Nacional

Proyecto del Observatorio Complutense analizará redes sociales y medios durante campaña presidencial con apoyo del PNUD

Solicitud original data de 2005 y fue rechazada por la DGA en 2022 debido a un error en la comuna declarada. Corte de Apelaciones había ordenado otorgar los derechos, criticando la demora y formalismo de la DGA. Corte Suprema determinó que no se puede constituir derechos de agua sin un examen técnico de la autoridad. Ordenó continuar el trámite administrativo, previa rectificación del error en la solicitud. Con todo, fallo critica la "improcedente" demora de la DGA, pero sostiene que esto no autoriza a los tribunales a sustituir el análisis técnico

Ratificó que la relación entre las partes se ajustó a la modalidad de cometidos específicos prevista en la Ley N°18.883, al no acreditarse subordinación ni dependencia, desestimando que se tratara de un vínculo laboral regido por el Código del Trabajo.

El órgano contralor estableció que los recursos obtenidos por el Instituto de Seguridad Laboral a través de la recuperación de licencias médicas no forman parte del patrimonio del Seguro Social de la Ley N° 16.744, por lo que deben ser ingresados al Fisco conforme a lo dispuesto en las leyes de presupuestos de 2024 y 2025.

El máximo Tribunal acogió un recurso de queja y ordenó al Ministerio Público entregar documentos administrativos vinculados al proyecto “Red de Gestión Penal”, al determinar que no estaban sujetos a reserva y que su retención vulneraba el derecho de acceso a la información pública.

La Corte de Santiago acogió la reclamación de COPEC S.A. y dejó sin efecto la resolución de la SEC que había invalidado el sobreseimiento de la empresa por supuesta infracción sobre tanques de combustible. Se determinó que el Director Regional actuó dentro de sus facultades delegadas y que su interpretación normativa solo se aplicó al caso concreto, sin efectos generales, por lo que la invalidación de la SEC fue ilegal.

La final incorporó tecnología de realidad virtual y permitió a los participantes vivir una experiencia inmersiva en el Metaverso.

Rechazó los argumentos de la defensa sobre la aplicación de la agravante de reincidencia específica en el delito de amenazas y la supuesta calificación errónea de las lesiones como graves. Más que una errónea aplicación del derecho con influencia sustancial en lo resolutivo del fallo, lo planteado se refiere a un supuesto error en la valoración de la prueba.

Noción de "dueño de la obra" se aplica al MOP, independientemente de su carácter de entidad pública. La subcontratación existe, aunque se trate de una "asesoría", ya que los servicios del trabajador cedieron en beneficio directo del MOP. Juez laboral omitió analizar prueba documental, "silenció los medios de prueba que reseña el recurrente", incurriendo en un vicio de falta de fundamentación, que demostraban que el cargo del trabajador estaba en las bases de licitación y que sus servicios eran habituales para la obra del MOP

Busca unificar y modernizar la gestión de alertas y emergencias a nivel nacional. Crea el Sistema Nacional de Protección Ciudadana (SINAPROC). Integra los sistemas de información y protocolos de Carabineros, Bomberos y SAMU. Establece un número único de emergencias y centros operativos coordinados. Implementa una plataforma digital para mejorar la interoperabilidad entre instituciones. Crea comités nacionales y regionales para supervisar el sistema. Autoriza la geolocalización de llamadas de emergencia.

La Corte de Santiago desestimó el reclamo de la Universidad contra la Superintendencia de Educación Superior, que la sancionó por enviar recursos a Nexus University en EE.UU. sin fines institucionales ni estatutarios. Se determinó que el procedimiento sancionatorio se ajustó a la ley y que la universidad no podía introducir nuevas alegaciones en esta instancia.

Crear un sistema único, universal y efectivo de control ético profesional. Facultar a los colegios para sancionar malas prácticas, incluso con inhabilitación permanente. Chile es el único país de la OCDE sin un sistema efectivo de control ético profesional. Busca subsanar el vacío legal que deja sin regulación a los profesionales no colegiados

Rechaza reclamo del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y avala decisión del CPLT. Confirma la orden de entregar el contenido de un correo electrónico institucional. Considera que la información solicitada es de carácter público. Rechaza el argumento de que los correos institucionales sean comunicaciones privadas. El Servicio carece de legitimación activa para invocar ciertas causales de reserva.

Confirmó la resolución original del Juez de Garantía que aprobó la suspensión condicional. Considera que la Corte de Apelaciones introdujo elementos no debatidos en primera instancia, que invadió atribuciones propias del Ministerio Público y realizó un control de mérito de la salida alternativa, prohibido por el principio acusatorio.

La discusión sobre aplicación del principio de confianza legítima en materia de contratas es un conflicto de mera legalidad, no de constitucionalidad. No existe vulneración al principio de igualdad, a la libertad de trabajo ni al derecho de admisión a empleos públicos, ni contraviene el principio de carrera funcionaria. Los estándares internacionales invocados, si bien son un marco interpretativo válido, no eximen al requirente de demostrar la vulneración concreta de derechos fundamentales

El máximo Tribunal acogió en alzada un recurso de protección y dejó sin efecto la modificación de la contrata de una funcionaria, al determinar que la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo actuó de manera arbitraria y sin fundamentación adecuada al rebajar su grado, vulnerando su derecho a la igualdad ante la ley y las exigencias de la Ley N°19.880.

El pronunciamiento establece que los funcionarios no pueden acumular más de dos períodos consecutivos de feriado, incluso si su goce se vio impedido por licencias médicas o descanso maternal, complementando la jurisprudencia anterior y ratificando la legalidad de la normativa vigente.

Rechaza impugnación de empresa de seguridad cuya oferta duplicaba el presupuesto disponible. El Tribunal consideró que la Municipalidad actuó conforme a derecho al declarar inadmisible la propuesta. Se condenó en costas a la empresa demandante

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Ovalle impuso la pena tras acreditar que la acusada agredió y dio muerte a su hijo de 7 años en 2021. La sentencia aplicó las normas del Código Penal sobre parricidio y ordenó su registro en el sistema nacional de ADN de condenados.

La Fiscalía Centro Norte instruyó diligencias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento de Hilda Leiva, cuyo cuerpo fue hallado en un inmueble contiguo al restaurante donde trabajaba.

Responde al aumento de casos de robo de mascotas: 1.684 registrados desde 2018 a septiembre de 2025. Reconoce la evolución del delito hacia redes criminales organizadas. Busca proteger vínculo afectivo entre las personas y sus animales de compañía. Establece como agravante el robo o hurto de mascotas. Introduce sanciones específicas para quienes adquieran, reciban, transporten o comercialicen animales de origen ilícito.

Durante las últimas semanas, miles de consumidores en Chile se han visto afectados por cobros en exceso en sus cuentas de luz. Un error en la metodología utilizada para calcular las tarifas eléctricas provocó que muchas familias pagaran más de lo que correspondía, generando molestia y confusión en todo el país.

El voto de mayoría estimó que la norma forma parte del sistema de prueba legal vigente y busca asegurar la imparcialidad de los declarantes, mientras que los ministros Fernández y Mery estuvieron por acoger el requerimiento al considerar que la exclusión anticipada del testimonio afecta el derecho a una defensa efectiva.

Concluyó que el funcionario, con más de veinte años de servicios, estaba amparado por la confianza legítima en la continuidad de su vínculo. La decisión precisó que quienes han mantenido contratas por más de cinco años sólo pueden cesar en sus funciones mediante calificación deficiente o sumario administrativo legalmente tramitado.

Revoca decisión que rechazó el amparo, en razón de que la enfermedad y los tratamientos periódicos que requiere la condenada, implican un grave riesgo para su salud por falta de condiciones adecuadas para su tratamiento. Fallo cita Constitución (arts. 1º y 19 Nº9). Tratados internacionales (Pacto de San José y Reglas de Mandela). Ley 20.584 sobre derechos de pacientes terminales

La Municipalidad de Providencia, en coordinación con Carabineros y la Seremi de Salud, clausuró diversos establecimientos que operaban bajo giros de masajes y cafeterías, donde se verificó el ejercicio de prostitución encubierta. La medida busca desarticular redes de explotación y resguardar el cumplimiento de la normativa penal vigente en materia de explotación sexual.

La requirente sostiene que el precepto impugnado vulnera el derecho a defensa y de propiedad, ya que permite continuar con la ejecución y eventualmente rematar el inmueble antes de que se resuelva el recurso. El Tribunal Constitucional deberá decidir si admite a trámite el requerimiento.

Iniciativa parlamentaria propone aplicar anticipadamente el Estatuto de Asistentes de Educación Pública al sector municipal desde 2026. Principios de inclusión, publicidad y transparencia en reclutamiento. Criterios objetivos para el ingreso a la dotación. Busca corregir desigualdades generadas por implementación gradual de la Ley N° 21.109. No generaría gastos adicionales para los sostenedores. Reconoce la contribución de los asistentes al desarrollo integral de los estudiantes.

La Corte de Talca consideró que no existían fundamentos legales para mantener la audiencia de juicio oral sin garantizar el acceso íntegro a la carpeta investigativa, privilegiando el derecho a defensa y al debido proceso por sobre razones logísticas, ya que al realizar el juicio en esas condiciones se vulneran garantías constitucionales y convencionales esenciales para un proceso justo

Iniciativa crear un tercer Juzgado de Letras del Trabajo en Santiago con 19 nuevos jueces. Aumenta la dotación de jueces en Antofagasta (3), Concepción (2) y Punta Arenas (1). Contrata 96 funcionarios adicionales para estos tribunales. Responde al aumento de causas laborales de 26.461 en 2009 a 96.808 en 2024. Se implementaría de forma gradual.