Acciones de Amparo y Protección

Corte de Rancagua resuelve que, pagada la deuda alimenticia, el juez de familia debe alzar las medidas de apremio, ya que su mantención carece de justificación legal y fáctica conforme a la Ley 14.908

Se omitió por la Corte de Valdivia el análisis sustantivo de los hechos denunciados. No examinó ni se pronunció sobre la falta de legitimación activa de los querellantes en un delito que tutela un interés difuso de carácter institucional y en que los denunciantes no tienen un derecho subjetivo que les confiriera la calidad de ofendidos según la ley. La resolución impugnada criminaliza indebidamente el ejercicio regular de la jurisdicción y viola estándares internacionales sobre independencia judicial.

La Corte de Valparaíso revocó lo resuelto por un Tribunal de Juicio Oral en lo Penal que aprobó un acuerdo reparatorio, dejó sin efecto el sobreseimiento total y definitivo decretado, y ordenó continuar con el procedimiento ordinario. Como la apelación del Ministerio Público contra decisión de Tribunal Oral era inadmisible la Corte no pudo entrar a conocer de la resolución impugnada

Corte de Puerto Montt resuelve que decretar la prisión preventiva a imputado extranjero en procedimiento simplificado, solo por no contar con RUN provisorio, constituye una privación ilegal de libertad personal.

Ratifica la decisión de la Corte de Puerto Montt al estimar que la medida disciplinaria vulneró el derecho a la educación y la integridad psíquica de la alumna, al aplicarse de forma arbitraria y desproporcionada, sin ponderar sus antecedentes médicos ni académicos. La alumna había sido expulsada tras agredir a una compañera durante una crisis emocional.

Ratificó la decisión de la Corte de Punta Arenas al estimar arbitrario el rechazo de la concesión gratuita de un predio fiscal destinado a una casa ceremonial, por carecer de fundamentos suficientes y afectar el derecho a la igualdad ante la ley.

El máximo Tribunal confirmó el fallo que acogió un recurso de protección en favor de un niño de 12 años con múltiples diagnósticos complejos, obligando a una empresa de servicios médicos domiciliarios a mantener íntegramente la entrega de todos los medicamentos y alimentos indicados por su médico tratante bajo la cobertura CAEC, tras detectar una amenaza concreta de suspensión de prestaciones esenciales para su tratamiento

El máximo Tribunal confirmó la decisión que acogió la acción presentada por una ciudadana en contra de su tío, quien instaló un candado que bloqueaba el acceso a su inmueble. La conducta del recurrido constituyó autotutela prohibida por la ley y vulneró el derecho de propiedad de la recurrente, ordenando retirar inmediatamente el candado y restablecer el libre acceso a la vivienda, con auxilio de la fuerza pública si fuera necesario.

Corte de La Serena resuelve que retener al menor por más de tres meses en un recinto hospitalario sin criterio clínico válido constituye una amenaza ilegal a la libertad personal y seguridad individual. La medida fue atribuida a la inacción administrativa del Servicio de Protección Especializada, pese a reiteradas órdenes judiciales.

El máximo tribunal revocó en alzada el fallo que había ordenado al Ministerio de Salud autorizar un trasplante autólogo para una paciente con linfoma no Hodgkin. Estimó que no existe ilegalidad ni arbitrariedad en la negativa, pues la paciente se encuentra en remisión y el procedimiento no está contemplado en el protocolo nacional vigente. La disidencia abogó por ordenar un nuevo examen clínico.

Está comprometida la inmunidad colectiva y se justifica para prevenir brotes epidemiológicos. Se debe priorizar el interés superior del niño y la salud pública sobre la autonomía parental

Acogió la acción cautelar presentada por una ciudadana dominicana por la dilación en iniciar un procedimiento sancionatorio por ingreso irregular. La demora, que superó el plazo legal de seis meses, mantenía a la recurrente en incertidumbre sobre su situación migratoria. Se ordenó al Servicio Nacional de Migraciones pronunciarse en un plazo de treinta días, formalizando el procedimiento en caso afirmativo.

El máximo Tribunal acogió el recurso de protección de una menor con lipofusinosis neuronal ceroidea tipo 2 y revocó la negativa del Ministerio de Salud a cubrir el suministro del medicamento Brineura. La negativa, basada en criterios económicos y administrativos, constituye un riesgo directo a la vida e integridad de la paciente, por lo que se ordenó su adquisición y suministro mientras sea prescrito por el médico tratante.

El máximo Tribunal determinó que el establecimiento educacional vulneró derechos fundamentales al impedir la matrícula de una alumna de 2° básico por razones económicas. Sostuvo que el colegio no respetó su propio reglamento interno, que contemplaba un segundo período de matrícula presencial para regularizar situaciones como la descrita, y que la conducta afectó la igualdad y dignidad de la estudiante.

El tribunal acogió la acción cautelar interpuesta por la propietaria de un inmueble en Quinta Normal y determinó que los ocupantes ingresaron sin autorización, impidiendo el uso legítimo del predio. En contra de lo resuelto se dedujo recurso de apelación, el cual deberá ser resuelto por la Corte Suprema.

Declaró ilegal y arbitrario que un subordinado del propio denunciado resolviera sin trámite la presentación de los diputados, disponiendo que la denuncia se tramite por la vía prevista en la Ley de Lobby y asegurando imparcialidad en el proceso.

El tribunal estableció que las reiteradas comunicaciones enviadas por la recurrida, pese a haber iniciado un juicio de cobranza civil, excedieron los márgenes permitidos por la Ley N°21.062 y constituyeron un acto ilegal y arbitrario que vulneró la salud psíquica de la recurrente.

El máximo Tribunal concluyó que el afiliado no tenía obligación legal de declarar una preexistencia que, de hecho, no había sido diagnosticada formalmente, y que la Isapre no pudo fundamentar la reducción de cobertura en un conocimiento que el recurrente no tenía.

El Tribunal concluyó que, tras 35 años de servicio continuo, el trabajador adquirió la confianza legítima de que su contrata sería renovada, y que la Administración no acreditó causas suficientes para ponerle término.

Acoge recurso de amparo y critica a Gendarmería por incumplir deber de seguridad

Confirmó la sentencia de la Corte de Concepción que acogió el recurso de protección interpuesto por funcionarios de salud, al constatarse que la irrupción del ex trabajador en áreas restringidas generó un ambiente de hostigamiento y perturbación a su integridad psíquica.

La Corte Suprema confirma lo resuelto por la Corte de La Serena que acogió un recurso de protección contra la casa de estudios, tras constatar la aplicación retroactiva de un reglamento disciplinario y la vulneración del debido proceso, la igualdad ante la ley y el derecho de asociación.

Desestima acción por falta de pruebas sobre plan municipal para exhumar cuerpos sin consentimiento de familiares

La medida fue considerada legítima, ya que se adoptó con participación de apoderados, personal y gremios, se limita a un espacio específico y tiene como finalidad la protección de los niños. La controversia sobre un posible uso como control laboral debe dirimirse en un procedimiento de mayor alcance, mientras que la alegación de extemporaneidad se descartó al tratarse de un acto permanente.

El fallo concluyó que la negativa a renovar la patente de alcoholes careció de fundamentación suficiente, lo que la hizo arbitraria y vulneró los derechos de igualdad ante la ley y de propiedad de la recurrente, por lo que se ordenó al municipio dictar un nuevo acto administrativo debidamente motivado.

El máximo Tribunal confirmó que Banco Scotiabank debe cancelar cuatro cargos fraudulentos en la tarjeta de crédito de la recurrente por USD 9.278,39, abstenerse de cobros relacionados y eliminar cualquier registro de morosidad. La medida se ordena hasta el umbral establecido en el artículo 5 de la Ley N° 20.009, al considerar que la negativa del banco fue arbitraria e ilegal, vulnerando derechos de propiedad e igualdad.

El máximo Tribunal acogió un recurso de protección en alzada y ordenó a FONASA, al Servicio de Salud Metropolitano Norte y al Hospital San José cubrir el medicamento Risdiplam para un paciente de 22 años con Atrofia Muscular Espinal tipo 2. Estableció que la negativa basada en razones administrativas y económicas vulnera los derechos a la vida y a la protección de la salud, prevaleciendo el principio de protección de la vida sobre las limitaciones normativas y económicas.

Advirtió que computar las licencias maternales como inasistencias desconoce la Constitución, el Código del Trabajo y los convenios internacionales suscritos por Chile, protegiendo el derecho de las trabajadoras a no ser sancionadas ni desvinculadas por ejercer beneficios maternales, y reafirmando que la maternidad no puede convertirse en causal indirecta de despido.

El tribunal acogió un recurso de protección presentado por un Sargento 1° de Carabineros y ordenó el pago retroactivo de la “Asignación de Especialidad al Grado Efectivo” incluida en la base de cálculo de la “Gratificación de Zona”. La Corte estimó que la aplicación de la prescripción por parte de la Contraloría y Carabineros, sin declaración judicial previa, vulneró el principio de juridicidad y afectó el derecho de propiedad del funcionario.

El máximo Tribunal acogió el recurso de protección presentado por una paciente de 66 años con cáncer de páncreas metastásico con mutación BRCA, tras constatar que la negativa de FONASA y del Ministerio de Salud a cubrir el medicamento Lynparza (Olaparib) constituye un acto arbitrario que ponía en riesgo su vida. Se ordenó a las recurridas gestionar el suministro del fármaco mientras sea prescrito por el médico tratante.