Nacional

La gestión pendiente incide en autos sobre recurso de reclamación de que conoce la Excma. Corte Suprema.

Los parlamentarios frente a los planteamientos expuestos, reconocieron el retraso normativo en materia de derechos de los trabajadores.

Al respecto, el diputado Pedro Browne indicó que “es importante que los jóvenes cuenten con incentivos para participar, y puedan competir de igual a igual, y así poder tener representación”.

Expone el Tribunal de alzada que, ponderados lógicamente y en su conjunto los antecedentes reseñados en el motivo precedente, es posible concluir la concurrencia de fundadas sospechas de la participación de don Rosauro Martínez Labbé como autor del delito de homicidio calificado.

Al respecto, los legisladores analizaron las causales de término, definición de régimen patrimonial y sucesorio al que quedarán sujetas las partes, y las condiciones para acceder a beneficios en materia de salud.

En el documento, sus autores destacaron las cifras que señalan que “un 54% de los chilenos no lee libros y que solo un 7% lo hace por razones de recreación”.

La gestión pendiente incide en los autos sobre cobranza previsional que conoce el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago.

La Corte Suprema, en fallo unánime, rechazó el recurso de nulidad en la causa por el delito de incendio con resultado de muerte del matrimonio de Luschinger Mackay, ocurrido el 4 de enero de 2013.

Los agentes de la DINA involucrados, fueron condenados a 4 años de presidio, sin beneficios, por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado.

Los interesados en asistir deberán inscribirse con la secretaría de la Comisión a través del correo constcam@congreso.cl

De la sola lectura del libelo, resulta palmaria la inteligibilidad del requerimiento atendida la ausencia de un vínculo lógico entre los hechos descritos y el derecho.

La Corte de Apelaciones de Chillán acogió el recurso, en tanto la Corte Suprema, en alzada, revocó la sentencia de primer grado y rechazó la acción.

La Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencia en dos causas relacionadas con violaciones a los derechos humanos, confirmando en lo penal las sentencias dictadas por los Ministros en visita Leopoldo Llanos y Mario Carroza.

La iniciativa crea el Registro Nacional de animales potencialmente peligrosos de la especie canina, por razones de las características de su raza.

Se recurrió ante la Contraloría General –por parte de un exfuncionario de la Policía de Investigaciones de Chile- en contra de la separación de funciones que se le aplicó.

La gestión invocada incide en querella seguida ante un Juzgado de Garantía de Santiago y actualmente pendiente, en virtud de la apelación impetrada por el requirente, ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

Por la unanimidad de los votos de los parlamentarios presentes, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó en primer trámite constitucional el nuevo Código Procesal Civil.

El primer invitado que entregó su opinión sobre el contenido de este proyecto, fue el director de la Escuela de Sociología de la Universidad de Chile, Raúl Atria.

Se advierte que la única sanción que la ley prevé por el incumplimiento de dicha exigencia es que tales carreras y programas no podrán acceder a los recursos del Estado.

La recurrente consideró que la declaración de ampliación de una zona típica constituía un acto arbitrario e ilegal.

La Corte de Apelaciones de Rancagua acogió el arbitrio constitucional, siendo dicha decisión confirmada sin modificaciones por la Corte Suprema.

En la obra Bustos realiza un análisis de la exigibilidad de los derechos sociales constitucionales y el papel que le cabe a la justicia constitucional en su protección.

La Corte Suprema acogió el arbitrio de nulidad sustancial al estimar que, de acuerdo a los supuestos fácticos y jurídicos asentados en la sentencia de mérito, “la prescripción constituye un principio general del derecho destinado a garantizar la seguridad jurídica”.

Concluye el fallo arguyendo que no existe una razón jurídica valedera para excluir de su aplicación a toda una categoría de trabajadores.

Cabe señalar que el mensaje establece la denominada “ley de cuotas” y pretende obligar a los partidos políticos a presentar un mínimo de un 40% de candidatos por género.

En su sentencia, la Magistratura Constitucional arguye que las disposiciones contenidas en los números 6), 14) y 19) del artículo 1° del proyecto de ley remitido, arriba transcritas, no inciden en materias propias de la ley orgánica constitucional.

La causa se origina en una reclamación de la Municipalidad de Tocopilla, a la que se acumularon las actuaciones de las Municipalidades de Huasco y Puchuncaví.

La Corte Suprema, en fallo unánime, determinó que un grupo de comunidades de la Región de La Araucanía no pagar deben patentes por no uso de aguas por encontrarse protegidas por la Ley Indígena.

A juicio de los autores de la iniciativa, las enmiendas incorporadas a la citada ley han sido insuficientes, principalmente por la fuerte presión de las tabacaleras y de los sectores conservadores que flexibilizaron las exigencias planteadas en el inicio del debate legislativo.

La Corte de Santiago, en fallo unánime, ratificó la decisión del Consejo para la Transparencia (CPLT) que ordenó al Servicio de Impuestos Internos (SII) entregar información tributaria relacionada con el denominado “caso La Polar”.