Acciones de Amparo y Protección

El Tribunal de alzada rechazó la acción deducida por la defensa por falta de competencia.

Por la fecha de ocurrencia de los hechos que motivaron el recurso, éste se estimó extemporáneo.

La recurrente alega que la ejecución del proyecto inmobiliario, al estar inserto dentro de un ecosistema frágil, provoca una afectación en esa área protegida.

La discusión central incide en una materia de interpretación contractual que excede los márgenes de la acción constitucional.

Tal pretensión, por sus características, debe ser resuelta en sede de la nueva institucionalidad ambiental, tanto más si de los antecedentes no aparece suficientemente demostrado el quebrantamiento de un derecho que haya de restablecerse, mediante la acción de protección.

Los hechos referidos por los recurrentes eventualmente pueden constituir una vulneración a las garantías establecidas en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

El máximo Tribunal estableció que en la especie la parte recurrida incurrió en una omisión ilegal y arbitraria al entregar un certificado de defunción sin consignar la causa de muerte.

El Tribunal de alzada acogió la acción deducida, tras constatar el actuar ilegal y arbitrario de la isapre al alzar el valor del plan de la recurrente por incorporación de hijo recién nacido.

El Tribunal de alzada estableció que si bien las consideraciones económicas constituyen un factor a tener presente por la autoridad pública al adoptar una decisión, no debieran invocarse cuando está comprometido el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de un paciente.

Sostiene que las políticas públicas impartidas por el Ministerio de Educación amenazan, perturban y ponen en riesgo las garantías constitucionales de estudiantes y profesores de la comuna de Valparaíso.

El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario e ilegal de la prestadora de salud, por lo que le ordenó mantener vigente el contrato en los términos pactados originalmente con la afiliada.

El máximo Tribunal compartió lo sostenido por el voto disidente del fallo impugnado, el que sostuvo que los actos denunciados se ajustan específicamente a la garantía del artículo 19 Nº2 de la Carta Fundamental.

El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario, injustificado y carente de razonabilidad de la isapre, al negarse a cubrir el copago remanente, por cambio de válvula derivativa de líquido cefalorraquídeo, practicada al hijo del asegurado.

El Tribunal de alzada ratificó la resolución impugnada, tras establecer que el juez recurrido actuó dentro de sus atribuciones, en forma ajustada a derecho y actuando por resolución adecuadamente fundada en el interés superior del niño.

El máximo Tribunal enfatiza que mientras se encuentre pendiente el señalado juicio, cualquier alteración del status quo debe ser autorizada judicialmente.

El Tribunal de alzada rechazó la acción cautelar, tras establecer que la Contraloría Regional actuó dentro de sus atribuciones al examinar la legalidad de los gastos públicos.

El máximo Tribunal concluye que habiéndose subsanado la falencia que afectaba la presentación de la recurrida, no existen medidas que pueda adoptar sobre el particular.

El Tribunal de alzada acogió la acción judicial presentada por vecina del sector norte de la ciudad, tras establecer que los trabajos efectuados por personal de la firma sanitaria no han tenido la aptitud suficiente para permitir el restablecimiento del normal funcionamiento del sistema de alcantarillado.

El máximo Tribunal estableció la desproporción de la medida, dictada por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, al no valorar las circunstancias personales que impidieron al amparado comparecer a la audiencia programada.

El Tribunal de alzada estableció el actuar ilegal del servicio público, al desconocer la filiación de la causante, por no haber sido reconocida en forma expresa por su madre, la abuela de la recurrente.

El ejercicio de la libertad de expresión no tiene un carácter absoluto, sino que reconoce como límites el respeto de otros derechos.

La decisión del jefe de servicio se ampara en el Estatuto Administrativo. Se trata de una potestad discrecional que no puede ser considera ilegal o arbitraria por el uso excesivo de licencias médicas de la recurrente

El Tribunal de alzada estableció el actuar ilegal del servicio recurrido, al denegar la tramitación.

El Tribunal de alzada descartó actuar arbitrario de los organismos recurridos, tras establecer que la concreción del sufragio de los reclusos, requiere de la dictación de una normativa legal que regule cómo se ejercería dicho derecho.

La instrucción del Contralor determinó la reincorporación del actor bajo la modalidad a contrata, luego de informarle el ascenso de funcionarias en su cargo.

El detalle de cobros y abonos es insuficiente para dar solución al reclamo de la actora por cobro excesivo de energía eléctrica.

El Tribunal de alzada dejó sin efecto la sanción de suspensión de la patente de preparador de caballos de carrera por seis meses y la multa de 40 UF aplicada por la recurrida, con vulneración a las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y a un debido proceso.

De acuerdo al servicio, “es obligación del privado obtener las aprobaciones en los organismos pertinentes y financiar sus costos, ya que están beneficiando directamente a un mega proyecto inmobiliario”.

Por existir otros funcionarios calificados no incluidos en Lista Anual de Retiros, se exigía la justificación de la decisión impugnada.

El Tribunal de alzada acogió la acción judicial, tras establecer que la reconstrucción del supermercado no requiere de un estudio de impacto en el transporte urbano, como le exigía la Dirección de Obras Municipales de la Municipalidad de Arica, al contar con el permiso original.