Nacional

La iniciativa se encuentra en segundo trámite constitucional y será votado próximamente en particular por la Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado.

La Corte Suprema ratificó la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago y rechazó sendos recursos de protección presentados por agencias de acreditación de educación en contra de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).

Corresponde ahora que la iniciativa sea analizada por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados.

El máximo Tribunal rechazó el arbitrio de nulidad formal y sustancial deducido por los demandados, mas, acogió el recurso de casación en el fondo interpuesto por la demandante.

La CS acogió el recurso de queja y ratificó la sentencia de primera instancia que ordenó a la empresa Cine Hoyts pagar una multa de 15 UTM y una indemnización de $6.000.000, por daño emergente, y $5.000.000 por daño moral.

De otro lado, una mayoría de siete votos comprometió su apoyo al Ministro Aróstica por los 2 años siguientes en el mismo cargo, que comenzará a fines de agosto de 2017.

Corresponde ahora que la iniciativa sea analizada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado.

La CGR concluye sosteniendo que dicha entidad policial debe proporcionar los antecedentes que le han sido requeridos.

Concluye la sentencia expresando que el fallo de la Corte de Santiago que se revisa aplicó incorrectamente el artículo 2330 del Código Civil.

La gestión pendiente invocada incide en autos penales sobre delito de ejercicio ilegal de la profesión de que conoce el Sexto Juzgado de Garantía de Santiago.

La CGR concluye manifestando que en el caso planteado resulta plenamente aplicable la excepción que prevé el artículo 64 de la Ley Nº 18.575.

Se dedujo amparo de acceso a la información pública en contra de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), fundado en la entrega parcial de la información relativa a datos estadísticos sobre el proceso de expulsión de migrantes entre los años 2009 y 2014.

Admitida a tramitación, el Tercer Tribunal Ambiental, solicitó al reclamado que informe sobre la materia requerida dentro del plazo de 10 días.

El evento se realizará a partir de miércoles 12 de agosto, en el Salón de Honor del Congreso Nacional.

La gestión pendiente incide en los autos sobre demanda de filiación no matrimonial, que conoce el Juzgado de Familia de Los Ángeles.

Concluye agregando así el fallo que dicho acto es arbitrario ya que los recurrentes son los únicos propietarios del Edificio Portal Fernández Concha que se encuentran con decreto de demolición parcial.

La gestión pendiente invocada incide en autos sobre delito de tráfico ilícito de drogas de que conoce el Juzgado de Garantía de San Pedro de la Paz.

Corresponde ahora que la moción sea analizada en particular por la Comisión de Salud del Senado.

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó sentencia, pero elevó a $8.000.000 (ocho millones de pesos) el monto por concepto de daño moral.

Corresponde ahora que el informe de la Comisión Mixta sea analizado y votado, primero por el Senado y posteriormente por la Cámara de Diputados.

Concluye la sentencia acogiendo el recurso de protección ordenando a la recurrida, permitir y disponer la celebración del matrimonio solicitado por los recurrentes de autos.

La Corte de Apelaciones de Puerto Montt rechazó el recurso de protección; decisión que fue confirmada por la Corte Suprema en alzada.

Se acordó dictar un texto refundido del referido auto acordado que incluye las modificaciones introducidas.

Concluye el fallo expresando que se uniforma la jurisprudencia, en el sentido que corresponde calificar como vinculaciones laborales, sometidas al Código del Trabajo, a las relaciones habidas entre una persona natural y un órgano de la Administración del Estado.

La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Hernández Emparanza, quien estuvo por no acoger a trámite el requerimiento.

La instancia, se encuentra reunida en la sala de lectura del ex Congreso Nacional en Santiago.

La iniciativa se encuentra en primer trámite constitucional, en análisis por las Comisiones de Vivienda y Desarrollo Urbano y de Hacienda; ambas de la Cámara de Diputados.

Concluye el fallo expresando que, del espíritu de las normas que regulan el instituto procesal que se comenta resulta que su inteligencia es imponer una sanción procesal con motivo de la real inactividad de las partes interesadas en el litigio.

La CS confirmó la sentencia que ordena a un colegio de Arica pagar una indemnización de $50.000.000 (cincuenta millones de pesos) a los padres y hermanos de un menor que falleció.

El Consejo concluye considerando que lo solicitado necesariamente obra en poder del organismo reclamado.