Acciones de Amparo y Protección

El máximo Tribunal estableció que la malla extensora utilizada para expandir vasos constreñidos, corresponde a un insumo y no a una prótesis.

El máximo Tribunal descartó que la toma de imágenes aéreas de la propiedad haya violado el derecho a la intimidad de los recurrentes y, además, consideró que el uso de herramientas tecnológicas es neutro, por lo que su legalidad o ilegalidad depende del objetivo o propósito que se persiga con su utilización.

El Tribunal de alzada acogió la acción constitucional y, en consecuencia, dejó sin efecto toda medida restrictiva adoptada por la parte recurrida, tras establecer que dichas medidas no se encuentran previstas en el reglamento de la comunidad y que son, además, atentatorias al derecho de propiedad al coartar el uso y goce de los inmuebles.

La actora sostiene que la municipalidad rechazó su solicitud bajo la justificación de no tener caniles disponibles.

El fallo sostiene que no se cumplen todos los requisitos previstos en la normativa que regula la postulación al Tribunal de Conducta para obtener el beneficio de libertad condicional.

El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario del servicio recurrido, al denegar la cobertura por el alto costo del fármaco, cuando está en riesgo la salud y sobrevida de un niño de dos años de edad.

El recurrente alega que recientemente se emitió un informe social desfavorable, siendo este el único antecedente que podría fundamentar el rechazo de la solicitud.

La actora solicita que se le ordene a los recurridos abrir el camino y se abstengan de poner candados, a menos que hagan entrega de las llaves del mismo para poder acceder a su propiedad.

De los antecedentes aportados en el libelo se desprende que pueden existir hechos que eventualmente vulneren las garantías constitucionales.

El actor solicita se declare arbitrario e ilegal la falta de medidas de resguardo adoptadas, junto con las irregularidades en la tramitación de su caso por la publicación y difusión de su denuncia.

Los derechos cuya protección se reclama son controvertidos por la recurrida, por lo que el conflicto debe ser dilucidado en un proceso de lato conocimiento.

El fallo sostiene que, respecto de la petición de la recurrente sobre su reincorporación, no hay un acto ilegal o arbitrario, pues el asunto fue previamente conocido en sede jurisdiccional.

La recurrente alega que no recibió una carta certificada notificando su destitución, por lo que no puedo defenderse adecuadamente en el proceso.

Corresponde desestimar por extemporáneo el recurso de protección interpuesto en contra el Ejército de Chile porque la resolución que dispuso el retiro absoluto de la institución le fue válidamente notificada al recurrente.

La recurrente aduce que la asistencia a citaciones judiciales es contraria al llamado de las autoridades de permanecer en los domicilios por la pandemia.

Los actores estiman que el decreto afecta su libertad de conciencia, ya que su bienestar y salud integral se basan en el equilibrio natural cósmico y se tratan a través de terapias alternativas.

La actora alegó que el decreto que reduce el plazo de su contratación atenta contra los 9 años que ha desempeñado su cargo, en base a los cuales generó la confianza legítima de que esta situación se mantendría en el futuro.

El fallo estimó que al haberse extendido el procedimiento por más de seis meses y estando paralizado por un término largamente superior, corresponde declarar la imposibilidad material de continuar dicho proceso.

Recurrentes alegan que el lago está saturado y contaminado, situación que empeoraría de aumentar la producción de peces de 400 a 650 toneladas anuales.

Omite justificar por qué el contrato de trabajo, pago de cotizaciones previsionales y declaraciones juradas acompañadas por la recurrente, serían insuficientes para acreditar el vínculo laboral de la actora.

La notificación fue simplemente “despachada” pero no ha salido de la órbita o bodegas de Correos de Chile.

El recurrente alega que la carta de expulsión se dictó sin que se haya garantizado el principio de contradictoriedad, pues no se le oportunidad para defenderse.

El máximo Tribunal afirma que a la isapre le cupo una actuación reprochable al desligarse del asunto bajo el pretexto que correspondía “a un conflicto entre prestador y afiliado”, olvidando que le corresponde por ley, designar y supervisar los servicios de prestadores idóneos.

El máximo Tribunal descartó actuar arbitrario del tribunal de primera instancia al decretar la orden de detención del recurrente.

El artículo 1º de la ley Nº21.299 que consagra el beneficio económico señala que los acreedores “podrán” otorgar esta facilidad.

La solicitud fue rechazada debido a que el informe psicosocial era desfavorable.

El recurrente alegó que la tardanza vulnera su derecho a la propiedad consagrado en el artículo 19 Nº24.

La acción de amparo no es la vía para impugnar resoluciones judiciales firmes.

El Tribunal de alzada desestimó el recurso, por existir procesos abiertos en la especie, tanto en el ámbito penal como civil para resolver el conflicto.

Para que se configure una funa no basta el mero cuestionamiento, sino que debe haber además ánimo de dañar la imagen del afectado.