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La iniciativa firmada por el Presidente José Antonio Kast busca consagrar la seguridad pública como deber del Estado y crear un régimen excepcional aplicable a territorios afectados por organizaciones criminales o terroristas. También contempla un registro de estas organizaciones, regímenes penitenciarios diferenciados para sus líderes y mayores facilidades para incautar y liquidar sus bienes.

La Corte de Santiago aumentó la reparación por daño moral atendida la gravedad de las vulneraciones y sus secuelas permanentes, pero rechazó la indemnización solicitada por la ex pareja de la víctima al no acreditarse un daño autónomo por repercusión.

Concluyó que, al constar en la escritura pública que parte del precio permanecía insoluto, los efectos de la resolución del contrato de compraventa se extendían a la posterior enajenación de los mismos bienes, habilitando al vendedor para ejercer la acción reivindicatoria contra la adquirente.

El TOP de San Fernando estableció que los acusados participaron en dos maniobras distintas mediante aparentes compraventas de vehículos pagadas con cheques que luego fueron protestados, provocando a las víctimas pérdidas superiores a $29 millones.

La Corte de Arica rechazó el reclamo de ilegalidad presentado por una agrupación cultural y validó la decisión municipal de poner fin anticipadamente al préstamo gratuito de un inmueble. El tribunal estimó acreditado que el recinto era utilizado para actividades comerciales vinculadas a un canal de televisión, sin respaldo suficiente sobre el destino de los ingresos obtenidos, configurándose una finalidad distinta de la autorizada.

El tribunal descartó una omisión ilegal o arbitraria de la Municipalidad, al constatar que fiscalizó las obras, ordenó su paralización, rechazó solicitudes de regularización y tramitó los recursos respectivos. Añadió que el recurso de protección no es la vía idónea para obtener la ejecución forzada de un decreto de demolición, sin perjuicio de las facultades municipales para continuar el procedimiento.

El proyecto encarga a la Tesorería General de la República el cobro de patentes municipales y tarifas de aseo impagas. Para ello, las municipalidades deberán informar anualmente a los contribuyentes morosos y la TGR podrá retener las cantidades adeudadas, con reajustes, intereses y multas, de la devolución del impuesto a la renta.

La opinión analiza el anuncio de Venezuela de retirarse de la Corte Penal Internacional y cuestiona la justificación oficial basada en un supuesto “sesgo geográfico” de la institución. El autor examina la decisión en el contexto de las presiones ejercidas contra la CPI, especialmente por Estados Unidos, revisa los efectos jurídicos de una eventual denuncia del Estatuto de Roma y advierte sobre sus posibles consecuencias para la lucha contra la impunidad y la protección de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.

La Corte de Concepción acogió un recurso de protección contra la CAPJ y dejó sin efecto la asignación de puntaje cero aplicada a una funcionaria que no concurrió a una nueva evaluación. El tribunal sostuvo que la normativa vigente obligaba a mantener por tres años los 15 puntos obtenidos previamente y que exigir un desistimiento formal para conservar esa calificación resultaba ilegal y arbitrario.

La mayoría sostuvo que el artículo 472 del Código del Trabajo configura legítimamente el régimen recursivo de la ejecución laboral y no afecta el derecho al recurso en su esencia. Tres ministros disintieron y estimaron que impedir la revisión superior de una decisión con efectos patrimoniales podía vulnerar las garantías de un procedimiento racional y justo.

La iniciativa propone que las municipalidades puedan retirar estructuras precarias instaladas en bienes nacionales de uso público, resguardando durante al menos 30 días las especies que no sean desechos. Además, entrega a los Juzgados de Policía Local el conocimiento de estas infracciones y establece multas de una a tres UTM, aunque aclara que la sola permanencia o pernoctación nocturna en espacios públicos no constituirá una infracción cuando no exista obstrucción ni se produzca en las inmediaciones de establecimientos educacionales o de salud.

El órgano contralor estimó procedente autorizar la vivienda del propietario en predios rurales de Colina, debido a que actuaciones previas de organismos públicos admitían el uso residencial y llevaron a la ejecución del proyecto y a la venta de terrenos a terceros de buena fe. La decisión no exime del cumplimiento de las demás exigencias urbanísticas y ambientales.

La normativa obliga a los exportadores a restituir parte del IVA reembolsado cuando, al cerrar sus actividades, no acrediten exportaciones suficientes durante los 36 meses anteriores. También permite que la empresa continuadora mantenga devoluciones pendientes en casos de reorganización empresarial.

La Primera Sala escuchará alegatos en una causa en que propietarias de tres predios de Padre Las Casas cuestionan la aplicación del artículo 2.514 del Código Civil, al estimar que el cómputo de la prescripción desde 1960 podría impedirles obtener una indemnización por una servidumbre eléctrica que continúa afectando sus terrenos. CGE pide declarar inadmisible el requerimiento, argumentando que la controversia corresponde a la judicatura ordinaria y que las requirentes incurren en contradicciones respecto de la exigibilidad de la obligación.

Concluyó que la negativa de la madre a la vacunación obligatoria del recién nacido, sin una contraindicación médica objetiva que la justificara, amenazaba el derecho del niño a la vida y a la integridad física y psíquica, prevaleciendo su interés superior y la protección de la salud pública.

Concluyó que si la controversia sobre el otorgamiento de prestaciones GES ya se encuentra sometida al conocimiento de la Superintendencia de Salud, el recurso de protección no constituye la vía idónea para resolverla, debiendo las alegaciones formularse mediante los procedimientos previstos por la legislación sanitaria.

La Corte de Santiago confirmó la responsabilidad de un supermercado por incumplir su deber de seguridad frente a un cliente cuyo vehículo fue robado mientras permanecía en el estacionamiento del establecimiento. Sin embargo, redujo la multa aplicada y rebajó las indemnizaciones por daño emergente y daño moral al estimar que parte de las especies sustraídas no fueron suficientemente acreditadas, manteniendo únicamente la reparación del vehículo y una compensación por el perjuicio moral sufrido.

El máximo tribunal rechazó los recursos interpuestos contra la sentencia que redujo de $60 millones a $35 millones la reparación que deberá pagar el Fisco. Los ministros Llanos y Zepeda discreparon respecto de la fundamentación utilizada para rebajar el monto.

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad presentado por SQM contra la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y confirmó que la publicación del extracto de una solicitud de concesión eléctrica en un diario electrónico puede satisfacer la exigencia legal de difusión en un diario de circulación nacional, siempre que el medio cumpla los requisitos previstos en la legislación vigente.

Los asesinos en serie y los criminales que hoy serían asociados a conductas psicopáticas han estado presentes a lo largo de la historia de la humanidad, aunque durante siglos fueron descritos bajo otras categorías. Esa es una de las ideas centrales de “Hijos de Caín”, obra del historiador Peter Vronsky, quien investigó casos vinculados con…

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo presentado por SCM Virginia contra la Dirección General de Aguas y confirmó que la inexistencia de disponibilidad hídrica constituye un impedimento legal para constituir derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas. El tribunal sostuvo que la autoridad fundó su decisión en antecedentes técnicos que acreditan que la extracción solicitada afectaría la recarga del acuífero Pampa del Tamarugal y los derechos de terceros.

Concluyó que el tercero cuyos derechos puedan verse afectados por la divulgación de información pública tiene legitimación para interponer el reclamo de ilegalidad previsto en la Ley de Transparencia y que negarle esa posibilidad vulnera su derecho de acceso a la justicia, por lo que dejó sin efecto la resolución que había declarado inadmisible la acción.

La Contraloría rechazó el recurso del municipio al concluir que las presentaciones realizadas en 2025 describen hechos distintos de los analizados previamente. La autoridad comunal deberá aplicar su protocolo y justificar mediante un acto fundado si inicia o descarta un procedimiento disciplinario.

Concluyó que, en un caso de acusaciones infundadas de abuso sexual que dieron lugar a una demanda por daño moral, la rebaja del monto indemnizatorio debía expresar las consideraciones de hecho y de derecho que la justificaban, pues la falta de fundamentación vulnera el deber de motivación de las sentencias y el debido proceso.

La iniciativa permitirá a las empresas pagar una tasa sustitutiva de 10% sobre la totalidad o parte de los saldos acumulados en el FUR y STUT, así como sobre retiros en exceso del FUT registrados al cierre de 2025 o 2026. La opción deberá ejercerse dentro de los ocho meses siguientes a la publicación de la ley y extinguirá los créditos tributarios asociados.

La confidencialidad constituye uno de los pilares de la relación entre abogado y cliente y una condición indispensable para el ejercicio del derecho de defensa. Sin embargo, su protección exige determinar con precisión qué información está realmente cubierta, quién puede invocarla y cuáles son los límites que impiden transformar el secreto profesional en una categoría ilimitada.

La iniciativa permitirá al Servicio de Impuestos Internos cruzar información con otros organismos públicos y entregar a la Dirección de Presupuestos los antecedentes necesarios para validar ingresos de beneficiarios de programas sociales. Además, dispone que las Cortes de Apelaciones asumirán las causas y la ejecución de las resoluciones de los Tribunales Especiales de Alzada que sean suprimidos.

La Contraloría concluyó que el personal de la Superintendencia de Pensiones dejó de ser de exclusiva confianza para efectos de su cese. Las contratas siguen siendo temporales, pero su término anticipado deberá disponerse mediante un acto administrativo debidamente fundado.

El tribunal rechazó el recurso de nulidad y concluyó que la sentencia estaba debidamente fundamentada. La participación del acusado fue acreditada mediante el reconocimiento de las víctimas, sus vestimentas, los testimonios de funcionarios y las especies incautadas, sin que la ausencia de un peritaje de huellas dactilares restara valor a las demás pruebas.

El máximo tribunal dejó firme la sentencia que desestimó la demanda de la constructora, al no acreditarse una obligación contractual vigente que exigiera a la propietaria permitirle ingresar nuevamente al terreno utilizado durante las obras de la Autopista Concepción-Cabrero. La Corte también sostuvo que la casación no permite volver a valorar las pruebas y advirtió que el recurso omitió una norma esencial.