Nacional

Iniciativas buscan establecer multas para hacer efectiva la obligatoriedad del voto, mientras el tiempo apremia para su aprobación.

Tras siete años se aprueba ley que moderniza parcialmente el sistema, pero deja pendientes cambios estructurales. El sistema arrastra deficiencias estructurales que afectan directamente a los usuarios: altos costos, lentitud en la atención, trámites excesivamente engorrosos y escasa competencia, lo que ha derivado en un servicio ineficiente y poco transparente. La experiencia internacional evidencia que es posible lograr los mismos objetivos con menos burocracia, más digitalización y mayor competencia, aspectos que lamentablemente quedaron pendientes.

Confirma condena a una ex cabo a 61 días de presidio menor en su grado mínimo, sustituida por remisión condicional por el lapso de un año, por consumo de cannabis al desestimar argumentos de prescripción médica

La existencia del delito y la participación sólo puede ser establecida judicialmente a través de la dictación de una sentencia definitiva en el marco del procedimiento penal, acusando y permitiéndole a éste ejercer los derechos que le franquea el ordenamiento procesal penal.

La Magistratura desestimó el requerimiento, concluyendo que la exclusión de trabajadores como testigos no vulnera la igualdad ni el debido proceso, pues la inhabilidad afecta a ambas partes y existen medios probatorios alternativos. Dos ministros estuvieron por acoger, considerando que la norma priva de valor probatorio al testimonio de los dependientes sobre la base de un prejuicio apriorístico respecto de su imparcialidad, lo que calificaron de irrazonable y potencialmente generador de indefensión.

La sanción, aplicada por la Superintendencia de Educación, se originó en denuncias por falta de docente en Lenguaje de 8° básico y un episodio de maltrato, considerando que el establecimiento no cumplió con los registros de asignaturas ni aplicó correctamente su reglamento interno.

El máximo Tribunal revocó el fallo que rechazó la reclamación contra el Servicio Nacional de Migraciones, al determinar que la resolución de expulsión no ponderó adecuadamente el arraigo familiar de la reclamante, vulnerando el derecho a la protección de la familia y el interés superior del niño, por lo que se ordenó emitir un nuevo pronunciamiento considerando estos factores.

La Contraloría estableció que el municipio destinó parte de la “Casa del Rector” y la “Casa del Auxiliar” a actividades ajenas al servicio educacional, vulnerando el convenio de traspaso suscrito en 1986, y deberá adoptar medidas para corregir la situación en coordinación con la Subsecretaría de Educación y la Dirección de Educación Pública.

El dictamen aclara que la DT no puede fijar reglas sobre la rebaja de remuneraciones en acuerdos de reducción de jornada durante las vacaciones escolares. Corresponde a sindicatos y empleadores convenir los términos de estos pactos, respetando la protección de los derechos laborales y la conciliación entre la vida familiar y laboral de los trabajadores.

La Magistratura desestimó el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, señalando que la norma solo establece la vigencia de la modificación al artículo 23 del Decreto Ley N° 3.063 y no impide que los tribunales analicen y resuelvan demandas de reembolso por pagos de patentes municipales efectuados antes de julio de 2020.

El máximo Tribunal confirmó la decisión que acogió la acción presentada por una ciudadana en contra de su tío, quien instaló un candado que bloqueaba el acceso a su inmueble. La conducta del recurrido constituyó autotutela prohibida por la ley y vulneró el derecho de propiedad de la recurrente, ordenando retirar inmediatamente el candado y restablecer el libre acceso a la vivienda, con auxilio de la fuerza pública si fuera necesario.

Corte de La Serena resuelve que retener al menor por más de tres meses en un recinto hospitalario sin criterio clínico válido constituye una amenaza ilegal a la libertad personal y seguridad individual. La medida fue atribuida a la inacción administrativa del Servicio de Protección Especializada, pese a reiteradas órdenes judiciales.

El máximo Tribunal determinó que el Servicio Nacional de Migraciones actuó conforme a la normativa vigente al notificar al extranjero por correo electrónico y aplicar la expulsión por ingreso no habilitado. La resolución impugnada fue dictada dentro de las atribuciones legales, y el alegado arraigo familiar y laboral no impide la aplicación de la medida.

El Tribunal rechazó la reclamación presentada por la Corporación Alerce contra la resolución de Conaf que actualizó el interés nacional del proyecto vial del MOP en el Parque Nacional Alerce Costero, aclarando que la medida no equivale a una autorización para intervenir bosque nativo y que la superficie afectada fue debidamente actualizada conforme a la normativa vigente.

Durante cuatro meses, los estudiantes de la Facultad de Derecho conocieron de cerca la experiencia de estudiar y analizar sentencias y proyectos de ley, al mismo tiempo que fortalecieron sus habilidades de comunicación digital.

El Consejo para la Transparencia ha triplicado en cuatro años las investigaciones sumarias por infracciones a la Ley de Transparencia, con un fuerte enfoque en municipios, servicios de salud y otras entidades públicas, evidenciando deficiencias estructurales en la gestión de la información y la cultura de transparencia en el Estado.

El máximo Tribunal revocó la decisión que declaró prescrita la acción de cobro de una factura y que rechazó la nulidad de otra, al concluir que la primera acción aún estaba vigente al momento de la notificación, y que la segunda carecía de causa, ya que los servicios que la respaldaban no fueron efectivamente prestados. Precisó que las facturas son títulos causados, vinculados al negocio que las originó, y que el deudor puede oponer excepciones reales relacionadas con la obligación derivada del contrato subyacente.

El pronunciamiento aclara que la difusión del mensaje “indetectable=intransmisible” se enmarca dentro de las competencias del Ministerio de Salud, que tiene a su cargo la formulación y dirección de políticas públicas de prevención y control del VIH, sin que exista ilegalidad en el contenido ni en la estrategia comunicacional implementada entre 2022 y 2023.

Precisó que el bono compensatorio procede cuando no hay salas cuna autorizadas en la comuna, su monto debe acordarse entre empleador y trabajadora, y se mantiene durante licencias médicas de la madre. También es válido para trabajadoras en teletrabajo cuando las condiciones de salud del hijo impidan su asistencia a sala cuna.

Proyecto de ley busca otorgar nuevas facultades al personal de seguridad del Metro y aplicar sanciones a quienes provoquen incidentes que afecten a otros usuarios y a trabajadores de dicho servicio.

Las indemnizaciones por daño moral constituyen obligaciones de valor, de modo que los reajustes e intereses deben calcularse únicamente desde que la sentencia queda firme y ejecutoriada, y no desde la interposición de la demanda.

Concluyó que el deudor pagó erradamente al emisor original, pese a que la factura ya había sido válidamente cedida y notificada, aplicando el principio "quien paga mal, paga dos veces".

La Corte invalidó la sentencia impugnada y determinó que el despido de un trabajador fue en represalia por haber presentado denuncias ante la Inspección del Trabajo. La empresa fue condenada a indemnizaciones y restitución de descuentos, tras constatarse incumplimientos administrativos y la coincidencia temporal entre la denuncia y la desvinculación.

Iniciativa busca equilibrar la responsabilidad penal con la realidad operativa del transporte ferroviario, protegiendo a los operadores de detenciones automáticas en casos de accidentes donde no media responsabilidad evidente

Cámara de Diputados aprueba acuerdo regional para enfrentar desastres naturales y cambio climático. Iniciativa busca movilizar recursos regionales para fortalecer la capacidad de prevención, mitigación y respuesta ante desastres de origen climático en América Latina y el Caribe, administrado por la CEPAL bajo normas de Naciones Unidas.

Fallo establece responsabilidad civil por $9.8 millones en caso de abuso financiero a persona con discapacidad

El Decreto Supremo que declaró las normas fue publicado por el Ministerio del Medio Ambiente en enero del año 2025.

El máximo tribunal revocó en alzada el fallo que había ordenado al Ministerio de Salud autorizar un trasplante autólogo para una paciente con linfoma no Hodgkin. Estimó que no existe ilegalidad ni arbitrariedad en la negativa, pues la paciente se encuentra en remisión y el procedimiento no está contemplado en el protocolo nacional vigente. La disidencia abogó por ordenar un nuevo examen clínico.

Se concluyó que los contratos de tres trabajadoras contenían una descripción ambigua e inespecífica de las funciones, incumpliendo el artículo 10 N°3 del Código del Trabajo y generando incertidumbre sobre las labores a desempeñar.

El máximo Tribunal consideró que la declaración de caducidad de las acciones fue improcedente. Determinó que el trabajador tomó conocimiento efectivo de su despido en diciembre de 2024 y que había cesado en sus labores por instrucciones de la empleadora, por lo que no podía considerarse vencido el plazo legal para interponer la demanda.