Judicial

Los sentenciadores realizaron un razonamiento plenamente ajustado a derecho y a la estructura del tipo penal atribuido, desarrollando un acertado ejercicio de interpretación acerca del alcance del artículo 22 de la ley 19.968, desechando categóricamente la tesis de la defensa, y con ello los supuestos incumplimientos a lo dispuesto en la norma citada, como también al artículo 93 de la misma ley y 40 del Código de Procedimiento Civil.

Si bien es cierto que la solicitud de cambio de punto de captación presentada en 2020 se encuentra pendiente, no puede imputarse a la reclamante la responsabilidad por la demora en la resolución de la misma. La DGA ha tardado más de 46 meses en resolver dicha solicitud, lo cual excede los plazos razonables que deberían aplicarse en un procedimiento administrativo de esta naturaleza, vulnerando así el principio de buena administración y celeridad que rige la actuación de los órganos del Estado, conforme al artículo 5 de la Ley N° 19.880. Este retraso, atribuible exclusivamente a la inactividad

En la sentencia recurrida se le ha dado al artículo 151 de la Ley N°18.834, el sentido y alcance perseguido por la ley, ya que, al haber hecho uso de licencias médicas por más de seis meses, en el período de dos años, sin que mediera declaración de salud irrecuperable, el jefe superior del servicio estaba facultado para considerar la salud incompatible con el cargo y, por consiguiente, declarar su vacancia, tal como determinó.

Aun en el evento en que los sentenciadores no hubieren estimado concurrente la circunstancia agravante del artículo 12 n°16 del Código Penal, por disposición del artículo 449 del mismo cuerpo normativo, el tribunal habría llegado a la misma determinación de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo.

La cláusula de aceleración contenida en el mutuo materia de la ejecución envuelve el otorgamiento de una facultad que se le ha dado al acreedor, de modo tal que la exigibilidad se produce desde la fecha en que aquel ha manifestado inequívocamente su voluntad de cobrar el saldo total insoluto de la obligación, lo que aconteció con la presentación de la demanda el 23 de diciembre de 2019. El ejecutado fue notificado y requerido de pago el 24 de junio de 2022, es decir, una vez vencido el plazo de tres años de prescripción de la acción ejecutiva que establece el artículo 2515 del Código Civil res

La naturaleza de las penas que contempla la Ley 18.216, que tienen por finalidad la resocialización del sentenciado y, de ahí que, en cuanto permiten a un sujeto el cumplimiento de la condena en libertad, en el evento de sustitución de la pena, aparece contradictorio, ilógico y errático al interior de un sistema normativo penal coherente, mantener la imposición de una pena accesoria a otra a la que le es ajena, más aún cuando ella importa la desvinculación del sentenciado de su fuente laboral.

La resolución de expulsión impugnada adolece de ilegalidad, ya que fue dictada sin considerar el análisis requerido por el artículo 129 de la Ley N° 21.325, respecto al interés superior del niño, en este caso, la hija del reclamante. Ordenó que se emita un nuevo pronunciamiento teniendo presente el mérito del certificado de nacimiento de la menor.

La SEC refirió que la fiscalización realizada tuvo por objeto verificar el cumplimiento del proceso de control de calidad de los combustibles que distribuye y comercializa la actora, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4° del Decreto N° 132, que dispone la obligación para las empresas distribuidoras de efectuar un control permanente de la calidad de los combustibles; indicando también que toda la información relativa a dicho control debe estar disponible en la empresa, para que el personal técnico de la autoridad pueda verificar el adecuado cumplimiento de la calidad de los combustibles.

Se advierte que los sentenciadores de segunda instancia deciden rebajar el monto a indemnizar a la mitad de lo que fuera concedido en primera instancia, por la exposición imprudente de la víctima al daño. Sin embargo, omiten analizar los elementos probatorios existentes en autos y detallar los fundamentos que tuvieron en cuenta para realizar tal considerable modificación.

La DOM de la Municipalidad de Recoleta se ha extralimitado flagrantemente en sus atribuciones, causando con ello un grave perjuicio al reclamante, pues ha cuestionado antijurídicamente la dimensión del predio y ha iniciado un procedimiento de invalidación tramitado en forma irregular, llegando a notificar a una audiencia al afectado en una hora posterior a la fijada para tal efecto.

Tuvo en consideración que a la fecha de fiscalización existía sólo un Reglamento -Resolución Exenta N°015/032, del 21/01/2021- vigente para los distintos jardines infantiles de la JUNJI que fueron fiscalizados, siendo ese el acto administrativo reprochado por la autoridad educacional en los distintos procesos administrativos originados en la ejecución del programa de fiscalización, por lo que, una vez constatada la infracción, se debió culminar en la imposición de una sola multa. En consecuencia, debe estarse a la multa impuesta precedentemente, cuestión que determina que la resolución impugna

La sentenciadora ha incurrido en una errada aplicación de la norma denunciada, por cuanto determinó que existe régimen de subcontratación entre el Gore Metropolitano en calidad de mandante y la trabajadora. El municipio obtiene financiamiento para un proyecto por el cual se le entrega de una suma de dinero para su propia orgánica y funcionamiento, al tenor de la Ley N° 18.091, lo cual obsta a que se configure este régimen, por faltar la esencia de este, cual es que las obras o servicios lo sean para la empresa principal -mandante-, es decir, que redunden en su beneficio directo e inmediato. Al

Siendo la demandada una persona jurídica con oficina en el lugar donde ocurrió el accidente que da origen al juicio, es competente el Juzgado de Letras y Garantía de Chanco. En consecuencia, el demandante debió entablar su demanda ante dicho tribunal, conforme a la expresa disposición del inciso 2° del artículo 142 del Código Orgánico de Tribunales, lo que se cumplió. Por lo tanto, debió ser desestimada la excepción dilatoria de incompetencia del tribunal.

Los sentenciadores reconocieron hechos relevantes, como la persecución del camión robado y la detención del acusado, pero luego concluyeron que no había prueba suficiente para su participación, afectando la lógica y la coherencia del razonamiento judicial.

El título que esgrime la demandada como justificación de la tenencia corresponde al vínculo de parentesco con los antecesores en el dominio, a saber, su abuelo, madre y hermano, y ha sido ocupado por ella desde su nacimiento, con anterioridad a que la actora adquiriera derechos en el inmueble, lo que, además, no era ignorado por esta última, quien es su cuñada. La ocupación encuentra su justificación en el vínculo entre el antecesor en el dominio del bien y la ocupante de la cosa, lo cual se opone a una tenencia meramente sufrida, permitida, tolerada o ignorada.

Se rechazó la demanda desde que la causal de despido por necesidades de la empresa fue acreditada. Constituye un hecho objetivo, ajeno a la gestión o voluntad de la empresa, las perdidas, lo que ha generado la necesidad de desvincular no sólo a la actora sino a un número importante de trabajadores y ha tornado en inevitable la decisión que se impugna por injustificada, al relacionarse su cargo directamente con el modelo de negocio ejecutado por la demandada, esto es, captación de personal para los efectos de lograr colocación de personal externo entre los clientes de su cartera, cuyo cargo no

Todo permiso otorgado por la Municipalidad para hacer uso de un bien nacional de uso público es, por su propia naturaleza y por definición, de carácter precario, hasta el punto de que pueden ser dejados sin efecto sin derecho a indemnización. Yerra el recurrente al afirmar que la decisión no se apoya en ningún elemento de convicción que la avale, desde que ella se funda en que distintas unidades del municipio estudiaron los antecedentes del caso y determinaron la inviabilidad de renovar el permiso al actor, pues la ubicación de los vehículos de venta de comida rápida no sólo ocasionaban un dañ

Conforme al principio de legalidad del gasto público, los fondos que la Ley de Presupuestos pone a disposición de la Administración del Estado deben destinarse al logro de sus objetivos propios, fijados tanto en la Constitución como en sus leyes orgánicas, y administrarse de conformidad con las disposiciones contenidas en una serie de textos legales que regulan materias financieras, siempre teniendo como fin último la promoción del bien común y la satisfacción regular y continua de las necesidades públicas, tarea fundamental de dichos órganos.

El voto en contra estuvo por absolver a la denunciada y demandada, refiriendo que esta mantiene en su establecimiento de Cerrillos, un servicio gratuito de estacionamientos para los automóviles de los clientes que acuden al supermercado Líder a hacer sus compras, por lo que, consecuentemente, no se dan las exigencias del artículo 2° de la ley 19.496 para que opere dicha normativa, a saber, no hay un proveedor, no existe un consumidor y, por cierto, el acto jurídico que los vinculó no es de carácter mercantil para el proveedor, por lo que no corresponde condena infraccional ni civil.

Conforme al principio de primacía de la realidad, en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, se ordena dar preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en los hechos, perspectiva desde la cual es innegable concluir la existencia de un vínculo de naturaleza laboral entre las partes, sin que pueda ser derrotada tal conclusión con el mérito de las formalidades en que se expresó y consolidó, en la apariencia institucional, el vínculo examinado, de lo cual fluye, como conclusión irredargüible la existencia de una relación de naturaleza

Este error afectó la lógica del fallo y justifica la nulidad, ya que se omitió el requisito de fundamentación exigido en la letra c) del artículo 342 del Código Procesal Penal.

No puede olvidar la recurrente que, al ser un recurso de derecho, dichas contradicciones deben ser puntualizadas en el recurso y ello no consta que haya ocurrido, simplemente se limita a decir que hay contradicciones que se hicieron ver en su momento, pero el momento es en este recurso.

El título esgrimido por el demandado es un contrato de administración agrícola sin disposición de bienes, que no contiene referencia alguna a la autorización para ocupar, no siendo suficientes las declaraciones testimoniales para agregar contenido a un contrato que es ley para las partes y que, además, se encuentra extinguido desde la muerte del mandante, siendo forzoso concluir que este no cuenta actualmente con título alguno que lo habilite para ocupar la propiedad y que sea oponible a la actora, por lo que la tenencia es por mera tolerancia e ignorancia de su dueña.

El tribunal a quo consideró que en la comunicación del auto despido no se habían satisfecho completamente las exigencias formales que prevé la ley, al no haberse indicado la dirección íntegra de la demandada, no obstante lo cual estimó que tal defecto no vicia el auto despido, criterio que esta Corte comparte.

El TOP cumplió con su obligación de valorar directamente las pruebas presentadas en la audiencia, lo que incluye la observación del comportamiento de los testigos, la consistencia de sus declaraciones y la relevancia de las pruebas documentales y materiales, como videos y fotografías.

Siendo el solicitante titular de la inscripción de nacimiento del año 1962 -rectificada por sentencia judicial en el año 1972-, el cambio de apellido que se revisa corresponde a la primera presentación de su parte, sin que la modificación que lo registró con un apellido paterno compuesto, cuando éste tenía solo 10 años de edad, limite o restrinja el ejercicio de su derecho, por cuanto el cambio consiste únicamente en eliminar el guion de su apellido paterno compuesto, no siendo esta una modificación sustancial a los apellidos que usa desde el año 1972, por lo que resulta ajustado a derecho aut

La procedencia del descuento requiere no sólo que el contrato de trabajo haya terminado formalmente por las causales previstas en el artículo 161 del Código del Trabajo, sino que dicho motivo haya sido validado judicialmente en caso de impugnarse su procedencia o justificación pues, de otro modo, se desvirtúa la intención que se tuvo en vista para la dictación de la ley. Cuando el despido es declarado injustificado, lo que determina que no ha existido la causal invocada para desvincular al trabajador, por lo cual, tratándose de una prerrogativa a favor del empleador, se le debe considerar una

Esta regla establece la relación entre la formalización, la acusación y la sentencia como ejes fundamentales del proceso penal, delimitando el marco probatorio del juicio. La congruencia no solo limita la sentencia al marco de la acusación, sino que también resguarda la correcta valoración de la prueba y su pertinencia en el proceso.

El profesor Enrique Barros señala que “La responsabilidad del primer propietario es estricta calificada, pues está determinada por las fallas o defectos de construcción que hayan dado lugar a los daños. Acreditado el defecto, es indiferente cómo llegó a producirse; de modo análogo a como en el derecho comparado el productor puede ser hecho responsable por los daños causados por un producto defectuoso, el primer propietario es responsable por los daños causados por fallas o defectos de construcción. En consecuencia, quien encarga la construcción asume los riesgos por defectos de construcción, i

En cuanto a la figura del “único empleador”, la Dirección del Trabajo ha señalado que el poder de dirección laboral implica facultades para lograr el proyecto empresarial en lo laboral, como contratar, ordenar prestaciones, adaptar el trabajo a las necesidades del mercado y sancionar incumplimientos. Este poder se ejerce comúnmente cuando estas facultades están coordinadas entre empresas vinculadas por propiedad. Sin embargo, el vínculo propietario solo no es suficiente; debe existir el ejercicio conjunto de la potestad de mando laboral sobre los empleados de las empresas vinculadas.