Acciones de Amparo y Protección

La Corte de Temuco resuelve que la PDI vulneró la libertad personal y seguridad individual de un niño de 9 años y de una niña de 3 años en el operativo policial

Corte de Valparaíso consideró que no existían "motivos categóricos y contundentes" para mantener al recluso tan lejos de su núcleo familiar. Prioriza derecho a visitas y reinserción social sobre medidas de seguridad. Reclusión en penal distante vulnera normas constitucionales, reglamentarias y tratados internacionales sobre dignidad, reinserción social y protección de la familia

Lo anterior, conforme al criterio jurisprudencial de la Corte Suprema, según el cual una vez consignado el capital señalado en el mandamiento de ejecución y embargo las medidas coercitivas dejan de tener fundamento, por cuanto la causa necesaria exigida para su procedencia deja de existir, debiendo continuarse el cobro del resto por la vía ejecutiva ordinaria.

La Corte acogió la acción cautelar presentada por una mujer divorciada contra Carabineros de Chile, tras rechazar su solicitud de pensión de montepío por no cumplir el requisito de ser soltera o viuda. Determinó que la situación de las divorciadas es comparable a la de solteras y viudas en cuanto a vulnerabilidad y necesidad económica, y que su exclusión carece de justificación razonable, constituyendo una discriminación arbitraria derivada de una omisión legislativa.

La Corte Suprema confirmó lo resuelto por la Corte de Talca, que rechazó la exigencia de reintegro intempestivo de las sumas percibidas de buena fe por concepto de asignación de estímulo, manteniendo vigente solo el cese del beneficio hacia el futuro.

Confirmó la resolución de la Corte de Antofagasta que avaló la expulsión de un funcionario de Carabineros tras un sumario administrativo, destacando que la medida disciplinaria, consistente en la baja por conducta indebida, fue ajustada a derecho y autónoma respecto de la responsabilidad penal derivada de los hechos.

La Corte Suprema concluyó que los juegos de azar sin autorización vulneran el ordenamiento jurídico, constituyen objeto ilícito y lesionan el derecho de propiedad de Lotería de Concepción sobre su concesión exclusiva, por lo que ordenó a los proveedores de internet bloquear de inmediato las plataformas denunciadas.

Ratificó que la facultad de disponer el retiro temporal en Gendarmería corresponde al Director Nacional, quien puede ejercerla de manera fundada y discrecional para resguardar la probidad, la imagen institucional y el correcto funcionamiento del servicio, sin que dicha medida constituya una sanción disciplinaria ni requiera de un sumario previo.

El máximo Tribunal acogió en alzada el recurso de protección presentado contra SUSESO y COMPIN, al determinar que el rechazo de tres licencias médicas constituyó un acto arbitrario. El fallo establece que mientras dure el primer trámite de calificación de invalidez, las licencias médicas deben ser autorizadas y los subsidios pagados, garantizando la continuidad del reposo y la protección del patrimonio de la trabajadora.

Considera desproporcionada la decisión del Servicio de Migraciones y ordena revisar el caso. La recurrente es madre de dos hijos chilenos. Ha residido en Chile por más de 7 años. Presentó el certificado de antecedentes penales requerido, aunque fuera de plazo. Ordena revisar nuevamente su situación migratoria.

Ratificó fallo de la Corte de Concepción, que declaró arbitraria e ilegal la sanción disciplinaria por imponerse por una comisión especial prohibida y desconocer garantías mínimas del debido proceso

El máximo Tribunal estableció que la finalización anticipada del contrato se basó en hechos no acreditados ni contemplados por la normativa vigente, dado que el cargo de la actora no era de exclusiva confianza de la autoridad. La medida vulneró la igualdad ante la ley y el principio de confianza legítima de la trabajadora, quien fue reincorporada con pago de todas las remuneraciones adeudadas.

Corte de Valparaíso señala que se debe considerar el arraigo familiar y laboral, como así también el hecho de que el Servicio Nacional de Migraciones no acreditó que efectivamente se le haya notificado la decisión administrativa que ordena el abandono

Rechaza aplicación retroactiva de ley que excluye beneficios penitenciarios a delitos sexuales.

Superintendencia de Educación vulneró garantía constitucional de igualdad ante la ley. Modificó hechos imputados después de que el colegio presentara sus descargos. Dejó al establecimiento en indefensión. Requirió una autorización expresa no prevista en la normativa para aplazar la implementación. Colegio solo cuenta con un 4,73% de estudiantes indígenas, muy por debajo del 20% mencionado en los cargos originales.

La medida no puede decretarse tratándose de un simple delito de amenazas en contexto de violencia intrafamiliar, fundada solo en los dichos de la madre —víctima y conviviente del imputado— y sin respaldo médico ni pericial, lo que la hace desproporcionada y contraria a la Ley N°21.331.

La orden de detención se dictó sin que constara un apercibimiento previo conforme al artículo 33 del Código Procesal Penal, lo que constituye una amenaza ilegítima a la libertad personal de la imputada.

La Corte de Talca estimó que la orden de abandono del país era "ilegal, arbitraria y desproporcionada", destacando la falta de consideración de los antecedentes aportados por el migrante, quien residía en Chile desde hacía seis años y tenía arraigo laboral y familiar.

Ratificó la decisión de la Corte de Temuco que ordenó al Colegio Alemán de Villarrica dejar sin efecto el cobro retroactivo de colegiaturas y matrículas, luego de que un error del establecimiento impidiera activar el seguro de escolaridad contratado para cubrir los estudios de una alumna.

Determinó que la sola acumulación de licencias médicas no basta para justificar la vacancia de un cargo público, calificando de arbitraria la decisión administrativa que declaró la incompatibilidad pese a que la COMPIN había informado la recuperabilidad de la salud del funcionario.

Confirmó que los descuentos aplicados a asistentes de la educación se ajustan a la normativa vigente, descartando vulneraciones de derechos fundamentales, al tratarse de sumas indebidamente percibidas durante períodos de reposo no autorizados.

La Comisión daba cuenta de una trayectoria delictual asociada al lucro fácil, validación de conductas criminógenas, carencia de juicio crítico adecuado y un perfil delictivo persistente, por lo que no se debe conceder, refiere el voto en contra.

La Corte de Santiago resuelve que una norma de carácter jerárquicamente inferior a la ley no puede establecer una causal que restrinja la posibilidad de ingresar al país, ya que esa determinación ha quedado entregada por la Constitución al dominio de la ley.

No procede el sobreseimiento definitivo por prescripción solicitado por imputado adolescente. Mantiene el proceso en su contra por violación y abuso sexual hiperagravado. Aplicó plazo de prescripción de 5 años para crímenes. Priorizó la protección de los derechos de la víctima, una niña de 10 años. Invocó tratados internacionales sobre derechos de niños y mujeres, pues tratándose de delitos sexuales en perjuicio de una niña, debe prevalecer su derecho a verdad, justicia y reparación por sobre la garantía de seguridad jurídica del imputado.

Tribunal deberá reprogramar audiencia dentro de 60 días para respetar el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Al fijar fecha de audiencia de juicio oral debe priorizarse a los acusados en prisión preventiva, y si es necesario reprogramar audiencias de acusados que se encuentran en libertad

Condenado cumplía todos los requisitos legales para acceder a la libertad condicional. La evaluación de Gendarmería indicaba un riesgo de reincidencia "muy bajo". La Corte enfatizó que la libertad condicional debe evaluarse en función de los avances en reinserción social

Se infringió el artículo 79 del Código Penal, que establece: "No podrá ejecutarse pena alguna sino en virtud de sentencia ejecutoriada". Determinó que la orden de ingreso a prisión lesionó ilegítimamente el derecho a la libertad ambulatoria del amparado. Dejó sin efecto la orden de ingreso al Centro de Cumplimiento Penitenciario y dispuso la inmediata libertad del recurrente.

Al haberse pagado el capital original adeudado, la privación de libertad fundada únicamente en intereses y recargos resulta desproporcionada e ilegal. Artículo 12 de la Ley N° 17.322 se debe interpretar restrictivamente

Mantiene a imputado en módulo de discapacitados ante falta de cupos en hospital psiquiátrico, pero exige examen médico en 10 días

Confirma legalidad de la medida cautelar impuesta después del veredicto condenatorio. Fue decretada conforme a derecho. Se consideraron correctamente factores como la gravedad de los delitos y el riesgo para la sociedad. Voto en contra argumenta que "no existen riesgos procesales que justificaran la medida" y que la prisión preventiva en esta etapa "implicaba una anticipación indebida de la pena aún no ejecutoriada"