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El máximo Tribunal confirmó el fallo que acogió parcialmente un recurso de protección contra dos personas que difundieron en Instagram y WhatsApp acusaciones falsas sobre el supuesto manejo indebido de dinero, afectando la reputación de la recurrente y de su familia. La Corte ordenó suprimir las publicaciones, pero descartó prohibir futuras expresiones al estimar que no corresponde imponer una restricción genérica a la libertad de expresión.

Corte de Rancagua resuelve que, pagada la deuda alimenticia, el juez de familia debe alzar las medidas de apremio, ya que su mantención carece de justificación legal y fáctica conforme a la Ley 14.908

El ente contralor desestimó un reclamo contra Carabineros y confirmó que la normativa vigente, modificada por la Ley N° 21.412 y en vigor desde diciembre de 2023, impide registrar nuevas armas a quienes hayan sido víctimas de robo o hurto de armamento, salvo autorización excepcional de la Dirección General de Movilización Nacional.

El máximo Tribunal anuló la sentencia impugnada, que rechazó la excepción de falta de mérito ejecutivo en un juicio ejecutivo por un cheque de $51 millones. Concluyó que, al haber sido entregado en garantía y no en pago de obligaciones o comisión de cobranza, el cheque carece de la naturaleza de título ejecutivo, por lo que procede acoger la excepción y denegar la ejecución.

El dictamen N°575 estableció que la fusión por absorción de la Corporación de Deportes por la Corporación Cultural de Recoleta no afecta la continuidad de las relaciones laborales ni la existencia del sindicato, reafirmando que las modificaciones en la propiedad de una empresa no alteran los derechos sindicales ni los contratos de trabajo.

Se omitió por la Corte de Valdivia el análisis sustantivo de los hechos denunciados. No examinó ni se pronunció sobre la falta de legitimación activa de los querellantes en un delito que tutela un interés difuso de carácter institucional y en que los denunciantes no tienen un derecho subjetivo que les confiriera la calidad de ofendidos según la ley. La resolución impugnada criminaliza indebidamente el ejercicio regular de la jurisdicción y viola estándares internacionales sobre independencia judicial.

La Corte de Valparaíso revocó lo resuelto por un Tribunal de Juicio Oral en lo Penal que aprobó un acuerdo reparatorio, dejó sin efecto el sobreseimiento total y definitivo decretado, y ordenó continuar con el procedimiento ordinario. Como la apelación del Ministerio Público contra decisión de Tribunal Oral era inadmisible la Corte no pudo entrar a conocer de la resolución impugnada

La Magistratura desestimó la impugnación presentada por una empresa que cuestionó la falta del recurso de apelación ante resoluciones sobre liquidación de créditos laborales, señalando que la restricción responde a la necesidad de asegurar un cobro rápido y eficaz de las sentencias laborales. El voto disidente sostuvo que la norma vulnera el debido proceso al impedir la revisión de lo resuelto por un tribunal superior.

Confirma indemnización por daños al paciente y su familia. Rechaza argumentos sobre errores en la valoración de pruebas. Establece que la apreciación de la prueba es facultad privativa de los jueces de instancia. Aplica la doctrina de "obligaciones in solidum" en lugar de la solidaridad legal tradicional

La presente opinión analiza someramente las motivaciones que fundan la moción parlamentaria N°17.532-07 respecto a la tipificación de las denuncias maliciosamente falsas en materia de delitos sexuales. El escrito discurre respecto a consideraciones de política criminal y realiza un análisis respecto a la posible estructura de imputación de este eventual nuevo ilícito penal.

Aprobado tras siete años de debate, destaca logros, y entre las omisiones clave la creación de fedatarios, la implementación del Folio Real y la eliminación total de la discrecionalidad en los nombramientos. Exministro de Justicia Larraín, “Los notarios deben estar felices, porque mantuvieron su coto de caza”

Ordena reincorporar al padrón electoral a persona declarada interdicta por demencia. El derecho a voto es fundamental en una democracia y cualquier limitación debe interpretarse de forma restrictiva. La interdicción por demencia, que tiene efectos principalmente patrimoniales, no debe extenderse automáticamente a derechos políticos como el sufragio. El Tribunal invocó el principio constitucional de participación con igualdad de oportunidades en la vida nacional. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La Ley N° 20.422), entre otras fuentes.

Impugnación no puede prosperar al no constatarse infracción a las normas reguladoras de la prueba ni al artículo 38 del D.L. 2.186. Respaldó tasación efectuada por la Comisión de Peritos y descartó tanto la existencia de un derecho adquirido por la potencialidad de fusión del predio como la procedencia del lucro cesante por arriendo, cerrando así la disputa por la indemnización.

El precepto impugnado limita el recurso de apelación a sentencias definitivas y resoluciones que impiden la continuación del juicio. El requirente sostiene que dicha restricción vulnera la igualdad ante la ley, el debido proceso y el derecho a una segunda instancia. La Segunda Sala del Tribunal Constitucional deberá pronunciarse sobre su admisibilidad antes de que el Pleno conozca el fondo.

Corte de Puerto Montt resuelve que decretar la prisión preventiva a imputado extranjero en procedimiento simplificado, solo por no contar con RUN provisorio, constituye una privación ilegal de libertad personal.

Se incurrió en una diferenciación arbitraria en perjuicio del recurrente al ponérsele término a su contrata injustificadamente. Ordenó además el pago de las remuneraciones correspondientes al período en que fue separado de sus funciones

La Corte rechazó el reclamo de ilegalidad de AFP Capital contra la decisión del CPLT, que ordenó a la Superintendencia de Pensiones entregar información sobre acuerdos, transacciones, montos recibidos, metodología de indemnizaciones y afiliados afectados por el denominado “Caso La Polar”.

El máximo Tribunal unificó jurisprudencia sobre pago de cotizaciones de trabajadores a honorarios en organismos públicos, determinando que los intereses sólo se devengarán desde que la sentencia que dispuso su pago se encuentre ejecutoriada. La decisión responde a la imposibilidad de los órganos del Estado de pagar cotizaciones sin una orden judicial previa y aclara la aplicación de la presunción de legalidad de los contratos de honorarios.

Los preceptos impugnados facultan al juez a representar al deudor en la venta forzada de un inmueble y permiten al adjudicatario solicitar directamente el lanzamiento de los ocupantes. La requirente alega que estas disposiciones vulneran la igualdad ante la ley, el debido proceso, el derecho al juez natural y la inviolabilidad del hogar, al otorgar a los compradores en remates judiciales un trato privilegiado frente a quienes adquieren en ventas privadas.

Ratifica la decisión de la Corte de Puerto Montt al estimar que la medida disciplinaria vulneró el derecho a la educación y la integridad psíquica de la alumna, al aplicarse de forma arbitraria y desproporcionada, sin ponderar sus antecedentes médicos ni académicos. La alumna había sido expulsada tras agredir a una compañera durante una crisis emocional.

Ratificó la decisión de la Corte de Punta Arenas al estimar arbitrario el rechazo de la concesión gratuita de un predio fiscal destinado a una casa ceremonial, por carecer de fundamentos suficientes y afectar el derecho a la igualdad ante la ley.

El requirente cuestiona normas de la Ley de Arrendamiento Urbano que fijan como domicilio del demandado el inmueble arrendado y restringen la apelación en el procedimiento monitorio, alegando que estas disposiciones vulneran el debido proceso y la igualdad ante la ley al impedir una defensa efectiva y la revisión de fallos por tribunales superiores.

Reprochó que la Corte de Antofagasta omitiera valorar exámenes médicos que confirmaban la presencia de un cuerpo extraño en el organismo de la paciente, vicio que vulnera el deber de fundamentación exigido por el Código de Procedimiento Civil.

El máximo Tribunal confirmó la expulsión de una ciudadana dominicana, sentenciada por tráfico de drogas en 2020, rechazando sus alegatos de arraigo laboral y social en Chile. La decisión mantiene la prohibición de ingreso al país por 25 años, respaldando la legalidad y proporcionalidad de la medida adoptada por el Servicio Nacional de Migraciones.

Dirección de Vialidad deberá notificar liquidación de siete contratos pendientes en 30 días hábiles

La Contraloría aclara que los proyectos en áreas de riesgo deben contar con estudios fundados aprobados por SERNAGEOMIN y suscritos por profesionales especialistas, mientras que la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda deberá definir qué profesiones son idóneas para garantizar la mitigación de riesgos en estas zonas.

La Dirección del Trabajo aclaró que el empleador puede modificar la naturaleza de los servicios, el lugar de prestación o la distribución de la jornada de los auxiliares de farmacia multifuncional volante, siempre que se cumplan los requisitos legales: que las labores sean similares, que el nuevo lugar se encuentre en la misma ciudad y que no exista menoscabo para el trabajador. Además, que la alteración de la jornada hasta en 60 minutos requiere aviso previo de 30 días y que cualquier infracción debe ser denunciada.

La Magistratura rechazó la impugnación contra la norma que limita las excepciones que puede oponer la parte ejecutada en juicios laborales. El voto de mayoría consideró que la norma no vulnera el debido proceso ni la igualdad ante la ley, ya que responde a principios de celeridad y especial protección de los derechos de los trabajadores.

El máximo Tribunal confirmó el fallo que acogió un recurso de protección en favor de un niño de 12 años con múltiples diagnósticos complejos, obligando a una empresa de servicios médicos domiciliarios a mantener íntegramente la entrega de todos los medicamentos y alimentos indicados por su médico tratante bajo la cobertura CAEC, tras detectar una amenaza concreta de suspensión de prestaciones esenciales para su tratamiento

El máximo Tribunal confirmó la sanción aplicada por la Superintendencia de Educación al Colegio Lo Errázuriz de Maipú por diversas infracciones administrativas, incluyendo falta de idoneidad del personal docente y documentación incompleta. La decisión respalda la legalidad del procedimiento sancionatorio, la proporcionalidad de la multa y el respeto a todas las garantías procesales.