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Ratifica el fallo de la Corte de Concepción, confirmando que el cierre anticipado de accesos vulneró el deber de resguardo hacia los alumnos. Desestimó la reclamación de la corporación sostenedora y reafirmó que la multa de 75 UTM impuesta por la Superintendencia de Educación fue proporcional y ajustada a derecho.

El Dictamen N° E148700N25 establece que la bonificación por retiro voluntario del personal de salud municipal se calcula a partir de la fecha que cada funcionario fija para hacer efectiva su renuncia, asegurando certeza jurídica y el pago oportuno de todos los beneficios asociados, incluidos incrementos y bonos adicionales, con posibilidad de anticipos por parte del Ministerio de Salud.

Desestimó la responsabilidad municipal en el fallecimiento de un paciente, al concluir que la atención prestada se ajustó a los protocolos clínicos y no se acreditó infracción a la lex artis.

El pronunciamiento señala que, cuando un menor no puede asistir a sala cuna por razones de salud, basta un certificado médico para que la madre trabajadora y su empleador acuerden un bono compensatorio, sin necesidad de autorización adicional. En cambio, otras situaciones excepcionales continúan requiriendo pronunciamiento previo del servicio, garantizando la protección del derecho a sala cuna y el interés superior del niño.

El hecho que un agente económico tenga una posición dominante en el mercado no constituye una conducta prohibida per se, como tampoco implica ningún reproche para quien goza de aquella, sino que es el abuso de esa posición, la que es reprendida y sancionada por el ordenamiento jurídico. Actuaciones de la reclamada se fundaron en la defensa legítima de sus patentes, sin configurarse actos de competencia desleal ni vulneración a la libre competencia.

El tribunal acogió un reclamo de ilegalidad presentado por CGE contra la SEC, tras constatar que la autoridad no consideró adecuadamente los descargos y pruebas aportadas por la empresa ni ponderó la proporcionalidad de la sanción, por lo que ordenó retrotraer el procedimiento administrativo y garantizar un nuevo análisis motivado de la multa impuesta.

Carabineros anuló una adjudicación ya perfeccionada sin seguir el procedimiento legal de invalidación. No se otorgó audiencia previa al adjudicatario afectado. Los actos impugnados carecían de fundamentos concretos para anular la adjudicación. El Tribunal enfatizó la importancia de respetar este principio de estricta sujeción a las bases en las licitaciones públicas.

Ratifica intervenciones de la Dirección de Obras Hidráulicas para prevenir inundaciones. La Corte de Valparaíso concluyó que las intervenciones ordenadas por decreto de emergencia y acompañadas de medidas de mitigación ambiental no constituyen actos ilegales ni arbitrarios en el área protegida.

El ente contralor precisó que corresponde a los municipios acreditar que concurren las causales de seguridad y confianza reguladas en la Ley de Compras Públicas y su reglamento, advirtiendo que, en caso contrario, deberán recurrir a las modalidades ordinarias de licitación.

El dictamen precisó que las obligaciones de prevención de riesgos y reglamento interno pueden cumplirse de forma solidaria por las empresas reconocidas como un único empleador, aclaró que la exigibilidad de los comités paritarios depende de la normativa vigente y señaló que la competencia sobre riesgos psicosociales corresponde a la Superintendencia de Seguridad Social.

Iniciativa busca modificar el Código del Trabajo para extender el principio de igualdad salarial a todos los trabajadores, no solo entre hombres y mujeres. Mejorar los mecanismos de denuncia y reclamación. Otorgar legitimación activa a organizaciones sindicales. Ampliar la obligación de tener descriptores de cargos a empresas medianas (50-199 trabajadores), entre otras enmiendas.

Un estudio del proyecto Demoscopía Electrónica del Espacio Público (DEEP‑PUCV), evidencia que desde el plebiscito de 2022 hasta la campaña presidencial actual se ha desplegado una acción digital organizada y sostenida que busca influir en la conversación política mediante cuentas coordinadas de odio y desinformación.

¿Qué significa que la Corte IDH haya reafirmado su jurisdicción sobre Venezuela? El autor analiza la ratificación retroactiva de la Convención y sus efectos en un contexto de erosión democrática.

El derecho a no autoincriminarse solo se aplica a causas criminales y no a procedimientos de libre competencia. El legislador tiene libertad para configurar las garantías del debido proceso, siempre que sean racionales y justas. El procedimiento ante el TDLC cumple con estos requisitos. El derecho a guardar silencio no se extiende automáticamente a procedimientos no penales como los de libre competencia. Descarta que exista una asimetría procesal o desigualdad entre la FNE y las personas naturales requeridas. La libertad personal y seguridad individual no se ven amenazados en el contexto de un

Los tribunales laborales, como judicatura especial, solo pueden conocer asuntos que la ley les atribuye expresamente. No existe norma que otorgue competencia específica a los juzgados laborales para impugnar el dictamen en cuestión (Ord. N° 206, Dirección del Trabajo). Se rechaza el argumento de violación al principio de inexcusabilidad, destacando que existen vías administrativas para impugnar estos dictámenes.

La Corte desestimó la reclamación de la Corporación Municipal de Maipú contra la Superintendencia de Educación, ratificando la sanción impuesta al establecimiento parvulario “Alon Kura”. Sostuvo que no se presentó el registro general de matrícula exigido por la normativa, y que los documentos alternativos aportados no permitieron verificar la matrícula real.

Iniciativa permite que personas con discapacidad auditiva, sordos, migrantes y miembros de pueblos originarios puedan acceder a una plataforma en línea en mesones de atención y salas de audiencia de todo el país.

Ratifica multa de 1000 UTM (500 por cada infracción) impuesta por tribunales inferiores. Mantiene la suspensión de operaciones del centro de cultivo "Factoría" por un ciclo productivo. Determinó que la empresa no logró acreditar los hechos que la eximirían de la infracción. Rechazó argumento sobre un supuesto escape masivo de peces, por falta de evidencia objetiva.

Proyecto de ley busca ampliar facultades del órgano fiscalizador para prevenir y sancionar el mal uso de recursos públicos. Ampliar la obligación de los órganos fiscalizados de entregar información, incluyendo saldos de cuentas bancarias institucionales. Reforzar el principio de probidad administrativa. Impedir que la renuncia de un funcionario extinga su responsabilidad administrativa. Modernizar la regulación de sumarios administrativos, permitiendo su tramitación electrónica, son algunas de las medidas que se proponen.

Proyecto de ley busca modificar el Código de Aguas para acelerar autorizaciones de PCHp de hasta 10 MW, fomentando energías renovables y generación distribuida. Requiere que los responsables de las obras informen a la DGA sobre las características y ubicación de las bocatomas. Establece un plazo máximo de 30 días para que las DGA resuelva las solicitudes. Busca equilibrar el control de obras hídricas con la promoción de energías renovables de bajo impacto.

Acción judicial exige a talleres mecánicos de la RM reparar daño ambiental y restituir filtros retirados. Eliminación de filtros de partículas diésel (DPF) en vehículos Multiplica hasta 30 veces las emisiones de MP2,5. Viola normas de emisión y el Plan de Descontaminación Atmosférica. Contribuye al aumento de alertas y preemergencias ambientales

El máximo Tribunal acogió un recurso de casación en la forma y anuló la rebaja de la indemnización por daño moral efectuada por la Corte de Santiago, aumentando los montos a $10.000.000 y $2.500.000. El fallo reconoce el impacto emocional y psicológico sufrido por la Notario Titular a raíz de irregularidades y desórdenes administrativos generados durante los períodos de desempeño de dos notarios interinos, estableciendo una reparación proporcional a la contribución de cada responsable.

El máximo Tribunal revocó la decisión de la Corte de Santiago y dejó sin efecto la resolución que ordenó la expulsión y el rechazo de la visa temporal, tras constatar que el Servicio Nacional de Migraciones no ponderó adecuadamente el arraigo familiar del reclamante, quien reside en Chile desde 2013, está casado con una extranjera con residencia definitiva y es padre de una hija chilena.

El máximo Tribunal confirmó la sanción de 45 UTM impuesta a la Fundación Educacional Nuevas Palabras por matricular más alumnos que los cupos disponibles en el Colegio San Luis de Talcahuano. Señaló que la institución no justificó la presencia de alumnos repitentes ni de la estudiante en aula hospitalaria, y que corresponde a los sostenedores informar verazmente los cupos disponibles, respaldando la actuación de la Superintendencia.

El máximo Tribunal confirmó el fallo que acogió la reclamación y anuló la sanción de privación temporal del 2% de la subvención por un mes, tras determinar que la Superintendencia de Educación aplicó la multa fuera del plazo de prescripción establecido en la Ley N° 20.529, dado que ya tenía conocimiento de los hechos que motivaron los cargos, tanto por uso indebido de recursos como por falta de entrega de información.

La demandante alegó la ilegalidad de una multa por supuesto incumplimiento contractual. El Tribunal acogió la impugnación tras el allanamiento de la entidad demandada, declarando ilegal y arbitraria la aplicación de la sanción.

Se desestimó el recurso de protección de la asociación que agrupa a las principales empresas de telecomunicaciones, que cuestionaba el Decreto Supremo N°198/2024 por imponer obligaciones sin respaldo legal. La Corte concluyó que las medidas se limitan a colaborar con investigaciones judiciales y respetan las garantías legales y constitucionales existentes.

El máximo Tribunal revocó la decisión de la Corte de Rancagua y acogió un recurso de protección presentado contra Banco Scotiabank Chile. Determinó que impedir el pago del crédito hipotecario debido a atrasos en otros créditos constituye un acto ilegal y arbitrario, ya que vulnera el derecho del deudor a cumplir con sus obligaciones y podría exponerlo a la pérdida de su propiedad.

La Magistratura sostuvo que la aplicación de la norma impugnada al caso en examen, dada la grave enfermedad de la requirente, genera un efecto claro de afectación a su salud física y psíquica e inclusive una severa amenaza a su derecho a la vida, incurre en desproporción y vulnera la dignidad de la afectada, con todo lo cual, para este caso, la regla legal impugnada produce un efecto inconstitucional.

La medida cautelar que impide la difusión de audios atribuidos a Karina Milei reabre un debate profundo sobre la libertad de expresión, la censura previa y los límites de la actuación judicial en contextos de alto impacto político. Este análisis jurídico cuestiona la coherencia constitucional de la sentencia y resalta la importancia de proteger el flujo de información en una sociedad democrática.