Acciones de Amparo y Protección

El artículo 2 bis de la ley Nº20.261 otorgaría la autorización únicamente para el ejercicio en el sector público.

El Tribunal de alzada acogió la acción constitucional, tras establecer el actuar ilegal de la recurrida al mantener engrillado al amparado mientras permaneció conectado a ventilación mecánica en el centro asistencial, ordenándole que, en lo sucesivo, evite todo trato cruel, inhumano y degradante.

El Tribunal de alzada estableció que la empresa distribuidora no justificó el incremento del servicio atribuido a la clienta, por lo que los cobros devienen en arbitrarios.

La recurrida alegó que no tiene un vínculo afectivo actual con la recurrente y es él quien figura en el contrato de arrendamiento.

El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e ilegal de la compañía minera recurrida al realizar trabajos prospectivos sin autorización.

Existe un ámbito de protección de las personas que se encuentra referido a su integridad psíquica que no puede ser vulnerado por los proveedores aun en caso de deudas.

La recurrente alegó que la medida de confinamiento es absurda, antojadiza y arbitraria, vulnera sus derechos fundamentales, por lo que solicitaba se declare ilegal la retención forzosa en los domicilios de los amparados.

Aplica el “Principio de No Devolución”, que prohíbe al Estado expulsar o disponer cualquier medida que tenga por resultado la devolución del extranjero a su país de origen o a otro cualquiera luego de que se hubiere solicitado la condición de refugiado.

El Tribunal de alzada acogió con costas la acción cautelar, tras establecer el actuar ilegal de la isapre recurrida.

La amparada tiene además un vínculo con un ciudadano chileno, con el cuál va a contraer matrimonio próximamente.

Es excesivo disponer de una medida cautelar personal privativa de libertad, en circunstancias que no aparece como imprescindible ni urgente.

Declaraba abandonada la querella y dictaba sobreseimiento definitivo en la causa, con costas.

Ordena reincorporar al recurrente al Registro Electrónico de Contratistas de la Administración de la Dirección de Compras y Contratación Pública.

El dictamen de expulsión se basaría en la mera noticia de la autoridad policial lo que resulta insuficiente para fundar la medida.

Los recurrentes solicitaron a la Corte disponer de acciones de compensación y mitigación para la comunidad, ya que la contaminación vulnera los derechos fundmentales del artículo 19 Nº 1, 8 y 24 de la Constitución.

Los alumnos del Liceo están sin acceso clases en modo presencial u online, por lo que no han asistido a sus materias desde el mes de marzo

Ordena además el pago de todas las remuneraciones y estipendios correspondientes, debidamente reajustados, entre la fecha de separación y la de su efectivo reingreso.

El Tribunal de alzada rechazó el recurso, tras establecer que el actuar de la parte recurrida se ajusta a la normativa institucional vigente, sin que se le pueda formular reproche de ilegalidad.

El acto priva al recurrente del legítimo ejercicio a su derecho a la integridad psíquica, a la igualdad ante la ley y a la propiedad.

El máximo Tribunal estableció que la acción cautelar no es la vía idónea para impugnar la resolución del ente recaudador, la que debe recurrir ante los tribunales tributarios y aduaneros.

El Tribunal de alzada rechazó la acción constitucional presentada por la Agrupación de Emprendedores Social Cultural Quebrada Encantada de Arica, tras establecer que la secretaria regional cuenta con facultades para solicitar la restitución voluntaria del predio y, de no obtenerlo, ordenar el desalojo de los ocupantes ilegales.

La recurrente habría incumplido con su obligación de rendir, anualmente, cuenta pública del uso de todos sus recursos, incluyendo la acreditación de disponibilidad de saldos.

La decisión fue acordada con la prevención del Ministro Muñoz, quien concurre a la decisión revocatoria, pero teniendo únicamente en consideración que, a diferencia de lo sostenido en la sentencia, en la especie no sólo se está en presencia de una actuación arbitraria.

El Tribunal de alzada estableció la improcedencia de emitir pronunciamiento sobre un proceso en tramitación, al haber devuelto el ente contralor, con reparos, el sumario administrativo abierto al facultativo.

El objeto del recurso amparo no puede ser las resoluciones que dicte una Sala de la Corte y transformar a otra Sala del mismo tribunal en una instancia revisora de lo que aquella decida.

La evaluación psicocriminológica del amparado consideraba que éste tenía una inadecuada conciencia del delito y ausencia de reflexión respecto de los hechos perpetrados por el amparado.

La recurrida no tiene ni la autoridad ni la facultad para solicitar mediante resolución exenta la restitución del inmueble donde se sitúan las viviendas.

El Tribunal de alzada rechazó la acción judicial, tras establecer que los amparados no están engrillados a las camas que ocupan en la UCI del centro asistencial, tal como lo denunció la defensa.

El Tribunal de alzada acogió la cautelar deducida al considerar que la negativa del interno a alimentarse es una amenaza grave a garantías constitucionales.

La recurrente solicitó sustituir la medida por arresto domiciliario total, según indica el artículo 155 letra a) del Código Procesal Penal.