Nacional

Se dedujo recurso de protección en contra del Alcalde de la Municipalidad de Ñuñoa y en contra del Concejo Municipal de esa misma comuna, por la vulneración del derecho fundamental consagrado en el número 21, del artículo 19 de la Constitución Política de la República y, además, por la transgresión a las garantías que amparan los números 22 y 24 del artículo 19 de la Carta.

Se dedujo recurso de amparo económico en contra de la Dirección Regional Santiago Poniente del Servicio de Impuestos Internos, por suspender y denegar el pago de la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) Exportador solicitado por la actora, vulnerando así la garantía constitucional de la libertad económica.

Se solicitó pronunciamiento a la Contraloría General de la República, en representación de la sociedad de Transportes e Inversiones Shiappacasse Ltda., sobre la categorización de la actividad de estacionamiento temporal de vehículos, atendido que la Ley General de Urbanismo y Construcciones -sancionada por el decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo-, su Ordenanza General -aprobada por el decreto N° 47, de 1992, de dicha cartera Ministerial-, los instrumentos de planificación territorial, y las circulares pertinentes, no dan cuenta de las característica

Se dedujo recurso de protección en contra del Cuerpo de Bomberos de la comuna de San Carlos y del Consejo Superior de Disciplina del mismo, a fin de que se declare ilegal y arbitraria la medida de expulsión

Se dedujo recurso de casación en el fondo, por la parte demandante, respecto de una sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta que, confirmando la de primera instancia, rechazó una reclamación en materia sanitaria deducida contra la Superintendencia de Valores y Seguros

En el contexto de la reforma a la LOC N°18.603, sobre Partidos Políticos, que se discuten actualmente en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, los senadores Larraín y Zaldívar manifestaron la imperiosa necesidad de terminar con el híper presidencialismo y promover una política de acuerdos nacionales.

"...la declaración de la candidatura de la que se viene tratando se enmarca dentro del procedimiento de elecciones primarias creado a través de la Ley N° 20.640, que "Establece el Sistema de Elecciones Primarias para la nominación de Candidatos a Presidente de la República, Parlamentarios y Alcaldes" que regula –conforme lo definido por su artículo primero–"un sistema de elecciones primarias a ser usado por los partidos políticos para la nominación de candidatos a los cargos de elección popular que determina la ley..."

Se dedujo recurso de casación en el fondo, por la parte demandante, respecto de una sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Valdivia que, confirmando la de primera instancia, rechazó una demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual contra la Concesionaria Ruta de Los Ríos y el Fisco de Chile

La Cámara de Diputados remitió al TC la iniciativa del Ejecutivo que establece la elección directa de los Consejeros Regionales, a objeto que cumpla el control obligatorio de constitucionalidad respecto de la totalidad del proyecto

La Comisión Mixta que se generó luego de ser rechazadas por la Cámara baja las modificaciones introducidas por el Senado a la iniciativa que propone proteger la integridad del menor en caso de que sus padres vivan separados, avanza en el análisis y estudio de las propuestas realizadas por el Sernam y otras que formularon las expertas en Derecho de Familia, la Jueza Gloria Negroni y la profesora Fabiola Lathrop.

La iniciativa tiene por objeto dar cumplimiento al mandato de la Carta Fundamental, en su artículo 119, que señala, en lo pertinente, lo siguiente: “El consejo regional estará integrado por consejeros elegidos por sufragio universal en votación directa, de conformidad con la ley orgánica constitucional respectiva”.

La Corte Suprema agregó que “esta materia ha sido ya objeto de numerosos pronunciamientos de esta Corte de casación, la que ha venido sosteniendo de manera invariable que no puede modificar los hechos que han fijado los jueces del fondo en uso de sus atribuciones legales, a menos que se haya denunciado y comprobado la efectiva infracción de normas reguladoras del valor legal de la prueba, cuyo no es el caso de autos”.

“…la potestad sancionadora de la Administración admite un origen común con el derecho penal en el ius puniendi del Estado, por lo que le resultan aplicables los mismos principios, límites y garantías que en la Carta Fundamental se prescriben para el derecho punitivo, aunque ese traspaso haya de producirse con ciertos matices en consideración a la particular naturaleza de las contravenciones administrativas”.

Avanza en el análisis y estudio de las propuestas realizadas por el Sernam y otras que formularon las expertas en Derecho de Familia, la Jueza Gloria Negroni y la profesora Fabiola Lathrop.

“...quien sea elegido Presidente de la República tiene que liderar ese proceso, pero no puede prescindir de las oposiciones y las oposiciones no pueden convertirse en el dique que contenga el avance del país”.

El TRICEL declaró la inadmisibilidad de una reclamación interpuesta en contra del Servicio Electoral (SERVEL) por una transexual que pretendía postular su candidatura a Diputada bajo su nombre femenino –por el que es conocida socialmente– y no con su denominación registral, actualmente masculina

La única institución que contempla el constituyente como inhabilidad para ejercer cargos públicos es la Acusación Constitucional, producto de una sentencia condenatoria, no obstante ser aplicable respecto de autoridades acusables por esta vía excluyendo a diputados y senadores.

Los preceptos impugnados carecen de aplicación decisiva en la resolución del asunto, lo que basta para desestimar la acción ejercitada

El requirente estima que, de aplicarse los preceptos legales impugnados, se vulnerarían sus garantías constitucionales, entre otras, el derecho al debido proceso, al verse privado de la posibilidad de recurrir o revisar lo obrado en primera instancia. También alega infracción al principio non bis in idem, desde que considera hechos ya sancionados, para elevar la responsabilidad administrativa.

La publicación busca fortalecer el prestigio de los tribunales de justicia, constituyéndose en un medio eficaz para contribuir a una institución de enorme importancia en la vida nacional.

La iniciativa destaca la extremada desconfianza y falta de identificación de la ciudadanía con los partidos políticos en nuestro país. Agrega que existen duras críticas a estos grupos, como la falta de transparencia y el hecho de privilegiar sus intereses por sobre los del país, lo que a juicio del mensaje “tendría mucho de injusto”.

La institución hospitalaria aludida informó que procede declarar la prescripción a que aluden los recurrentes, por cuanto el proceso en cuestión se ajustó a las normas y jurisprudencia vigente.

Cabe recordar que en el año 2011 la sala de la Cámara Baja acordó refundir la moción – por tener similares ideas matrices y estar en la misma etapa de tramitación- con la iniciativa que modifica el Código Civil en relación al cuidado personal de los hijos.

Cabe recordar que la Sala del Senado acordó refundir la iniciativa con el mensaje del Ejecutivo sobre protección a deudores de créditos en dinero (Boletín N° 7932) y la moción de los senadores Chahuán y Prokurica, sobre determinación del interés máximo convencional anual (Boletín N° 7890).

El recurso consideró infringido el artículo 768 N° 5 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el N° 4 del artículo 170 del mismo texto.

El debate contó con la participación de la Ministra de Justicia, Patricia Pérez; y la Directora Ejecutiva de la Fundación Paz Ciudadana, Javiera Blanco, quienes valoraron la aprobación unánime del proyecto de ley.

“las autoridades recurridas han decidido el cierre de la Universidad del Mar y la cancelación de su personalidad jurídica, sobre la base de textos legales expresos, como lo son las normas contenidas en las Leyes N°s 18.956, de 1999, que reestructuró el Ministerio de Educación, 20.370, de 2009, que estableció la Ley General de Educación y, desde luego, el artículo 19 N° 10 de la Constitución Política de la República”

El legislador hizo énfasis en dar curso al proyecto de reforma constitucional, iniciado por moción, que “crea el Defensor del Niño y Adolescentes”, toda vez que “en Chile no hay ninguna instancia autónoma al Gobierno de turno que sea la voz de los niños cuando sus derechos sean vulnerados”, y a su vez comprendiendo al menor como “sujeto de derecho y no como objetos de políticas del Estado”.

La gestión pendiente invocada incide en un reclamo de ilegalidad deducido por la Dirección Nacional de Servicio Civil en contra del Consejo para la Transparencia, seguido ante la Corte de Apelaciones de Santiago, mediante el cual se impugna la decisión del CPLT que ordenó entregar información a la solicitante del puntaje obtenido por ésta en el informe psicolaboral en un proceso concursal.

La Corte de Apelaciones de Copiapó acogió el recurso de amparo, para lo cual consideró que “si bien es cierto existe un hecho que pudiere merecer reproche administrativo por parte de la autoridad penitenciaria, no es menos cierto que en la especie no existen fundamentos suficientes a fin de relacionar a los amparados con la conducta que se sanciona y/o castiga por el señor Alcaide”.