Nacional

El Director del Hospital Pablo Tobón de Medellín, Colombia, Dr. Andrés Aguirre, expondrá sobre la “Gestión de Consultorios y Hospitales, caso de éxito Hospital Pablo Tobón Uribe”.

El trabajo puso término al contrato debido a los incumplimientos graves y reiterados por parte de su empleadora.

El Tribunal ordenó al Banco Estado a pagar una indemnización de $ 20.000.000 a un trabajador por un accidente que sufrió en el casino de la institución.

El principio de probidad administrativa, elevado a rango constitucional el año 2005, resulta aplicable a toda la Administración y, por ende, a las empresas públicas creadas por ley.

Corresponde ahora que la iniciativa en primer trámite constitucional sea analizada por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados.

El máximo Tribunal establece el actuar arbitrario e ilegal al no dar protección a la maternidad de la funcionaria, pese a su condición laboral.

El máximo Tribunal confirmó la decisión de la Corte de San Miguel que rechazó la acción cautelar.

El Tribunal de alzada descarta infracción de ley en la decisión del Consejo para la Transparencia que ordenó dar acceso a los datos requeridos.

Corresponde ahora que la reclamada informe sobre la materia requerida dentro del plazo de 10 días.

El documento informa sobre la legislación que permite que las policías controlen la identidad de las personas en lugares públicos o de acceso público y acerca de los procedimientos que se deben seguir en estos casos.

Legisladores solicitan dotar a la población penal femenina de mejores condiciones para favorecer su reinserción social.

La recurrente estimó vulnerado su derecho a desarrollar cualquier actividad económica y el derecho de propiedad.

El alcalde de la comuna, Joaquín Lavín, valoró la decisión del Tribunal de alzada explicando que los equipos son usados para combatir el microtráfico de drogas.

Corresponde ahora que la iniciativa en primer trámite constitucional sea analizada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados.

La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros Carmona y García, quienes estuvieron por considerar que se configura la causal del artículo 84, numeral 5° de la LOCTC.

Corresponde ahora que la iniciativa sea analizada por la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo de la Cámara de Diputados.

El Tribunal de alzada consideró que no hubo actuar arbitrario de la Jefa del Estado al no pronunciarse sobre la solicitud de indulto presentada por familiares de dos internos del Penal de Punta Peuco.

El fallo establece responsabilidad del Estado de Chile por la desaparición del joven, según los antecedentes que constan en la investigación criminal que se llevó a cabo y lo refrendado por el Informe Rettig.

Desde la oposición surgieron críticas respecto del alcance real de las facultades del nuevo organismo.

Se acogió la solicitud de pérdida de inmunidad parlamentaria de legislador por delito tributario.

La gestión pendiente invocada incide en un incidente de implicancia en contra de un juez árbitro, ventilado ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

El recurrente expone que la multa impuesta es injustificada, por cuanto la respuesta a las observaciones formuladas por el SERVEL fue completa y suficiente.

Se confirmó la sentencia del 22 Juzgado Civil de Santiago, el cual estableció la responsabilidad del Estado de Chile por este crimen de lesa humanidad.

La gestión invocada incide en un recurso de casación en la forma y apelación conjunta tramitado ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

La Unidad de Análisis Financiero realizó 125 fiscalizaciones in situ, las que se concentraron en 17 sectores económicos de 18 comunas de 10 regiones del país.

La Comisión de Defensa escuchó a los subsecretarios de Interior y Defensa quienes dieron a conocer las políticas contra los “ciberataques”.

El Tribunal resolvió acoger la reclamación, respecto de los restantes reclamantes que no efectuaron observaciones ni reclamaron en el proceso de participación ciudadana.

Siendo la DIFROL un órgano centralizado, los convenios de prestación de servicios personales a honorarios que aquella suscriba deben ser aprobados por el Ministro de Relaciones Exteriores.

El máximo Tribunal de alzada confirmó la sentencia que declaró prescritos pagarés de los años 1997,1998 y 1999 que se pretendían cobrar por su crédito universitario en la Universidad de Tarapacá.

El objeto de este trabajo es llamar la atención sobre el enorme desafío que enfrenta quien intente traducir los resultados de la etapa participativa en disposiciones constitucionales.