Contraloría

En la medida que su empleo se efectúe únicamente para la defensa personal de sus funcionarios, y no como instrumento para el control del orden público, labor que compete a las fuerzas de orden y seguridad.

Lo anterior, porque se trata de una acción que tiene por objeto educar a la población en una situación de emergencia y alarma.

El pronunciamiento complementa el dictamen N°E142955 de 2021.

A pesar de ser entidades creadas bajo el Derecho Privado, ejercen funciones públicas y reciben recursos fiscales, por lo que, en virtud del principio de supremacía de la realidad, deben considerarse órganos públicos para efectos de la aplicación de determinadas regulaciones de Derecho Administrativo.

Los municipios no pueden ejercer actividades empresariales, a menos que una ley de quórum calificado los autorice expresamente.

Se trata de un menor adulto de 17 años capaz de emitir un juicio respecto de una situación que afecta directamente a un ámbito privado de su vida.

Lo anterior, dado que su contenido es secreto para los terceros ajenos al respectivo procedimiento.

Se trata de una función habitual de la institución contenida en su ley orgánica constitucional, por lo que los recursos que originen constituyen ingresos de operación de carácter fiscal.

Se trata de un asunto eminentemente técnico que la ley les ha encomendado directamente, por lo que no le corresponde al órgano contralor fiscalizarlo.

El requerimiento se efectuó por el Diputado Jaime Naranjo Ortiz.

Dichos funcionarios conservan su calificación anterior y sus ausencias son justificadas.

La Ley Orgánica de Municipalidades se remite a la regulación específica de compras públicas, la cual exime de la emisión de un acto administrativo para llevar a cabo esta modalidad especial de trato directo.

Para obtener los antecedentes de un concurso público con el fin de fundar un reclamo, los postulantes pueden requerir su entrega directamente a la autoridad, sin necesidad de acudir a la Ley de Transparencia, pues ambos procedimientos no están supeditados.

No resulta plausible que la autoridad fundamente su decisión en el prolongado cierre de fronteras a causa del COVID-19 y en la pérdida de vigencia de los certificados de antecedentes penales que debe acompañar el interesado.

Las instituciones deben adoptar las medidas necesarias para verificar que los cotizantes en ese régimen satisfagan todos los requisitos legales.

La suscripción del protocolo no reviste las características de una resolución ambiental, sino que se enmarca dentro de las facultades de CONAF para celebrar toda clase de contratos que afecten los Parques Nacionales en su directo beneficio y resguardo.

Los participantes tuvieron conocimiento de la modificación efectuada a las bases de licitación y del nuevo plazo que debían considerar para la vigencia que debía tener la garantía de seriedad de la oferta.

Por tanto, el personal en retiro con derecho a pensión que no mantenga deuda alguna con el Fondo le serán devueltos sus aportes en las condiciones establecidas.

No le corresponde a la Contraloría General interpretar el artículo 134 de la Constitución, toda vez que ello implica incidir en la autonomía que el ordenamiento le reconoce a la Convención.

Ello, por cuanto no son días laborales en dicha jornada.

La autoridad asimiló los turnos de 24 horas a dos jornadas continuas de 12 horas, para efectos de la normativa aplicable.

El pronunciamiento complementa el dictamen N°37.767 de 2009.

El oficio publicado en el Diario Oficial, y firmado por el contralor subrogante, Osvaldo Vargas, les recuerda que está prohibido “realizar actividad política en las funciones de la administración o usar bienes del Estado para tales fines”.

La modificación del decreto exento incluyó 56 nuevos códigos de actividades con el fin de ir en ayuda de más servicios afectados por la situación económica del país.

En el desempeño de su cargo, el funcionario público no puede realizar actividades ajenas al mismo, como son las de carácter político contingente.

Ello, sin perjuicio de la verificación de las operaciones, cifras y antecedentes sustentatorios que se determinen en el ámbito de la fiscalización.

Proceso se habría desarrollado incumpliendo las bases administrativas y técnicas de la licitación.

Tal presupuesto no se incluye dentro de las razones que autorizan adoptar dicha modalidad de trabajo.

En dichos casos procede una asignación por cambio de residencia.

Habilitar a las Fuerzas Armadas involucrarse en labores de prevención de delitos altera la distribución de las competencias consagradas en el artículo 101 de la Constitución.