Judicial

Fue contratada a plazo fijo durante la alerta sanitaria y finalizó su relación laboral el 31 de agosto de 2023. Fisco no pudo probar que hubiera hecho uso de sus feriados. Condena al pago de las sumas correspondientes a los dos últimos períodos de feriado legal y al feriado proporcional. Montos deberán ser pagados con reajustes e intereses. Rechaza la excepción de prescripción del Fisco.

El tribunal desestimó la reclamación presentada contra el Servicio Nacional de Migraciones, al concluir que la medida de expulsión se ajusta a derecho y fue adoptada mediante resolución fundada, considerando la condena penal de la extranjera y su permanencia irregular en el país.

Se confirmó la legalidad de la decisión del CPLT que ordenó al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (SERPAT) entregar un correo electrónico institucional relacionado con contrataciones a honorarios y gestiones con DIPRES. Se reiteró que los correos institucionales forman parte del ejercicio de funciones públicas y están sujetos a transparencia.

Se acogió un reclamo de ilegalidad contra la SEC por no radicar la deuda de consumo eléctrico en la arrendataria, pese a existir una sentencia judicial ejecutoriada que lo ordenaba. El tribunal determinó que la resolución impugnada carecía de fundamentación suficiente según la Ley N° 19.880 y ordenó a la Superintendencia emitir un nuevo pronunciamiento considerando todos los antecedentes judiciales.

La Corte de Santiago revocó la sentencia del Juzgado de Policía Local de Recoleta, que había rechazado la querella y demanda civil tras un accidente de tránsito. Determinó que el conductor fue negligente al cambiar de pista sin las precauciones necesarias y confirmó la obligación de pagar multa a beneficio fiscal, daño emergente y daño moral.

Solicitud original data de 2005 y fue rechazada por la DGA en 2022 debido a un error en la comuna declarada. Corte de Apelaciones había ordenado otorgar los derechos, criticando la demora y formalismo de la DGA. Corte Suprema determinó que no se puede constituir derechos de agua sin un examen técnico de la autoridad. Ordenó continuar el trámite administrativo, previa rectificación del error en la solicitud. Con todo, fallo critica la "improcedente" demora de la DGA, pero sostiene que esto no autoriza a los tribunales a sustituir el análisis técnico

Ratificó que la relación entre las partes se ajustó a la modalidad de cometidos específicos prevista en la Ley N°18.883, al no acreditarse subordinación ni dependencia, desestimando que se tratara de un vínculo laboral regido por el Código del Trabajo.

El máximo Tribunal acogió un recurso de queja y ordenó al Ministerio Público entregar documentos administrativos vinculados al proyecto “Red de Gestión Penal”, al determinar que no estaban sujetos a reserva y que su retención vulneraba el derecho de acceso a la información pública.

La Corte de Santiago acogió la reclamación de COPEC S.A. y dejó sin efecto la resolución de la SEC que había invalidado el sobreseimiento de la empresa por supuesta infracción sobre tanques de combustible. Se determinó que el Director Regional actuó dentro de sus facultades delegadas y que su interpretación normativa solo se aplicó al caso concreto, sin efectos generales, por lo que la invalidación de la SEC fue ilegal.

Rechazó los argumentos de la defensa sobre la aplicación de la agravante de reincidencia específica en el delito de amenazas y la supuesta calificación errónea de las lesiones como graves. Más que una errónea aplicación del derecho con influencia sustancial en lo resolutivo del fallo, lo planteado se refiere a un supuesto error en la valoración de la prueba.

La Corte de Santiago desestimó el reclamo de la Universidad contra la Superintendencia de Educación Superior, que la sancionó por enviar recursos a Nexus University en EE.UU. sin fines institucionales ni estatutarios. Se determinó que el procedimiento sancionatorio se ajustó a la ley y que la universidad no podía introducir nuevas alegaciones en esta instancia.

Rechaza reclamo del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y avala decisión del CPLT. Confirma la orden de entregar el contenido de un correo electrónico institucional. Considera que la información solicitada es de carácter público. Rechaza el argumento de que los correos institucionales sean comunicaciones privadas. El Servicio carece de legitimación activa para invocar ciertas causales de reserva.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Ovalle impuso la pena tras acreditar que la acusada agredió y dio muerte a su hijo de 7 años en 2021. La sentencia aplicó las normas del Código Penal sobre parricidio y ordenó su registro en el sistema nacional de ADN de condenados.

La Fiscalía Centro Norte instruyó diligencias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento de Hilda Leiva, cuyo cuerpo fue hallado en un inmueble contiguo al restaurante donde trabajaba.

Durante las últimas semanas, miles de consumidores en Chile se han visto afectados por cobros en exceso en sus cuentas de luz. Un error en la metodología utilizada para calcular las tarifas eléctricas provocó que muchas familias pagaran más de lo que correspondía, generando molestia y confusión en todo el país.

La Corte confirmó la multa aplicada por la SEC a CGE Transmisión S.A. por fallas en el mantenimiento de la Subestación Eléctrica Talca que afectaron a más de 159.000 clientes. Se concluyó que no existió incongruencia entre los cargos y la sanción, que la multa está dentro del rango legal y que el procedimiento sancionatorio respetó el debido proceso administrativo.

Determinó que la interrupción civil de la prescripción producida por la notificación de la demanda al deudor principal se mantiene vigente durante toda la tramitación del juicio, por lo que no puede considerarse prescrita la acción hipotecaria contra el tercer poseedor mientras dicho proceso siga en curso.

Tribunal de alzada confirmó que existieron graves fallas en los protocolos de identificación neonatal. Se acreditó daño moral a las familias afectadas y se ordenó indemnizar, aunque con una leve rebaja en los montos para algunos demandantes.

Respalda decisión del municipio que caducó permiso de edificación porque obras no se iniciaron dentro del plazo legal de tres años. Distingue entre obras preliminares y el inicio efectivo de la construcción. Obras preliminares no interrumpen el plazo de caducidad. Solo los trazados y excavaciones contemplados en los planos del proyecto permiten considerar iniciada la obra. Evidencia presentada no fue suficiente para demostrar el inicio de las obras. Inspecciones municipales no constataron los trazados ni excavaciones requeridos. Carga de la prueba recae en quien afirma haber iniciado las obras

Desestimó demanda de indemnización por $1.800 millones. Decisión del SAG se consideró ajustada a derecho y a la evidencia científica disponible. Descartó falta de servicio porque actuación del SAG fue necesaria ante el riesgo sanitario. Se justificó en exámenes de laboratorio. Marco normativo permite sacrificio ante "sospecha" de enfermedades infectocontagiosas. Protección de la salud pública como bien jurídico prioritario

Minera Las Cenizas pedía derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas en Taltal, Antofagasta. Corte Suprema rechazó la solicitud por ausencia de autorización del Ministerio de Bienes Nacionales para captar agua en terreno fiscal. Ratificó decisión de la Corte de Santiago había desestimado la reclamación de la minera. DGA actuó conforme a la normativa vigente y no se configuraron ilegalidades ni vulneraciones a principios administrativos

El máximo Tribunal acogió la excepción de nulidad de la obligación en un juicio ejecutivo por cobro de tres facturas, tras constatar que carecían de respaldo en órdenes de compra, no ingresaron a la contabilidad y no se entregaron las mercaderías correspondientes. El fallo aclara que las facturas son títulos causados vinculados a contratos reales, y que la falta de causa constituye una nulidad absoluta de la obligación, aplicable incluso frente a cesionarios.

Determinó que los jueces inferiores actuaron fuera de sus atribuciones al aplicar el procedimiento especial de hacienda, precisando que en los juicios ejecutivos solo pueden rechazarse las demandas por las causales expresamente previstas en el Código de Procedimiento Civil.

Desestimó alegación de falta de imparcialidad de sentenciadores quienes consultaron la tasación fiscal del vehículo robado en portal del SII para determinar el monto de la pena pecuniaria. Concluyó que esta búsqueda de información fidedigna y pública es una facultad jurisdiccional amparada en la etapa de determinación de la pena.

El actor y su hija exigen casi $900 millones por daño moral, económico y psicológico, luego de que la denuncia por abuso presentada en su contra fuera declarada prescrita y quedara totalmente sobreseído. Aseguran que la exposición pública les provocó graves secuelas y pérdida de trabajo.

El tribunal rechazó el reclamo del concejal que impugnaba la sanción de 10 UTM, señalando que la Contraloría actuó conforme a derecho, respetó el debido proceso y aplicó la multa mínima legal de manera proporcional. La Corte señaló que la obligación de registrar audiencias, viajes y donativos está expresamente contemplada en la Ley N° 20.730 y que el recurrente incumplió estas disposiciones.

La Corte confirmó la expulsión de un ciudadano peruano ordenada por el Servicio Nacional de Migraciones, rechazando su reclamo por supuesta desproporcionalidad. El extranjero permaneció más de dos años en Chile con su permiso de residencia vencido sin solicitar renovación, lo que constituye una causal legal de expulsión.

Confirmó que las obras de traslado de canchas e instalaciones deportivas abiertas, cuando incluyen elementos estructurales como cierres, postes de iluminación o muros de contención, requieren permiso de edificación otorgado por la Dirección de Obras Municipales.

El máximo Tribunal sostuvo que los organismos públicos centralizados, como el Servicio Nacional de Menores, poseen legitimación pasiva y capacidad procesal para ser parte en juicios laborales, aclarando que, aunque la defensa corresponda al Consejo de Defensa del Estado, la relación procesal con el titular del derecho se constituye válidamente, garantizando a ambas partes la plena posibilidad de ejercer sus acciones y defensas en el juicio.

Reducción de jornada escolar y suspensión de dos días del estudiante carecen de sustento normativo en el reglamento interno y constituyen una discriminación indirecta al restringir el derecho a la educación. Multa de 51 UTM está dentro del rango legal para infracciones menos graves