Laboral

La denunciante sostuvo que su despido fue una represalia por solicitar a la Inspección del Trabajo de Coquimbo que fiscalizara la situación de informalidad laboral en que se encontraba.

El fallo que lo motiva no existe pronunciamiento sobre la materia de derecho respecto de la cual se pretende la unificación de jurisprudencia.

El Tribunal hizo lugar a la acción judicial deducida, tras establecer que se puso término al contrato en forma unilateral y discrecional, ordenando a la demandada pagar una indemnización de $9.222.128 por concepto de lucro cesante.

Estas comunicaciones fueron sostenidas por los trabajadores en la red social WhatsApp.

El Tribunal hizo lugar a la acción judicial, tras establecer que la corporación demandada vulneró la indemnidad de la funcionaria al bajar arbitrariamente su calificación.

El Tribunal acogió la acción judicial, tras establecer la relación laboral entre la discoteca y los demandantes, quienes fueron despedidos tras una fiscalización realizada al local por la Dirección del Trabajo.

El máximo Tribunal rechazó la acción judicial, tras establecer que el término anticipado del contrato de trabajo impugnado, se ajusta a la norma legal.

El empleador es responsable por las conductas de acoso que puede llegar a ejercer, lo que se conoce como acoso vertical.

El máximo Tribunal sostuvo en síntesis que la situación planteada en la sentencia impugnada difiere de aquella de que tratan las de contraste.

Dormir, fumar e incluso distraerse con videos o la tele, no son propios del comportamiento esperable de un cargo con una misión tan sensible y crítica en el establecimiento de seguridad vial de una autopista de alta velocidad.

Se condenó a la demandada a pagar la indemnización contemplada en el artículo 87 del Estatuto Docente.

El Tribunal de alzada ratificó la sentencia que acogió la acción judicial deducida, tras establecer la existencia de relación laboral entre las partes, por lo que ordenó a la demandada enterar las prestaciones adeudadas al trabajador.

La denunciante presentó liquidaciones no fidedignas a un Banco para su beneficio personal.

La carta de expresa en detalle, tanto la causal invocada, como los hechos en los que se funda, los que se expresan en forma específica y no en forma genérica.

El Tribunal de alzada rechazó el recurso de nulidad interpuesto en contra de la sentencia, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

El Tribunal ordenó al municipio el reintegro en sus funciones de la trabajadora y a pagarle las remuneraciones desde la fecha de su separación, el 6 de julio de 2018, hasta la de su reincorporación efectiva.

No se puede presumir siquiera si efectivamente estos antecedentes fueron entregados por el actor de manera formal, y que impliquen efectivamente que el demandado estaban conocimiento de este padecimiento.

El Tribunal acogió la demanda presenta por el trabajador, tras establecer la existencia de una relación laboral entre las partes.

No obsta a la nulidad del despido, la circunstancia que la responsabilidad solidaria de la empresa principal esté limitada al tiempo o periodo durante el cual los trabajadores prestaron servicios en régimen de subcontratación.

Los comentarios producto de la exhibición de los videos, si tienen la entidad necesaria para vulnerar el derecho a la honra e integridad psíquica del actor.

Con indicaciones que aclaran, entre otros, que no se otorgan nuevas atribuciones a la Inspección del Trabajo y que no habrá doble indemnización, el Senado aprobó el proyecto interpretativo.

Se ha constatado que el despido no es más que una represalia contra el actor, por haber activado una fiscalización del órgano administrativo.

Constituye la comunicación de despido un acto jurídico unilateral de parte del empleador.

No se observa que exista una verdadera afectación a la libertad sindical, pues no existen mayores indicios de actividad sindical de la organización interempresa que motiva el fuero del actor.

El máximo Tribunal rechaza el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago.

El máximo Tribunal confirmó la sentencia impugnada dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción.

No se configura la causal de falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones, imputándole eventuales delitos por apropiación indebida de dineros de la empresa.

El sentenciador del grado, haciéndose cargo de la existencia de unidad económica entre las empresas demandadas se asiló en el artículo 3° inciso cuarto del Código del Trabajo.

En la práctica, el demandante desempeñó la labor de jefe de gabinete del Director Regional del Servicio.

La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Blanco, quien fue de opinión de rechazar el recurso de unificación de jurisprudencia.