este grave problema que afecta de manera transversal a nuestra sociedad.

Se dedujo un recurso de queja en contra de Ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua que, revocando la decisión de primera instancia, declararon el sobreseimiento definitivo de una investigación por robo con violencia, por haberse deducido la acusación penal fuera del plazo establecido para ello, siendo que no resultaba procedente, de conformidad con los artículos 247 y 259 del Código Procesal Penal.

Se dedujo acción de protección en contra de la Junta de Auxilio Escolar y Becas, (JUNAEB), por cuanto puso término anticipado a la contrata bajo la cual servía un funcionario.

Se ejerció acción penal en contra de cinco personas naturales por la participación que les correspondió en los delitos de malversación de caudales públicos y uso malicioso de instrumento privado mercantil falsificado, actuaciones ilícitas cometidas durante se desempeño en la Intendencia Regional de Valparaíso, durante los años 2008 y 2009

Se solicitó a la Contraloría General de la República –por parte del Servicio Nacional de Geología y Minería- pronunciamiento sobre si procede compensar con descanso complementario el tiempo empleado por sus servidores en trasladarse, fuera de su jornada ordinaria de trabajo, al lugar en que deben realizar un cometido funcionario, para asistir a cursos de capacitación o, en el caso de los choferes, para transportar a otros servidores para el cumplimiento de sus labores.

En días pasados, se reunieron en la Moneda el Presidente de la República y los Ministros de Interior y Seguridad Pública, de la Secretaría General de Gobierno y Justicia, en torno a la firma del proyecto de ley que aumenta las protecciones legales y beneficios para los miembros de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones

El proyecto de ley, iniciado por moción de los diputados Álvarez, Baltolu, Bauer, Bobadilla, Calderón, Hasbún, Hernández, Morales, Norambuena y Urrutia, expone que “la Acusación Constitucional, heredada de la figura del impeachment americano, ha sido concebida desde su origen como una figura de derecho estricto y de carácter excepcionalísima”.

En el marco del examen de legalidad de una resolución del Registro Civil e Identificación -que aprueba un sumario administrativo que aplica la sanción de destitución a unos funcionarios y la absolución de otros- se solicitó un pronunciamiento al Contralor General de la República acerca de supuestas irregularidades en la instrucción del mismo.

Se interpuso recurso de casación en el fondo en contra de una sentencia de la Corte de Santiago que, confirmando con declaración la de primera instancia, aumentó los montos a que fuera condenado el fisco por perjuicios contractuales.

Empresa dedujo recurso de protección en contra del sindicato de trabajadores de la misma por diversos actos de fuerza que han sufrido los predios de la recurrente

El TC declaró inadmisible un requerimiento de inaplicabilidad que impugnaba el artículo 11 inciso 5° del Código Tributario.

Se dedujo recurso de casación en el fondo contra la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de Santiago que rechazó reclamo de ilegalidad interpuesto en contra de la Municipalidad de Providencia.

Se dedujo recurso de queja en contra de los Ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago Juan Muñoz Pardo y Alejandro Madrid y del Abogado Integrante Bernardo Lara, por las faltas y abusos graves en que habrían incurrido al dictar la sentencia

El TC tuvo por desistido a requirente que impugnó el inciso primero del artículo 39 de la Ley General de Bancos, en relación al artículo 40 de la misma ley

El Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, presentará el “Anuario de Derechos Humanos 2013”, cuyo objetivo es servir de guía y referencia respecto del desarrollo nacional, regional e internacional en materia de derechos humanos y campos afines, el que contiene una serie de secciones de interés desarrolladas por distintos académicos y especialistas.

La moción del senador Bianchi expone que durante el año 2007 presentó un proyecto de ley que planteaba la incorporación de un nuevo Párrafo al Decreto con Fuerza de Ley N° 3, Ley General de Bancos, denominado “Bases para la Fijación de Tarifa por los productos o Servicios Bancarios”, en la que no se llegó a un acuerdo.

Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el inciso 2° del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil.