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Revoca la decisión que rechazó el amparo. Al encontrarse la imputada bajo prisión preventiva desde mayo, por un delito que eventualmente podría conllevar una pena sustitutiva, y considerando que mantiene domicilio fijo y es madre de hijos menores no procede mantener la prisión preventiva

Al haberse fundado el rechazo de la solicitud migratoria en un hecho que no resulta efectivo, y considerando que el amparado reside en el país desde 2018, con arraigo social y laboral, y sin que se hayan adoptado medidas razonables para subsanar eventuales omisiones administrativas, corresponde revocar la decisión

La Comisión Evaluadora no consideró válida la garantía de seriedad presentada electrónicamente por la demandante. La JUNJI admitió una oferta que incumplía requisitos esenciales de las bases. El Tribunal ordenó retrotraer el proceso licitatorio para una nueva evaluación

Las elecciones legislativas del 26 de octubre en Argentina registraron la participación más baja de la última década (67,92%) pese al debut de la Boleta Única de Papel. La Libertad Avanza, partido del presidente Javier Milei, obtuvo cerca del 41% de los votos y se consolidó como la fuerza más votada, aunque sin mayoría propia en el Congreso. El resultado refuerza el respaldo político al oficialismo, pero lo obliga a negociar con otras fuerzas para aprobar su ambiciosa agenda de reformas.

Surge como una doctrina que limita el poder del Estado mediante una Constitución escrita, destinada a garantizar los derechos fundamentales, organizar el equilibrio entre los poderes y asegurar un auténtico Estado de Derecho. Desde sus raíces en la Revolución Inglesa y las primeras constituciones modernas de EE.UU. y Francia, evolucionó incorporando no solo libertades individuales, sino también derechos sociales en el siglo XX. Su vigencia depende del control de constitucionalidad y del respeto real al equilibrio de poderes. En América Latina, su desarrollo ha estado marcado por las tensiones

Derecho al recurso no está explícitamente consagrado en la Constitución. Tratados internacionales no exigen específicamente la apelación como recurso. Limitación de recursos es característica del proceso laboral y no contraviene obligaciones internacionales. Carácter protector del derecho laboral no justifica diferencias procesales entre las partes en cuanto al derecho a interponer recursos. Voto en contra: La restricción del derecho al recurso vulnera la tutela judicial efectiva. Principio del "doble conforme" asegura estabilidad y certeza jurídica. Decisión impide la revisión de una resoluci

Un grupo de diputadas y diputados presentó una iniciativa que propone reconocer oficialmente el “Himno a Chiloé” como el himno de la provincia, rindiendo un homenaje póstumo a sus autores, Manuel Jesús Andrade Bórquez y Porfirio Díaz Parra, creadores de su letra y música, respectivamente.

La actividad enfrentará a los equipos de estudiantes de derecho de la Universidad de Santiago de Chile y la Pontificia Universidad Católica y será dirimido por un jurado integrado por la presidenta del tribunal de alzada, María Catalina González, y los ministros, Roberto Contreras y Celia Catalán.

Fallo protege a vecinos de contaminación lumínica y establece precedente en regulación de publicidad nocturna. Ordena además instalar barreras físicas para mitigar el impacto lumínico en viviendas cercanas. Protege derecho a la integridad física y psíquica y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

Circunstancia tercera del artículo 456 bis, utilizada para agravar la responsabilidad de los condenados, fue derogada por la Ley N°20.931 de 5 de julio de 2016, supresión que constituye una ley penal más favorable, según el artículo 19 N°3 de la Constitución y el artículo 18 del Código Penal, ya que elimina una agravante que, junto con la de reincidencia, sirvió para exasperar la pena hasta el máximo.

Contraloría le ordenó revisar el término anticipado de un contrato de concesión de estacionamientos que acordó de común acuerdo con el concesionario, frente a incumplimientos de éste. Confirmar legalidad de los oficios emitidos por la Contraloría. Establece que dichos oficios son actos intermedios, no terminales, del proceso administrativo. Ratifica competencias de la Contraloría para fiscalizar actos municipales. No se acredito un derecho indubitado afectado.

El máximo Tribunal acogió en alzada un recurso de protección, tras determinar que la aseguradora no acreditó la preexistencia del aneurisma cerebral de la cónyuge del contratante y que los recurrentes desconocían la enfermedad al momento de contratar el seguro. Con ello, se ordenó otorgar la cobertura completa del tratamiento, respetando los términos del contrato.

La Magistratura concluyó que la medida prevista en la Ley N° 19.886 no vulnera la igualdad ante la ley ni el debido proceso, al tratarse de una consecuencia razonable y temporal de una sentencia ejecutoriada por vulneración de derechos fundamentales.

El máximo Tribunal confirmó el fallo que ordenó a la Tesorería General de la República reintegrar $23 millones a una kinesióloga, tras comprobar que la compensación aplicada sobre su indemnización laboral ejecutoriada por concepto de despido fue arbitraria e injustificada. La decisión se adoptó con un voto disidente, que señaló que la controversia debía resolverse mediante un procedimiento declarativo y no por la vía cautelar del recurso de protección.

El máximo Tribunal determinó que los jueces de la Corte de Apelaciones de Santiago incurrieron en falta grave al considerar una resolución de otra licitación para interpretar las bases del proceso impugnado. Con ello, se mantuvo lo resuelto por el Tribunal de Contratación Pública y se garantizó el correcto cálculo de los descuentos por sanciones y la igualdad entre oferentes.

La Corte confirmó la multa aplicada por la SEC a CGE Transmisión S.A. por fallas en el mantenimiento de la Subestación Eléctrica Talca que afectaron a más de 159.000 clientes. Se concluyó que no existió incongruencia entre los cargos y la sanción, que la multa está dentro del rango legal y que el procedimiento sancionatorio respetó el debido proceso administrativo.

El organismo de control descartó que la agrupación de los medicamentos palbociclib, ribociclib y abemaciclib en la misma categoría terapéutica constituyera una decisión arbitraria, señalando que la Subsecretaría de Salud Pública y FONASA actuaron dentro de sus atribuciones y con fundamento técnico, sin que corresponda a la Contraloría evaluar aspectos científicos o clínicos de la medida.

Determinó que la interrupción civil de la prescripción producida por la notificación de la demanda al deudor principal se mantiene vigente durante toda la tramitación del juicio, por lo que no puede considerarse prescrita la acción hipotecaria contra el tercer poseedor mientras dicho proceso siga en curso.

Las líneas que siguen son un ensayo a una problemática que, por el importe de sus aspectos sustantivos que imbrica la Teoría General del Derecho, los derechos fundamentales e incluso elementos del Derecho Administrativo, debiese ser objeto, en principio, para una monografía de especialidad, toda vez que éste es el instrumento documental y literario que permite el desglose de ideas amplias y complejas. Empero, que su bastedad no sea impedimento impediente para un primer acercamiento mediante el formato de columna de opinión, a las instituciones de los reglamentos universitarios, por un lado, y

Falta de una gestión judicial pendiente donde puedan aplicarse las normas cuestionadas. Trabajadora buscaba impugnar la convalidación de su despido, alegando falta de pago íntegro de cotizaciones. Argumentaba vulneraciones al debido proceso, igualdad ante la ley y derechos laborales. La decisión deja firme la resolución que convalidó el despido cuestionado por la trabajadora.

Se aprobó normativa que integra juegos activos y deporte como elementos esenciales de la educación integral. Aplicable a todos los establecimientos educativos públicos y privados. Para fomentar hábitos de vida saludable y desarrollo integral. Mínimo 60 minutos diarios de juegos, actividad física o deporte. Participación estudiantil en diseño y evaluación de actividades. Inclusión de estudiantes con discapacidad o necesidades especiales.

Tribunal de alzada confirmó que existieron graves fallas en los protocolos de identificación neonatal. Se acreditó daño moral a las familias afectadas y se ordenó indemnizar, aunque con una leve rebaja en los montos para algunos demandantes.

Reconoció la amenaza de la inteligencia artificial en la propaganda electoral y solicitó al organismo electoral detallar medidas de prevención y sensibilización, aunque descartó intervenir directamente en la regulación de los comicios. Con todo, señala que corresponde al Congreso regular estas situaciones, y que el Poder Judicial solo interviene en causas concretas, requiriéndose legitimación activa

Revoca decisión que rechazó el amparo y ordenó el ingreso inmediato al establecimiento ASA de Gendarmería, en espera de cupo que se genere en el Hospital Horwitz Barack. Al encontrarse el imputado bajo internación provisional, pero no en un centro hospitalario, sino que, en Centro de Detención Preventiva, se vulnera por su diagnóstico un deber de resguardo de su integridad física y eventualmente la de terceros

Decisión que dispuso traslado del amparado carece de fundamentación suficiente y coherente, configurando una perturbación ilegal a su libertad personal y seguridad individual en cuanto al mantenimiento de vínculos familiares y a su proceso de reinserción. Ordena a Gendarmería reubicar al interno en la Región de Valparaíso

El tribunal acogió parcialmente el recurso de nulidad de Walmart, anulando la condena solidaria y confirmando el pago de indemnizaciones y prestaciones, pero asignando a la empresa la responsabilidad subsidiaria. Sostuvo que Walmart cumplió con su derecho de información según la legislación de subcontratación, limitando así su obligación frente a las prestaciones laborales de la contratista.

Revoca la decisión que rechazó el amparo. Al encontrarse el imputado bajo prisión preventiva en causa diversa, la Corte declaró improcedente la medida por no ajustarse al supuesto legal del artículo 141 letra c) del Código Procesal Penal.

Revoca la decisión que rechazó la prescripción. Sin embargo, al no estar acreditado el tiempo que el imputado estuvo fuera del país, no pudo declararla. Ordenó citar a nueva audiencia para debatir y resolver solicitud conforme a derecho.

Respalda decisión del municipio que caducó permiso de edificación porque obras no se iniciaron dentro del plazo legal de tres años. Distingue entre obras preliminares y el inicio efectivo de la construcción. Obras preliminares no interrumpen el plazo de caducidad. Solo los trazados y excavaciones contemplados en los planos del proyecto permiten considerar iniciada la obra. Evidencia presentada no fue suficiente para demostrar el inicio de las obras. Inspecciones municipales no constataron los trazados ni excavaciones requeridos. Carga de la prueba recae en quien afirma haber iniciado las obras

Reafirmó que las facturas derivadas de contratos incumplidos carecen de mérito ejecutivo, precisando que el deudor puede oponer excepciones reales fundadas en la falta de entrega de bienes o servicios, incluso frente al cesionario del crédito.