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Atenta contra la vinculación del amparado a su núcleo familiar y de la relación con sus cercanos, trasgrediendo con ello el inciso segundo del artículo 1° de la Carta Fundamental, en cuanto se reconoce a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, su protección y fortalecimiento.

Concluyó que el arraigo familiar no constituye impedimento suficiente para evitar la expulsión y no puede ser una excusa para soslayar normas específicas de nuestro ordenamiento jurídico.

Descartó que el colegio deba responder por no haber adoptado medidas adicionales, señalando que no puede exigirse un estándar superior al legal, especialmente cuando la documentación presentada parecía auténtica y fue validada por autoridades competentes.

La decisión de sancionar una determinada conducta con medidas proporcionales y adecuadas, se inserta dentro de la autonomía y libertad de los establecimientos para definir su proyecto educativo, que toda la comunidad escolar reconoce y acepta al momento de elegir un determinado colegio.

La tensión entre prisión preventiva y presunción de inocencia revela los límites del poder punitivo del Estado en un sistema democrático. Este análisis propone una defensa firme de las garantías procesales como núcleo esencial del Estado de Derecho.

Una exploración del control de constitucionalidad como garantía de supremacía normativa, desde sus orígenes históricos hasta su aplicación en el sistema jurídico argentino, con especial atención al rol de la Corte Suprema y el debate entre control difuso y concentrado.

Se acreditó que el hospital no respetó la lex artis desde el ingreso de la paciente a la unidad de alto riesgo, retardó injustificadamente la interrupción del embarazo, aplicó medicación en exceso sin descartar riesgos y omitió la analgesia indicada, lo que contribuyó directamente a las graves lesiones uterinas que sufrió la paciente.

El período en que el trabajador hace uso de licencia médica constituye una ‘suspensión de la relación laboral’, por lo que la comunicación del cese del contrato debe entenderse realizada una vez concluida dicha suspensión, es decir, al término de la referida licencia.

¿Qué dice un cuento juvenil de Vargas Llosa sobre el poder constituyente? A partir de “Los Jefes”, este análisis propone una lectura que desafía la visión biográfica del autor y explora las tensiones del poder popular, la soberanía y la autoridad desde una mirada contemporánea del derecho constitucional.

Tribunal de Santiago sentencia a hombre que engañó a dos hermanas por más de $430 millones, haciéndose pasar por experto legal internacional. Elaboró una trama de engaños que incluyó falsas amenazas de extradición y penas en EE.UU. y uso de documentos falsos supuestamente emitidos por autoridades estadounidenses.

Corte de Santiago estableció que la pasajera cumplía con todos los requisitos de viaje, incluyendo la declaración jurada digital exigida por Chile. Iberia negó el embarque erróneamente, solicitando una prueba PCR que no era necesaria. Se acreditó que el demandante tuvo que utilizar 115.700 millas Latam y pagar una nueva tasa de embarque. Se rechazó la demanda por daño moral, al no presentarse pruebas suficientes.

La información solicitada requeriría revisar manualmente más de 62,000 carpetas investigativas. El Ministerio Público carece de un sistema automatizado para extraer estos datos específicos. La tarea de recopilación "implicaría revisar procesos por un período de siete años y respecto de todas las fiscalías regionales". Recopilar la información solicitada afectaría las funciones del organismo persecutor.

Revoca fallo de Corte de Arica y acoge recurso de protección. Reconoce la aplicación del principio de confianza legítima tras cinco años de servicio a contrata. Refuerza la exigencia de motivación suficiente en actos administrativos, incluso tratándose de potestades discrecionales. Establece que la no renovación vulneró el derecho a la igualdad ante la ley.

Confirma pago de $44.450.500 por daño emergente. Casación fue rechazada por no denunciar la infracción de normas decisorias de la Litis. Además, la Corte no puede modificar los hechos establecidos por los tribunales inferiores y la impugnación no explica cómo se habrían infringido las reglas de la sana crítica.

La Magistratura sostuvo que la restricción del recurso de casación en la forma no vulnera la igualdad ante la ley ni el debido proceso, ya que se aplica por igual a todas las partes y la requirente tuvo acceso a otros medios de impugnación.

Aboga por la interpretación amplia del recurso de amparo para proteger derechos fundamentales. Pone de relieve la importancia del principio de legalidad en medidas restrictivas de libertad y en la obligación de fundamentar adecuadamente las resoluciones judiciales. Crítica la falta de claridad sobre la calidad procesal de los afectados. Anula las medidas intrusivas por carecer de sustento fáctico y jurídico.

La familia Saboya no se rinde en su intento por recuperar el legendario joyero real depositado en el Banco de Italia desde 1946. Tras un fallo desfavorable en los tribunales italianos, acudirán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en busca de justicia y restitución, mientras el misterio y la disputa sobre la propiedad de las joyas avivan una saga de poder, historia y dinastía.

La justicia política, según Aristóteles, es la virtud que regula la vida en común y orienta las leyes al bien de todos los ciudadanos.

¿Cómo surgió la madre de todas las encíclicas sociales? Con la ayuda de los documentos originales de finales del siglo XIX, conservados en el Archivo Apostólico Vaticano, rastreamos el origen y la actualidad del documento papal que inspiró a León XIV en la elección del nombre que asumió tras su elección como Sucesor de Pedro.

Sin perjuicio de lo resuelto, se instó al municipio a reforzar y dar continuidad a las medidas de mitigación que ya han sido adoptadas, debiendo comunicarlas a los vecinos del sector, a través de las Juntas de Vecinos

La falta de prueba concreta sobre el ejercicio efectivo de la actividad en competencia, la ausencia de evidencia documental y testimonios imprecisos determinaron que no se acreditó el incumplimiento de la cláusula prohibitiva de competencia ni el perjuicio para el empleador.

Respaldó la multa impuesta por la Superintendencia de Salud, confirmando que la presentación de un Vademécum GES con omisiones y errores afecta la garantía de acceso y la obligación de las Isapres de informar correctamente las prestaciones disponibles a sus afiliados.

Los artículos 4 y 4 bis de la Ley N°17.322 exigen acreditar un perjuicio efectivo al afiliado, como la afectación de sus fondos en el sistema de capitalización individual.

Resolvió que el finiquito no basta como prueba de pago íntegro cuando hay documentos que evidencian transferencias parciales y reclamos del trabajador, y reiteró que la ejecutada debe aportar antecedentes escritos de debida consistencia según el artículo 470 del Código del Trabajo.

El máximo Tribunal determinó que, ante la existencia de incertidumbre o antecedentes contradictorios sobre la interdependencia ecosistémica del área, debe prevalecer la protección del humedal, desestimando la exigencia de consulta indígena.

Ha sido la propia Ley la que ha previsto que tanto la alcoholemia como la prueba respiratoria resultan idóneas para determinar la ebriedad de un conductor

Una delegación de 50 destacados abogados chilenos participará en el evento organizado tras la incorporación del CAM Santiago al CIAM-CIAR, en una alianza inédita que marca un hito para la integración jurídica iberoamericana y posiciona a Chile como actor clave en la resolución de conflictos empresariales a nivel internacional.

El informe de la Contraloría General de la República indica también que para esos funcionarios se emitieron 35.585 permisos médicos.

El informe del CPT revela serias vulneraciones a los derechos de personas migrantes en procesos de expulsión administrativa en Chile, identificando prácticas que podrían constituir tratos crueles e inhumanos, y propone medidas urgentes para garantizar el respeto de las normas internacionales.

Concluyó que la medida carece de proporcionalidad, al aplicarse sin antecedentes suficientemente graves y en una etapa inicial de las investigaciones, vulnerando garantías constitucionales del recurrente.