Nacional

La privación de libertad del amparado resulta ser ilegal, por existir una medida suficiente y establecida en la ley para dar cumplimiento a la pena que le fue impuesta.

El recurrente denuncia la realización de eventos con ruido excesivo y constante, que afecta su descanso y salud, vulnerando su derecho a la integridad psíquica y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

Se produjo una vulneración a los artículos 6° y 7° de la Constitución, que exigen que los órganos del Estado actúen dentro de su competencia y en la forma prescrita por la ley.

La extranjera ha procurado ante las autoridades regularizar su permanencia en el país, para compartir su proyecto de vida con sus hijos ya residentes y con arraigo laboral.

Se ordenó a FONASA gestionar la adquisición y suministro del fármaco prescrito, mientras el médico tratante lo indique.

En el marco de su investigación, la Superintendencia confirmó los dos cargos que fueron formulados contra el vertedero por operar sin autorización ambiental y no cumplir con las medidas provisionales dictadas en su contra.

El reconocido abogado y diplomático falleció a los 80 años en México, dejando un legado de servicio en diversas instituciones públicas.

Vargas Llosa, en su faceta de ensayista y pensador político, ha defendido el estado de derecho, la separación de poderes y el liberalismo como marco indispensable para una justicia real. Para él, no podía existir justicia sin libertad. En textos como “La llamada de la tribu”, defiende una justicia que no esté condicionada por ideologías colectivistas ni por la voluntad del caudillo. Y aborda cómo la justicia debe proteger al individuo frente al poder.

La Magistratura Constitucional sostuvo que, a través de una oposición restringida, se evita desvirtuar la naturaleza del juicio ejecutivo, impidiendo al ejecutado trasladar discusiones que deben darse en un procedimiento de lato conocimiento.

La Corte Suprema confirmó que los establecimientos de salud deben entregar la información médica del menor solo al progenitor que tenga cuidado personal, salvo resolución judicial que indique lo contrario.

La Corte concluyó que el hecho denunciado no se relaciona con prestaciones asistenciales, por lo que no procede la mediación obligatoria.

El Decreto N°6 del Ministerio de Salud dispone la vacunación obligatoria de la población infantil contra las enfermedades inmunoprevenibles, entra ellas, la tuberculosis y la hepatitis B.

La iniciativa, que busca establecer un marco legal general para el uso de la fuerza por parte del personal policial y militar, fue despachada por las comisiones unidas de Defensa Nacional y de Seguridad Pública tras concluir su análisis en particular.

La requirente cuestiona la decisión de excluir los incidentes del artículo 80 del Código de Procedimiento Civil de la suspensión del procedimiento, alegando que la falta de emplazamiento legal vulnera el debido proceso y puede causar graves consecuencias, como el embargo de bienes sin una notificación válida.

La inscripción registral, sin tenencia material del inmueble, constituye una “inscripción de papel”, por lo que carece de legitimación activa para deducir la acción de precario.

Los hechos constituyen el delito de tenencia de elementos tecnológicos en recintos penitenciarios (art. 304 ter del Código Penal) y no una simple falta. Ordenó la realización de un nuevo juicio. Esta decisión refuerza la interpretación más estricta de la ley sobre objetos prohibidos en cárceles. El tipo penal exige, que el objeto prohibido, un teléfono celular, se encuentre en poder del acusado, lo que fue admitido por éste, de manera que, se configuran todos los elementos del tipo penal aludido, el que tiene un carácter especial, frente a la falta general de “infracción a reglas de policía en

La reelección se da en un contexto marcado por el estado de excepción, el cierre de fronteras y un clima de inseguridad sin precedentes, consolidando a Noboa como la figura del "hombre fuerte" frente al crimen y el caos económico.

La restricción de excepciones en sede ejecutiva responde a una finalidad constitucionalmente legítima: la protección del trabajo y la eficacia de su tutela judicial.

La decisión de la Facultad de Derecho de la Universidad de Tarapacá de calificar con ‘NSP’ (no se presenta) a los estudiantes que no asistieron a exámenes por paro académico es legal, sin derecho a reprogramación.

La funcionaria fue sancionada por ausentarse de su domicilio durante su licencia médica, pese a contar con certificado que autorizaba salidas breves por razones emocionales.

Chofer de camión recolector de residuos domiciliarios fue despedido por llevar a su hijo menor de edad como "tercer auxiliar de aseo" sin autorización del empleador.

La autorización otorgada al querellante particular por el juez de garantía para deducir acusación en contra del querellado pone en riesgo la libertad del amparado, al facultarse la continuación de un procedimiento penal viciado.

La iniciativa busca prevenir el acoso escolar y todo tipo de violencia en los establecimientos, mediante nuevos estándares de gestión interna, reforzando derechos laborales y creando la figura del Coordinador de Convivencia Educativa.

Se ha incurrido en un vicio de nulidad procesal al dejar sin efecto la sentencia definitiva por la jueza recurrida y proceder a dictar una nueva, sin facultades para ello y, además, encontrándose inhabilitada por haber emitido opinión en virtud de lo dispuesto en el artículo 195 Nº8 del Código Orgánico de Tribunales, lo que fue planteado por la defensa y no resuelto oportunamente por dicha magistrada.

Se vulneró el derecho de propiedad al compensar ilegalmente una deuda tributaria antigua con una indemnización por daño moral derivada de torturas sufridas por el actor.

La iniciativa busca modificar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente para igualar penas en casos de delitos especialmente graves. Desde la Subsecretaría de la Niñez advierten que endurecer sanciones no incide en la reducción de la criminalidad juvenil.

Durante su rotación intrahospitalaria en el Hospital Guillermo Grant Benavente, una estudiante con un 40% de discapacidad visual y mental síquica enfrentó un trato discriminatorio tras ser asociada con rasgos del espectro autista, lo que le generó estrés y afectó su desempeño académico.

Se aplica la doctrina del "daño moral evidente por hechos notorios", desde que el juez presumió la aflicción y sufrimiento causados por las lesiones corporales. Tuvo en consideración informes médicos, naturaleza de las lesiones (Fractura en el 5to MTC no desplazada, hematoma en el antebrazo izquierdo y contusión en el muslo izquierdo), que el informe médico legal calificó como graves. Presume que las lesiones naturalmente ocasionan aflicción y sufrimiento.

Consideró que la resolución que decretó la medida cautelar carecía de la fundamentación exigida por la ley, vulnerando así el derecho constitucional a la libertad personal.

Descartó que el fallo en alzada incurriera en vicios de nulidad formales y respecto de la prescripción de la acción de desposeimiento razona que el recurso no citó como infringido el artículo 464 N°17 del Código de Procedimiento Civil, que era fundamental para que pudiera pronunciarse la excepción de prescripción alegada.