Judicial

No afecta la validez de la cesión el que se efectúe antes de que la factura quede irrevocablemente aceptada, pues ello sólo incide en que el deudor podrá oponer al cesionario todas las excepciones que hubiere podido oponer al cedente, reales o personales, situación que no afecta el mérito ejecutivo de las facturas cobradas, en tanto aparecen recibidas por la deudora, su contenido no fue reclamado, su pago es actualmente exigible y la acción de cobro no está prescrita.

La disposición contractual cuya aplicación objeta el recurrente aborda derechos convencionalmente pactados, los que, conforme sus términos, son superiores al mínimo legal. Por ello, si el referido acuerdo limita a lo establecido en la ley el alcance de la pretensión que se relaciona con la entidad de la sanción que cede en beneficio del trabajador, el exceso puede ser objeto de renuncia válida.

Se tuvo por probado el menoscabo que sufrieron los denunciantes, al burlarse el demandante principalmente de situaciones relacionadas a condiciones físicas, de género y orientación sexual, cuestionando su capacidad laboral y experiencia.

La jueza no se limitó a postular un reemplazo sin respaldo, sino que verifica la fecha efectiva en que se suspendió el teletrabajo o se produjo el traslado, constatando que ello coincide con la paralización y ocupación de funciones previamente ejercidas por huelguistas.

La sentenciadora, teniendo a la vista la chequera electrónica del demandante, procedió a la luz de su observación en relación a las cifras no cerradas, a elaborar una verdadera tabla de lo que habría recibido el demandante cada mes por concepto de remuneraciones, indicando días y montos, y excluyendo de estos, a aquellas cifras que por no ser cerradas, estimó, no formaban parte de dichas remuneraciones.

Si bien la demandada debe responder por el daño moral causado, era carga de los actores demostrar que lo que se reclama a título de daño moral es una afectación distinta a la simple molestia o perturbación propia de todo incumplimiento en este ámbito.

Los órganos de la Administración del Estado no tienen derecho a reclamar ante la Corte de Apelaciones de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información que hubieren denegado, cuando la denegación se hubiere fundado en que su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente, en los casos que dicha norma indica.

Conforme lo padecido por el actor a manos de agentes del Estado, debe considerarse la dinámica de su detención, el contexto familiar en que se produjo, la extensión de su detención y los detrimentos sufridos, lo que junto a la necesidad de emigrar del país prolongadamente, debe ponderarse con otros casos similares conocidos por esta Corte, que llevan a entender que el monto condigno con los padecimientos referidos es la suma de $100.000.000.-.

El Servicio incurre en ilegalidad al asumir y aplicar la causal de expulsión, bajo el entendido de que para decretarla basta el solo hecho de haber ingresado al territorio nacional por paso no habilitado, cuando la norma legal respectiva exige que la persona haya incurrido en una hipótesis de prohibición, como producto o consecuencia de un ingreso clandestino anterior, lo que no se cumple en la especie.

En 2021 un tribunal de Cali condenó al acusado a más de 30 años de cárcel como autor de homicidio calificado y fabricación de armas de fuego. Para eludir a la justicia el requerido huyó a Chile, y en nuestro país actualmente enfrenta la investigación por diversos delitos contra las personas, por lo que la entrega queda diferida a la terminación de dichos procesos.

La sentencia impugnada vulnera las normas sustantivas que regulan la interrupción de la prescripción, particularmente, los artículos 2518 y 2503 del Código Civil, vulneración que tiene influencia sustancial en lo resuelto, debido a que, de haber adjudicado el efecto interruptivo a la notificación de la demanda originaria, la excepción de prescripción habría sido rechazada.

La información solicitada es puramente estadística, de modo que no se puede concluir que la misma afecte la vida privada de los pacientes con cáncer y, por lo mismo, no se configura la causal de reserva invocada.

El acusado quiso anular el proceso esgrimiendo un reconocimiento fotográfico presuntamente irregular, no obstante, durante el juicio se expuso nutrida prueba en su contra, e incluso fue reconocido ante los magistrados por uno de los testigos de uno de los robos cometidos.

La responsabilidad solidaria de la recurrente la establece sobre la base del vínculo contractual que la liga con el empleador, por lo que al no haber adoptado las medidas necesarias para proteger eficazmente la salud del trabajador, al amparo de lo establecido en el artículo 183 E, se considera que contribuyó causalmente a la ocurrencia del accidente.

Lo que a los persecutores les correspondía acreditar es que producto de esta compra al Fisco se le generó un menoscabo patrimonial o se les privó de adquirir ingresos que le eran legítimos, no obstante, y tal como fue abordado por las defensas, no se acompañaron pruebas suficientes que dieran cuenta de este menoscabo patrimonial.

El recurrente no justificó que su ausencia del país fuera prolongada, ni que la notificación por avisos le hubiese provocado materialmente la indefensión que alega, teniendo además en consideración que, en la especie se cumplieron todos y cada uno de los requisitos para proceder a la notificación de la demanda conforme al artículo 439 del Estatuto Laboral.

La demandada ha obrado con desprolijidad prestando un servicio deficiente al consumidor ante las fallas que presentó su vehículo y que fueran dadas a conocer, sin ser corregidas ni reparadas oportunamente, actuar negligente que de manera evidente ha causado un menoscabo a la parte denunciante, quien ha permanecido largos periodos sin poder utilizar el vehículo.

Se advirtió una infracción a una de las reglas fundamentales de la lógica, al calificar el contrato de la demandante como uno de obra o faena, en contradicción a la naturaleza temporal del contrato, que especificaba un plazo determinado. Además, los anexos de renovación, estipulan plazos precisos, incompatibles con la idea de un contrato por obra o faena, ya que este tipo de contratación depende de la duración de la obra.

Aparece de manifiesto que no se realizó tal imputación, sino solamente se indicaron los hechos que el fiscalizador constató, sin mencionar cómo es que ello configuraría eventuales incumplimientos ni el tipo infraccional que sería objeto de la investigación, lo que impidió a la recurrente ejercer debidamente el derecho a la defensa efectiva.

Pese a que uno solo de los convivientes se erija como empleador, si se comparte el poder de mando sobre el trabajador de casa particular, ambos deben considerarse empleadores. En este caso, se ha reconocido que ambos demandados convivían y que la demandante estaba al servicio del hogar común. En consecuencia, ambos pueden ser considerados empleadores.

El establecimiento educacional no pudo subsanar la falta de cumplimiento de las etapas exigidas por el referido protocolo, con lo cual, necesariamente no garantizó la protección del derecho a un debido procedimiento.

Se produjo la adquisición del automóvil por tradición, lo que hace presumir la calidad de dueña de la demandada, porque cuenta con un título traslaticio de dominio y es además la actual poseedora, teniendo a su favor la presunción de ser propietaria mientras una persona no justifique serlo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 700 del Código Civil, lo que en este caso permite desvirtuar la presunción que establece el artículo 44 de la Ley de Tránsito, por encontrarse el vehículo inscrito a nombre del actor en el Registro de Vehículos Motorizados.

De liberarse tales antecedentes se generarían dificultades interpersonales al interior de la institución, afectando gravemente el ejercicio de las funciones que le son propias, en particular el resultado de las investigaciones y el cumplimiento de los deberes que constitucionalmente le han sido asignados.

Al tratarse de un juicio tramitado de acuerdo a las reglas de procedimiento monitorio no procede invocar como causal de nulidad la de la letra b) del artículo 478 del Código del Trabajo, esto es, por haberse dictado el fallo con infracción manifiesta a las normas de valoración de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica.

No se trata de una agravante común, sino que, de una regla de determinación de pena, la que posee efectos completamente diversos a la primera, el principal, es que determina un traslado completo del marco penal del que debe partir el Tribual para establecer la pena y luego de ello, aplicar las modificatorias de responsabilidad concurrentes fijando la pena en concreto.

Debe colegirse que la alegación de JUNJI, en cuanto a que cuenta con los protocolos y reglamentos debe ser acogida, máxime, si la reclamada no ha contradicho esa aseveración, motivo suficiente para acoger el reclamo presentado, absolviendo a la reclamante de todos los cargos presentados en su contra y dejando sin efecto la multa que se le impuso.

Tanto víctima como imputado deben tener la seguridad de que el enjuiciamiento se hará sin dilaciones, obteniendo un pronunciamiento que no sólo será oportuno, sino, además, fundado. En este sentido, la publicidad de los actos procesales, especialmente de la sentencia, cuyo contenido debe ser conocido íntegramente por los intervinientes desde la fecha de su notificación, es la piedra angular del sistema, pues incluso el sistema recursivo se construye desde tal hito.

El perjuicio para los acreedores es una exigencia que, más allá de su naturaleza jurídica, alude inequívocamente a los intereses patrimoniales de quienes tienen un crédito en contra de la empresa deudora, y ven disminuidas las posibilidades de verlos satisfechos.

No se cumplen los requisitos de la Ley de Servicios Eléctricos, para ejercer las facultades de pasar de cliente regulado a cliente libre, porque se trata de diferentes empalmes conectados a distintas empresas concesionarias, ubicados en diferentes comunas de 15 regiones del país, alimentados desde subestaciones primarias distintas, por lo que no puede entenderse que se trate de un cliente único.

Se determinó un evidente interés público en la publicidad de la información solicitada, ya que fortalece la confianza pública de la ciudadanía en el proceso de fiscalización o auditoría que la Superintendencia de Educación realiza respecto de los sujetos obligados.