Contraloría

Dicha antigüedad debe verificarse al 31 de diciembre de 2020.

Los funcionarios con hijos menores de dos años pueden acceder a teletrabajo o trabajo remoto, en los términos que regula el artículo 206 bis del Código del Trabajo.

Las reclamantes desempeñaban funciones habituales del Servicio, de conformidad a lo previsto en el artículo 11 inciso segundo del Estatuto Administrativo.

En la especie, la Subsecretaría de Hacienda estableció una regulación orientada a resguardar la seguridad e integridad del inmueble fiscal y de los funcionarios y servidores públicos que ejercen allí sus labores.

Para ello se deben adjuntar los antecedentes que acrediten la realización de dichas labores.

El artículo 46 de la Ley N°19.880 establece una presunción simplemente legal, por lo que el interesado puede desvirtuarla con prueba en contrario.

De otra parte, el cargo fue incluido en las normas del reglamento de ceremonial público y protocolo de Estado.

Por su parte, el fuero de sus directores se extendió por seis meses luego de esa data.

La excepción a dicha autorización se refiere a obras ejecutadas o financiadas por organismos públicos.

Los organismos suscribieron un convenio de acompañamiento técnico para el proceso constitucional de Chile.

La educación es el bien jurídico protegido por la referida normativa, por lo que debe ser interpretada teniendo en vista el interés superior de los niños.

El artículo 111 de la Ley N°18.834 prevé que las funcionarias o funcionarios tienen derecho a mantener el total de sus remuneraciones durante el uso del permiso postnatal parental.

La institución policial informó que se encuentra trabajando en un nuevo "Manual de Operaciones para el Control del Orden Público”.

El interesado sostuvo que los Concejales y CORES pueden ser canalizadores de las preocupaciones y los requerimientos de los vecinos en dicha materia.

La Ley N°20.054 dispuso que la licenciatura de tales programas solo debe ser conferida por una universidad.

El pronunciamiento complementa el Dictamen N°E173171 de 2022, que impartió instrucciones respecto de las contrataciones a honorarios en los órganos de la Administración del Estado.

Los permisos por construcción no constituyen impuesto, sino el cobro correspondiente al ejercicio de una labor de revisión, inspección y recepción.

El legislador estableció una ficción legal por la cual se considera como efectivamente trabajado el tiempo que duró el permiso.

A nivel reglamentario sólo se exige la constitución como empresa de trabajos aéreos, sin que se establezca un requisito adicional respecto a su forma de organización.

Si bien el ordenamiento jurídico contempla excepciones, no se incluye entre ellas al Ministerio de Vivienda y Urbanismo ni a los Servicios de Vivienda y Urbanización.

Se trata de una votación popular prevista en la Ley N°18.700, que se llevó a cabo durante la vigencia de los contratos de los recurrentes.

No basta señalar que los antecedentes académicos para acreditarse como asesor no son compatibles con lo establecido en el Manual Operativo de Seguridad Privada.

Las causales resultan aplicables a procedimientos relacionados con solicitudes de acceso a la información.

Una interpretación contraria deja sin aplicación dicha causal de vacancia del cargo.

No obstante, si otras comunidades indígenas pueden verse afectadas por la donación, debe realizarse una consulta indígena previa.

La medida debe ser solicitada por el funcionario y tiene carácter excepcionalísimo.

Ejecutivos de ENAER que ocupan la calidad de directores en una sociedad filial de ésta tienen derecho al pago de la dieta siempre que ello no se encuentre dentro de las funciones inherentes al cargo de los respectivos servidores.

Los funcionarios que utilicen el permiso no se verán afectados por su uso dadas las especiales particularidades que definió el legislador al regularlo.

La ocupación de la sede del Instituto por un grupo de interés merma el desarrollo de las labores de promoción y protección de los derechos humanos.

Las normas de protección a la maternidad son un conjunto de derechos integrantes de la seguridad social, por lo que deben interpretarse de forma de posibilitar su cumplimiento cabal.