Nacional

También precisa que el medio o sistema utilizado para acelerar la muerte, como su modo de aplicación, son válidos cuando cumplan cada uno de los siguientes requisitos: 1) Estar reconocido por la ciencia médica como idóneo para acelerar la muerte; 2) Causar el menor sufrimiento posible, tanto físico como sicológico, al paciente; y 3) Considerar en todo momento y por sobre todo el respeto de la dignidad humana del paciente.

La gestión pendiente invocada es un juicio penal seguido ante el Juzgado de Garantía de San Bernardo, en el cual se dictó el auto de apertura de juicio oral y donde el requirente tiene la calidad de imputado y acusado.

En días pasados, la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que introduce modificaciones a la Ley de Control de Armas para evitar el uso de armas de fuego.En la instancia, la Presidenta de la Comisión, Marcela Sabat, precisó que "una de las novedades de esta ley es…

No correspondiéndole a las Cortes -en el contexto de una acción de naturaleza cautelar- asumir el “rol de adoptar decisiones que la ley asigna a órganos idóneos o expertos, erigiéndose como una instancia revisora que efectué una nueva evaluación ambiental del proyecto”, lo que “excede los márgenes de una acción como la intentada”.

Una norma transitoria añade que en tanto no se creen los aludidos tribunales especiales que serán los llamados a ejercer el control ético sobre los profesionales no afiliados a un colegio profesional, las reclamaciones que en contra de ellos se interpongan seguirán siendo conocidas por los tribunales ordinarios.

Observa luego que si bien es cierto “la energía geotérmica constituye un recurso menos contaminante”, su exploración y explotación “podría provocar daño ambiental”.

Observa luego que el cobro extrajudicial es “una de las circunstancias más odiosas”, ya que se efectúan llamadas telefónicas incluso “durante los fines de semana” en el que las personas descansan, desarrollan su vida familiar y se abstraen “de los problemas de orden financiero”.

Observa luego que en la práctica el uso de los boletines se ha “extendido mas allá de su fin original”, el cual era “otorgar una garantía al futuro acreedor de que el deudor con quien se contrataría sería un buen pagador”, mientras que hoy existe una verdadera "fiebre por el Dicom”.

La iniciativa surgió para terminar con el perjuicio arbitrario que sufre la Región de Arica y Parinacota en lo que dice relación con la representación de sus intereses en el Senado, porque si bien en la última elección parlamentaria eligieron senadores comunes con la Región de Tarapacá, existen intereses, problemas y un criterio de desarrollo diferentes entre ambas regiones.

"Luego el fallo se apoya en nueve consideraciones que va desarrollando para concluir que la ley Nº 19.882 no estableció el límite temporal en la confidencialidad que impone a los procesos de selección, la que se proyecta una vez terminados éstos".

(...) al estimar que el precepto legal cuestionado podría resultar decisivo en la gestión judicial, que la acción de inaplicabilidad se encuentra razonablemente fundada y que no concurre ninguna de las causales de inadmisibilidad previstas en la precitada disposición legal.

En tal sentido observa que el principio del contradictorio es una de las bases esenciales del proceso debido, y que de éste se infiere el derecho de las partes a intervenir, en condiciones de igualdad, sobre las materias que son objeto de decisión y, también, en la exigencia de que la prueba sea examinada y discutida por los antagonistas.

Observa luego que a pesar de sus beneficios, “existen algunas críticas al sistema”, entre ellas que sólo se constituye como “un sistema de encuentro entre servicios públicos y proveedores, eludiendo incorporar objetivos y la consecuencia de finalidades relevantes para la economía nacional, como la diversificación productiva y la descentralización”, no contemplando el actual sistema “estímulos especiales respecto de la participación de las empresas regionales, dándose en muchos casos el absurdo que propuestas con un claro componente y utilidad local son adjudicadas por empresas de mayor tamaño

En el caso de la pena de reclusión parcial, ésta se podrá llevar a cabo en el domicilio del condenado o en establecimientos especiales durante cincuenta y seis horas semanales, pudiendo ser ésta diurna, nocturna o de fin de semana.

Los autores de la iniciativa estiman que la información que se envía al Congreso Nacional “es insuficiente”, ya que no “permite realizar un seguimiento que vaya más allá del registro meramente financiero de las actividades del sector público” y “establecer con claridad los objetivos, metas, actividades y recursos utilizados por el Gobierno en cada actividad o programa gubernamental”.

“tal secreto o reserva lo es sólo hasta que el concurso esté pendiente”, ya que el artículo 5° de la Ley de Transparencia establece el principio por el cual toda información que esté en poder de la Administración es pública y, por consiguiente, el secreto o reserva que la misma establece es excepcional.

Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el artículo 24 del D.F.L. N°2, de 1998, del Ministerio de Educación, que autoriza a los establecimientos subvencionados bajo el sistema de financiamiento compartido a realizar cobros mensuales por alumnos.La acción de inaplicabilidad incide en un recurso de apelación seguido ante la Corte Suprema mediante el cual se pretende…

Durante la votación, el senador Fulvio Rossi expresó su apoyo a la iniciativa porque le parece necesario darle un uso racional a la cárcel, pero precisó que le parece contradictorio que sea este gobierno el que lo haya presentado, en circunstancias que ha defendido el fin de la puerta giratoria para delincuentes.

Este sostiene que el CPLT resolvió que debía proporcionarse “toda la información requerida respecto del Director Nacional de FOSIS, con la sola excepción de la referencia de terceros dentro del proceso de selección”, lo que aquel estima afecta los principios de confidencialidad y reserva que amparan al proceso de selección.

Las gestiones pendientes invocadas inciden en sendos recursos de casación en el fondo que deberá conocer la Corte Suprema, mediante los cuales se pretende anular las sentencias interlocutorias que acogieron la caducidad de los derechos emanados de manifestaciones mineras y ordenan la cancelación de las respectivas inscripciones.

En la misma línea el Senador Bianchi presentó 11 indicaciones tendientes a posibilitar que las candidaturas independientes puedan ir en una lista, constituir pactos electorales entre candidaturas independientes y también con partidos políticos.

De esta manera, al cumplirse seis meses en el ejercicio del cargo, el Presidente de la República debiera someter su plan de gobierno -conteniendo la política, planes, programas y proyectos específicos- al Congreso Nacional para su aprobación, el que de ser aprobado tendrá carácter obligatorio para el Gobierno y para el Congreso Nacional.

Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, "el fallo y fundamentos legales recaídos en un recurso de protección" que fue desestimado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, ya que la acción constitucional no protege el debido proceso.La Sala designada por el Presidente del TC tendrá que resolver si admite a trámite la impugnación para pronunciarse…

La gestión pendiente invocada es un recurso de casación en el fondo mediante el cual pretende anular la sentencia que la condenó a reembolsar las sumas de dinero que corresponden al costo del traslado de las instalaciones que mantenía en bienes fiscales o bienes nacionales de uso público.

La decisión fue acordada por la unanimidad de los Ministros que integran la Primera Sala, Marcelo Venegas, Hernán Vodanovic, Enrique Navarro, Francisco Fernández Fredes y Gonzalo García.

La gestión pendiente invocada es un recurso de casación en el fondo mediante el cual pretende anular la sentencia que la condenó al reembolso de las sumas de dinero que corresponden al costo del traslado de las instalaciones que esa empresa mantenía en bienes fiscales o bienes nacionales de uso público.

“que la referida vía impugnatoria se transforma en un trámite dilatorio para el procedimiento que impide resolver los reclamos y amparos en el menor plazo posible”, lo que provoca el consecuente “desconocimiento de los principios de facilitación y oportunidad que la Ley de Transparencia contempla”.

“Ostenta la calidad de manifestante en los terrenos de la actora, no puede ejercer en ellos más derechos que aquellos que el ordenamiento jurídico le otorga, esto es, catar y cavar libremente y efectuar todos los trabajos necesarios para reconocer la mina y constituir la pertenencia, pudiendo hacerse dueño de las sustancias concesibles que necesite arrancar con motivo de esos trabajos”

Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el artículo 88 de la Ley N° 16.744, sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.La norma impugnada dispone que "Los derechos concedidos por la presente ley son personalísimos e irrenunciables".La gestión pendiente invocada incide en un juicio que conoce el Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel, en…

“Por haber sido derogada la norma, no puede tener aplicación en el presente juicio; y los efectos de dicha derogación tienen que ser los mismos que los de la declaración de inaplicabilidad anterior”.