Judicial

Para calcular el límite máximo de la extensión de la medida de seguridad debe preferirse siempre aquel que, en concepto de esta Corte, sea el menos afectador del principio Pro Homine y restrinja, en menor intensidad, la libertad del justiciable.

Se requiere una valoración racional y pormenorizada de cada prueba desahogada en juicio ya que solo así se satisface el “hacerse cargo” de toda la prueba que impone el artículo 297, pues este implica la idea de reflexionar detenidamente sobre algo determinado y concreto como elemento probatorio individual (valoración unitaria) y, además, como un componente más de un todo que se comprende por toda la prueba que se rinde en un juicio (valoración comparativa).

El demandante fue torturado por agentes del Estado entre el 14 de septiembre de 1973 hasta diciembre de aquel año. El máximo Tribunal enfatizó que la obligación de reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, se impone a las instituciones de derecho interno -como la prescripción extintiva-, por lo que un Estado no puede invocar su legislación interna para eximirse de cumplir con dicha obligación, que una norma de Ius Cogens de Derecho Internacional le impone.

Ponderar y dictaminar si la colaboración prestada por el acusado puede o no calificarse de sustancial para el esclarecimiento de los hechos investigados, es una decisión privativa de los jueces de la instancia.

La actividad procesal desplegada por el recurrente en dicho cuaderno, dio cuenta de su actitud de continuar adelante con la prosecución del juicio, por lo tanto, los jueces de fondo debieron desestimar el incidente propuesto por la demandada, al no cumplirse en la especie los presupuestos establecidos en el artículo 152 del Código de Procedimiento Civil.

Inicialmente la Corte de Coyhaique negó la pena sustitutiva confirmando aquella de cumplimiento efectivo, no obstante, los ministros recurridos no fundamentaron su rechazo, especialmente, luego de verificar que el condenado cumplía con todos los requisitos para optar a la modalidad de cumplimiento solicitada, infringiendo lo dispuesto en los artículos 15 y 15 bis de la Ley Nº18.216.

En atención al principio “primacía de la realidad” se observan indicios del vínculo de subordinación y dependencia, por ende, la relación entre ambas partes no podía ser calificada como estatutaria. Asimismo, la labor como educador ambiental que desempeñó el demandante, cumple con el objetivo del municipio de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, y no es una función específica y acotada a la prestación de servicios.

El acusado intentó anular el fallo asilándose que como migrante su conducta anterior en el país es irreprochable, no obstante, de su testimonio, como de los elementos encontrados en su departamento, no se desprende su conducta impoluta previa a la detención, por lo tanto, la circunstancia de no poseer extracto de filiación es indiferente a la magistratura.

La magistrada condenó a la empresa supermercadista por infracción a contrato de depósito. No obstante proporcionar un servicio gratuito de estacionamientos, ello no la excusa de su obligación de resguardo de la cosa que se caracteriza en el caso de autos con la adopción de medidas de cuidado y de seguridad en aras de la debida restitución de la especie.

La Primera Sala del tribunal de alzada acogió la solicitud del Ministerio Público, tras establecer que la sentencia impugnada, dictada en juicio oral simplificado por el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, incurrió en infracción sustancial de ley.

La Segunda Sala del máximo tribunal estableció error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, al absolver a los agentes que cumplían funciones operativas y como guardias en el recinto de Londres 38, de responsabilidad en los hechos acreditados.

La recurrida cerró con portón y candados el único camino que comunica al actor con la vía principal, el cual es utilizado por él hace más de 50 años. El máximo Tribunal sostuvo que no resulta lícito a la recurrida valerse de vías de hecho para zanjar cualquier disputa que mantenga con el recurrente, alterando el statu quo anterior a dicha actuación.

Los agentes policiales detuvieron al acusado mientras se encontraba cargando en un camión televisores y un cilindro de gas; el imputado, al notar la presencia policial confesó el origen ilícito de los bienes y que había sido contactado por un amigo para “trasladar estas cosas que (el amigo) se robó de una residencial”.

La acusada intentó revertir el fallo indicando que los agentes de aduanas no poseen la facultad para registrar sus vestimentas, y que no fue juzgada con perspectiva de género al estar embrazada. El máximo Tribunal expresó que los agentes fronterizos están autorizados por ley a practicar el registro a quienes ingresan al país, y que el estado de gravidez no es una condición eximente de responsabilidad penal.

La Decimotercera Sala del tribunal de alzada confirmó la sentencia apelada, dictada por el 16° Juzgado Civil de Santiago, con declaración que se reduce la indemnización en proporción al daño acreditado.

El militar en retiro quedó anoche en prisión preventiva e incomunicado en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén.

El fallo emitido por la magistratura de la madre patria no cumple con el requisito establecido en el artículo 245 Nº3 del Código de Procedimiento Civil, esto es, no se notificó al demandado en España ni en Chile, por lo tanto, no pudo ejercer su derecho a defensa y, en consecuencia, el pase regio debe ser desestimado.

El acusado junto a un tercero intentó evadir un control vehicular, levantando las sospechas de la policía que al controlar al acusado observaron que intentaba ocultar más de un kilo de flores secas de cannabis.

La demandada no cumplió con su obligación de habitar el inmueble durante el plazo de 5 años luego de su adquisición, arrendándola a terceros e infringiendo así lo dispuesto en el artículo 60 del Decreto Supremo Nº49 del año 2011. La magistratura condenó a la beneficiaria a pagar al SERVIU las 725 UF otorgadas mediante el subsidio para la vivienda

El condenado cuenta ahora con herramientas para reinsertarse en la sociedad y, además, la pena sustitutiva de prestación de servicios en beneficio de la comunidad lo disuadirá de cometer nuevos ilícitos de esta especie.

El funcionario acusó a seis miembros del concejo municipal de vulnerar la igualdad ante la ley y el debido proceso, al someter a votación la remoción como uno de los puntos fuera de la tabla ordinaria. La magistratura puntualizó que el recurrente fue nombrado como funcionario a contrata el día anterior al cese del cargo, por lo que ambas funciones son incompatibles y la acción debe ser desestimada.

Las partes deberán acudir ante la magistratura ordinaria para constituir la servidumbre respectiva, y debatir los acerca de los derechos que les asistan, discusión que debe ser conocida en un juicio de lato conocimiento, y no en sede cautelar.

El máximo Tribunal consideró que el querellado no puede oponerse a la querella mediante argumentos de fondo, que apuntan a su inimputabilidad por un posible estado de enajenación mental, pues existe un procedimiento especial para aquello. Ahora el Ministerio Público podrá solicitar medidas cautelares contra el ex magistrado, investigado por su participación en 8 casos de falsificación de instrumento público y escuchas telefónicas ilegales.

El autor deberá permanecer internado en una institución psiquiátrica hasta por un plazo máximo de 8 años por el delito cometido, tiempo que se ajusta a derecho según el máximo Tribunal, en atención a los informes de peligrosidad del individuo.

El recurrido instaló un nuevo medidor de agua, y trasladó el punto de extracción a más de 200 metros de la casa de la afectada para “facilitar las lecturas”. La magistratura estimó que dicho acto vulneró el estatus quo de un servicio que previamente se otorgaba sin inconvenientes, por lo que ordenó la inmediata reposición y conexión con la casa de la actora, gastos que deben ser financiados íntegramente por el Comité de Agua.

No se trata simplemente de un control horario de precisión o de una medición de minutos sino que de algo mucho más elemental: una cuestión básica de temporalidad, de un “antes”, de un “durante” o de un “después”.

Tras una denuncia por robo en la comuna de Recoleta, los agentes arribaron al domicilio del imputado, autorizando el ingreso el padre del autor -previa lectura de derechos y advertencia de posible incriminación-, lugar donde éste confesó el delito y entregó la especie robada a los funcionarios.

En 2018, el requerido actuó concertadamente con un tercero para dar muerte a un particular al que le debía dinero; para evadir la persecución penal huyó a Chile, donde trabajaba como peluquero en la comuna de Puente Alto hasta que fue detenido.

El municipio se comprometió a entregar siete pérgolas por un plazo de cinco años, para que los recurrentes vendieran sus productos en el centro de la comuna, no obstante, de forma unilateral el alcalde prorrogó en un tiempo menor al acordado en el contrato el plazo para efectuar modificaciones a las instalaciones, sin expresar ningún motivo, vulnerando con ello el derecho de propiedad de los recurrentes.

El recurrente vendió una patente comercial en 2021, sin ingresar la solicitud de traspaso hasta marzo de 2023, acompañando sólo una declaración jurada de que realizó dicho trámite, lo que no constituye mérito suficiente para estimar que la enajenación de la patente efectivamente fue hecha al nuevo dueño, por lo que el actor carece de un derecho indubitado.