Contraloría

El compendio normativo sistematiza las más importantes normas sobre probidad e integridad de la función pública, acompañada de la jurisprudencia más relevante en cada caso.

La prestación discutida es propia de la regulación contenida en el Código del Trabajo, el cual no resultaba aplicable en la situación de la peticionaria.

Indica la CGR que no procede extender los beneficios que aquellas regulan a situaciones distintas, en tanto el legislador no las contempló.

No corresponde que se incorpore en cualquier época la imagen de la autoridad edilicia como una práctica reiterada asociada a la difusión de las actividades municipales.

ENAP debe, necesariamente, respetar el principio constitucional de probidad, consagrado en el artículo 8° de la Carta Fundamental, indica la CGR.

La Contraloría concluye manifestando que al denegar el aludido permiso, la entidad policial actuó conforme a la respectiva preceptiva jurídica.

Es deber del SEA informar a la SMA de la ocurrencia de situaciones irregulares, con el propósito de que ésta adopte las medidas o aplique las sanciones que en derecho correspondan.

Se sostiene que la empresa CODELCO se encuentra actualmente sometida a la fiscalización de la Contraloría.

Señala el Contralor que la suspensión a que se refiere el artículo 10 de la ley N° 20.249, no se aplica al procedimiento de evaluación ambiental.

Tanto la calificación en Lista N° 2, como la incorporación del reclamante en lista anual de retiros del Ejército en el año 2016, se ajustaron a derecho.

El organismo requirente deberá dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por la Contraloría mediante el oficio N° 24.143 de 2015.

La Subsecretaría de Telecomunicaciones se abstenga de incorporar en los respectivos lineamientos una regulación de esa naturaleza.

La Contraloría no constata ilegalidades, y por tanto accede al requerimiento formulado por el reclamante.

La CGR concluye indicando que el mencionado reglamento de disciplina no exonera de responsabilidad administrativa a los oficiales generales.

Concluye la CGR manifestando que no se advierte reproche que formular a la participación del ex acalde en la sesión del concejo municipal.

El principio de probidad administrativa, elevado a rango constitucional el año 2005, resulta aplicable a toda la Administración y, por ende, a las empresas públicas creadas por ley.

Siendo la DIFROL un órgano centralizado, los convenios de prestación de servicios personales a honorarios que aquella suscriba deben ser aprobados por el Ministro de Relaciones Exteriores.

Concluye el dictamen manifestando que el gasto efectuado por la Municipalidad de Placilla en la celebración indicada no se ajustó a derecho.

Tesorerías deberá adoptar, en lo sucesivo, las medidas que sean necesarias a fin de que aquellas se elaboren en forma eficiente y oportuna.

El IGFE tiene por objeto mostrar una visión amplia sobre las finanzas públicas del país en materia presupuestaria, financiera y patrimonial.

No se observa ningún inconveniente para que dichos trabajadores, si cumplen los demás requisitos legales, perciban los anotados estipendios.

Quienes incurren en infracciones graves al citado principio de probidad administrativa, la autoridad se encuentra en el imperativo de disponer la destitución.

La CGR concluye manifestando que, de los antecedentes tenidos a la vista, no se advierten irregularidades en la aplicación del Reglamento Ambiental para la Acuicultura.

El ente contralor concluye señalando que no cabe imputar al inculpado lla circunstancia de haber afectado la imagen institucional.

El ordenamiento ha contemplado un sistema de control financiado con recursos de SENDA y la contratación por parte de éste de los servicios de laboratorio.

El Contralor abordó el rol de la CGR, las características y alcances de la función y proceso de toma de razón que es ejercida por la institución, y los aspectos generales de los planes de prevención y de descontaminación.

La DGAC dio cuenta en términos suficientes de los fundamentos específicos y razones objetivas por las cuales consideró otorgar aquella autorización excepcional.

La CGR concluye sosteniendo que el incremento del 20% también resulta aplicable a la dieta que tiene derecho a percibir el interesado.

Se indica que corresponde a la DGAC ponderar caso a caso y conforme a la normativa vigente, la pertinencia de las autorizaciones de actividades potencialmente peligrosas.

El ente fiscalizador no apreció que el contenido del pacto en estudio infrinja el reseñado decreto Nº 255.